La OCDE suspende a Sánchez: España, farolillo rojo en gasto, fiscalidad y libertad empresarial
Heritage Foundation, el IEE y otras instituciones advierten del retroceso del mercado laboral pese a la reforma de Díaz
Pedro Sánchez en un mitin. | Europa Press
Un año más, España ha vuelto a suspender y a ser el farolillo rojo de indicadores económicos tan importantes como el gasto público, la política fiscal o la libertad económica y la libertad empresarial. Se trata de variables que han sido analizadas por The Heritage Foundation, junto al Instituto de Estudios Económicos y otros centros de estudios y think tanks, en el Índice de Libertad Económica de 2023, y que deja a nuestro país en una situación delicada y preocupante comparado con los 38 países de la OCDE y los 27 de la UE, lo que acarrea más deuda y déficit público.
Estos resultados, recogidos por THE OBJECTIVE-, en la mayoría de los 12 componentes estudiados han caído incluso por debajo de los datos de 2022, justo cuando España empezaba a despegar económicamente tras haber sufrido los efectos de la pandemia. Es el caso del indicador de política fiscal, donde España se sitúa en el puesto 36, y además, la nota que nos asignan -sobre un total de 100 puntos- experimenta un retroceso de hasta 22,3 puntos en relación con la evaluación de 2022, quedando a 89,9 puntos por debajo de Dinamarca -el país que encabeza la primera posición en salud fiscal- y a 48,1 puntos con la media de la OCDE.
El informe presentado este lunes por el presidente del Instituto de Estudios Económicos y su director, Iñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, reflexiona sobre ésta y otras cuestiones, poniendo énfasis en una ecuación, y es que, a mayor libertad económica, mayor crecimiento del país, frente a políticas intervencionistas de los poderes públicos, que acaban lastrando la riqueza económica de las empresas y de los ciudadanos.
Además de la salud fiscal, el Índice de Libertad Económica también valora -como lleva haciendo desde el año 1995- los derechos de propiedad, la efectividad judicial, el buen gobierno, la carga impositiva, la libertad de empresas, la flexibilidad laboral, la estabilidad monetaria, la apertura comercial, la facilidad inversora y la solvencia financiera. Cabe señalar que España solo aprueba en cuatro variables que están muy condicionadas con la normativa y las directrices de la Comisión Europea, y que son la libertad monetaria, la libertado comercial, la libertad inversora y la libertad financiera.
El cierre económico de Sánchez
Dentro del apartado que alude al tamaño del Estado -en el que también se encuentra la salud fiscal-, el gasto público tampoco se lleva una buena nota. Aquí España ocupa la posición número 27 de 38, a 11,2 puntos de la media de la OCDE, a 51,8 de Corea del Sur, a 9,8 de Polonia y a 4,5 de Portugal.
Este pilar de gasto público es el que acaba afectando al coste de los servicios públicos, y a la eficiencia apreciable en los desembolsos de las administraciones y en el tamaño total del Estado, por lo que constituye una factura muy importante para el sector privado, que pagará más o menos impuestos en función de los gastos realizados.
Descontando que algunos gastos pueden considerarse inversiones generadoras de crecimiento, en este punto, el IEE mantiene que «cuando se sobrepasan los umbrales de equilibrio y el gasto público alcanza niveles significativos», como a tenor de los resultados de este informe ha sobrepasado España, «el coste de oportunidad empieza a ser evidente y el crecimiento se resiente». Al mismo tiempo -explica el Instituto de Estudios Económicos-, «la consolidación de estructuras de gasto costosas, ineficientes y abultadas genera una cultura tendente a la burocratización en la que termina alimentando el desaliento de la actividad privada, que se ve cada vez más desplazada a favor de un Estado intervencionista y acaparador y, por otro lado, los incentivos del ciclo político hacen que el gasto realizado tienda a ser mayor que los ingresos obtenidos, de manera que el diferencial se termina pagando con deuda pública, cuyo resultado, a medio plazo, resulta muy dañino, en la medida que hay en que devolver dichas obligaciones requiere de impuestos más altos».
La mala posición que en el caso español ocupa la libertad de empresas es otro de los elementos más destacados de este trabajo. España ocupa la posición 29 de 38, dejando en evidencia que el problema de la hiperregulación obstaculiza la productividad y la búsqueda de beneficios de las empresas, y en algunos casos, llega a impedir o retrasar sobremanera el inicio de nuevos proyectos. En esta categoría, nuestra clasificación está a 20 puntos de la obtenida por Noruega, en país con mayor desempeño en esta variables. En un año, España no ha conseguido mejorar su evaluación, lo que indica que las cargas regulatorias no han desaparecido, dificultando la actividad empresarial.
Otros ‘cates’ para el Gobierno
También se encuentra en un lugar mediocre la variable que mide la flexibilidad laboral de España. De hecho, este indicador -en el puesto 17- venía experimentando una mejora paulatina en la calificación recibida en esta categoría, que tradicionalmente ha sido uno de los puntos más débiles de nuestra economía. La propia reforma laboral de 2012, mantenida en vigor hasta 2021, hizo que la calificación obtenida en esta variable subiera de 51,8 puntos a 61,8 puntos. «Sin embargo -recalca el informe del IEE-, los cambios introducidos en el mercado de trabajo avanzan en sentido contrario y revierte «parte de las mejoras que tan buenos frutos arrojaron en la década anterior. Así -abunda el estudio-, a pesar de la confusión estadística que han generado los cambios en la estimación del paro oficial, los cálculos centrados en evaluar el paro efectivo estiman que la ocupación ha experimentado un fuerte retroceso desde verano de 2022 hasta comienzos de 2023».
En cuanto al Índice de libertad Económica, España figura en el puesto 31 de la lista, dos escalones por debajo del lugar alcanzado en 2022, con una nota de apenas 65 puntos, lo que supone otro extraordinario retroceso en relación con la calificación de 68,2 puntos obtenido el año pasado. Y eso significa -profundiza el estudio- que el grado de liberalización de nuestra economía está un 8,5% por debajo del promedio en la OCDE, lo que revela un ensanchamiento de la brecha observada en 2022.
En el capítulo de conclusiones, el ILE de 2023 llega en una situación muy delicada para España, con estancamiento del crecimiento, por lo que el Instituto de Estudios Económicos plantea la necesidad de abordar importantes reformas, subrayando que hasta en 8 de los 12 pilares analizados, España se encuentra en la UCI, empezando por los niveles de fiscalidad y acabando por el agujero de nuestras cuentas públicas.
En ese sentido, el IEE insiste en que, aquellos países que han apostado por reformas encaminadas al gasto eficiente y reducción del gasto improductivo, a meses del retorno de las reglas fiscales, han visto como esas políticas han acabado por contribuir a obtener mejores resultados en los indicadores de desempeño político y económico, unas recomendaciones que la Fundación Heritage y el Instituto de Estudios Económicos resumen con un objetivo marco: aumentar la libertad económica mediante la promoción de la libre empresa y el apuntalamiento del libre mercado.
