La plantilla de Iberdrola pide ligar sus sueldos a la inflación y exige una respuesta antes del 23-J
Los sindicatos se reunieron hace unos días para sellar una alianza conjunta donde piden recuperar su poder adquisitivo
Fachada del edificio de Iberdrola. | Europa Press
El pasado 3 de julio hubo un cónclave entre los principales sindicatos de la energética Iberdrola para sacar adelante un comunicado que exigiese una subida salarial para la plantilla. Aunque las diferencias entre las organizaciones sindicales son notorias, finalmente, se consiguió dar luz verde a un texto que pedía ligar los salarios de la plantilla al IPC (Índice de Precios del Consumo) para contrarrestar la pérdida, según denuncian, de hasta un 12% de su poder adquisitivo por la elevada inflación.
Los sindicatos a nivel nacional anunciaron hace unos meses un otoño caliente. De hecho, dejaron sobre la mesa la posibilidad de convocar una huelga general porque los empresarios no suben los salarios. Contaminados -o no- por esta tensión, los cinco principales sindicatos de la eléctrica, que representan más del 90% de la plantilla, han dado de plazo hasta el próximo viernes 21 de julio para que Iberdrola responda a su petición de subida salarial.
Iberdrola tiene un convenio, que se firmó en 2021 con la plantilla, que no finaliza hasta finales del año 2024. Desde la compañía han querido compensar este incremento de los precios con una serie de ayudas para sus trabajadores. Así, a principios del pasado mes de diciembre, y tras cumplirse el primer año del convenio firmado, la energética anunció una paga extra de 1.000 euros correspondiente a 2022 a todos sus empleados en España. Por otro lado, también aseguró una ayuda de 50 euros al mes para pagar las guarderías hasta que el niño cumpla tres años, subvenciones para la compra de vehículos eléctricos y, por último, el pago del 100% de las tasas de exámenes oficiales de idiomas para hijos.
No obstante, en un comunicado conjunto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, CCOO, UGT, SIE, ATYPE y ELA afirman que el incremento del tipo medio de las hipotecas ha subido hasta un 4%, el IPC de los alimentos y de otros productos esenciales un 16% y que la previsión del IPC para 2023 será del 3,9%. Por otro lado, afirman que muchas compañías «en peores circunstancias» están siendo sensibles a las dificultades económicas que sufren sus plantillas.
Además, resaltan los beneficios de la compañía a nivel global: «Se ha obtenido un beneficio neto anual de 4.339 millones de euros, un beneficio neto de 1.485 millones de euros en el primer trimestre de este año, un incremento de la remuneración del accionista de un 10% entre el periodo 2023-2025 y un incremento de un 20,55% del valor del objetivo del Ebitda (ingresos sin contar impuestos, intereses y depreciaciones) en España para 2023″.
Tras la carta interna de los principales sindicatos a la plantilla, la compañía ha optado por enviar un correo electrónico a todos sus trabajadores donde les insta a rellenar un formulario anónimo de tres minutos. «Nos gustaría conocer cómo es tu día a día cuando realizas tu trabajo en las instalaciones de Iberdrola. Ayúdanos a conocer cómo es tu experiencia en la empresa para poder mejorarla en el futuro», se desprende del mensaje.
Como ya adelantó este medio hace unos días, la compañía compensará a la plantilla con una posible paga ‘extra’ a final de año si el nuevo Gobierno reduce los impuestos a las eléctricas. Por otro lado, la empresa se abre a negociar un sistema retributivo para los próximos años, pero sin abrir el convenio firmado en 2021.
Hoy la energética tiene abierto dos frentes, que impactan de forma directa contra el balance de sus cuentas. Por un lado, el Real Decreto-ley 17/2021, que obliga a aminorar los ingresos extraordinarios de las hidroeléctricas, renovables -cuya vida útil haya concluido- y nucleares a un precio de 67 euros el megavatio hora por el alto precio del gas. Un límite que en Europa se sitúa en los 180 euros el megavatio hora. Una medida que se presuponía que iba a llegar a su fin el pasado mes de junio y que comenzó a aplicarse en nuestro país un año antes del que marcó Europa.
Por otro lado, el pasado verano, el presidente del Gobierno anunció un impuesto contra las eléctricas donde incidía en «los beneficios caídos del cielo» de las eléctricas. Una tasa con la que el Ejecutivo espera recaudar unos 2.000 millones de euros en los próximos dos años (2023 y 2024).
