El Gobierno oculta los detalles del plan de 10.000 millones firmado con la naviera Maersk
A través del Portal de Transparencia, rechazó ofrecer información sobre los protocolos firmados con la compañía danesa
Sánchez en su reunión con Maersk en La Moncloa. | Europa Press
El Gobierno ha rechazado a través del Portal de Transparencia ofrecer información sobre el superplan de 10.000 millones con la naviera danesa Maersk. Así, un demandante anónimo ha mantenido un tira y afloja con el Ejecutivo por conocer los protocolos generales firmados con la principal naviera del mundo. Se trata de uno de los anuncios más ambiciosos de la pasada legislatura, según reconoció Moncloa el pasado año. Un escenario que se da a pocos meses del próximo mes de noviembre, que será cuando se cumpla un año desde que se hizo público.
Entre los argumentos del solicitante para reclamar dicha información figuraba el interés social que despertaba esta operación, ya que compañía podría recibir ayudas públicas o incentivos fiscales. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica, que fue uno de los interpelados, rechazó la petición porque esos protocolos se limitaban a «información ambiental» y esta se regía por un «régimen jurídico específico de acceso a la información». «Se inadmite la solicitud de información alegando que se trata de información ambiental y que se debe solicitar conforme a la Ley 27/2006», sentenciaron.
La respuesta del Ministerio no convenció al demandante que recordó que en ese plan «participaba también una empresa naviera, que es una de las más grandes del mundo y que ha sido la primera empresa en capacidad de transporte de contenedores desde el año 1995 hasta este año» y que «existe un contenido que afecta al transporte, a la energía, a la economía, a posibles subvenciones o exenciones fiscales, y a otras facilidades de otro tipo que se puedan estar dando a uno de los mayores operadores en el transporte marítimo del mundo«.
El 3 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con los titulares de tres carteras económicas, Transporte, Transición Ecológica e Industria, se reunieron en el Palacio de La Moncloa con el consejero delegado del Grupo Maersk, Søren Skou, y altos directivos de la empresa. Allí se estableció un protocolo general de colaboración entre los ministerios mencionados. El objetivo era claro: construir un gran centro de metanol verde, un líquido considerado como el combustible del futuro para las flotas de barcos.
Durante el anuncio, hace ya casi un año, fuentes gubernamentales reconocieron que existía otro combustible que disputaba al metanol verde la hegemonía de ser el carburante marítimo del futuro. Este era el amoniaco. Aunque su firme apuesta es por el primero, Maersk se ha dejado un margen hasta 2030 por si fuese este último el futuro combustible. Así, la segunda de las plantas -ya sea la de Galicia o Andalucía- se levantará después y servirá como ‘comodín’ por si se impusiera, al final, el amoniaco.
Mientras, otros competidores de la naviera danesa ya han anunciado acuerdos con empresas españolas de nuestro país para llevar a cabo un corredor de amoniaco, precisamente el otro compuesto por el que dudaba invertir Maersk. Así, el pasado mes de junio, la compañía noruega Yara y la energética española Cepsa firmaron la puesta en marcha del primer corredor marítimo de amoniaco entre el sur y el norte de Europa, conectando los puertos de Algeciras y Rotterdam, por una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros.
En su momento, fuentes gubernamentales aseguraron que este acuerdo era «uno de los grandes proyectos y con mayor trascendencia mediática» y estimaron que generaría entre 4.000 y 5.000 empleos constantes y, entre 2024 y 2031, unos 30.000 puestos para la construcción de todo el ecosistema. La empresa Maersk está considerada como la líder del sector del transporte marítimo y acapara el 20% de la cuota de mercado. Cuenta con 100.000 empleados en todo el mundo y opera en 120 países.
«Información ambiental»
«Creemos que todo acto administrativo puede tener un carácter ambiental en la medida que hay un consumo energético que afecta al medio ambiente. Efectivamente, aun reconociendo que la información reclamada pueda tener cierto contenido ambiental, no es esencialmente ambiental. Si la información fuese solamente ambiental, el único ministerio interviniente debería haber sido el ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero intervienen también los Ministerios Movilidad y Agenda Urbana y el de Industria, Comercio y Turismo«, aseguró el demandante tras el rechazo del Ministerio a ofrecer información.
El demandante recordó que «la solicitud fue remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por figurar este en primer lugar, pero pudo haberse remitido a cualquiera de los otros dos ministerios intervinientes. Muy probablemente estos otros dos ministerios no hubiesen alegado el carácter ambiental del protocolo». Por último, añadió que «en el muy improbable caso de que el protocolo tuviese un contenido únicamente ambiental, el ministerio estaría igualmente obligado a proporcionar la información conforme a la ley 27/2006».
Entre el 9 de enero de 2023 y el 8 de febrero del mismo año, se presentó una nueva reclamación ante el Consejo de Transparencia en relación con la misma solicitud de información, pero, de nuevo, se topó con la negativa del Ministerio de Transición Ecológica a atender dicha reclamación.
