El juez da otros seis meses para investigar la ampliación del Popular de 2012
Pedraz quiere analizar a fondo el informe del Banco de España que concluye que «fue una buena inversión» y «un éxito»
Exaccionistas del Banco Popular protestan ante una sucursal de la entidad en una foto de archivo. | Europa Press
Los exaccionistas del Banco Popular mueven ficha en la Audiencia Nacional tras el reciente espaldarazo del Banco de España a la ampliación de capital del año 2012. A petición del Ministerio Público y las acusaciones particulares, el juez Santiago Pedraz ha acordado prorrogar durante otros seis meses la instrucción de la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en aquella ampliación de capital, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El magistrado acepta ampliar el plazo de investigación hasta el próximo 8 de abril para poder analizar a fondo el extenso informe remitido por los peritos del Banco de España recientemente al juez. Un documento de 210 páginas que avala de forma contundente la legalidad de la ampliación de 2012, por importe de 2.500 millones de euros, y respalda también la gestión del expresidente de la entidad Ángel Ron. Los inspectores del organismo regulador concluyeron que la operación «fue una buena inversión» para los accionistas y ayudó a sanear la entidad durante los tres años siguientes, desvinculándola de facto de la crisis que llevó a la ejecución del Banco Popular en 2017 y a su posterior venta a cambio de un euro al Banco Santander.
«El informe puede ser definitivo o bien puede arrojar indicios que exijan la solicitud de nuevas diligencias, por lo que es necesario ampliar el periodo de instrucción», indica el juez Pedraz en el auto, fechado este lunes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional evita por el momento pronunciarse sobre las nuevas diligencias a practicar hasta terminar de analizar en profundidad el informe remitido por los peritos del Banco de España a finales de julio. La Fiscalía y las tres acusaciones particulares han empezado a mover sus fichas para intentar evitar que el informe del Banco de España conduzca al cierre de la causa.
¿Financiación irregular?
Una de las asociaciones de exaccionistas afectados por la ampliación de 2012 del Banco Popular presentó el pasado viernes un escrito solicitando una batería de hasta 13 diligencias distintas, entre tomas de declaraciones a testigos y nuevos imputados, y peticiones de ingente cantidad de documentación a la Agencia Tributaria, al Banco de España y al Banco Santander. Cabe recordar que la entidad presidida por Ana Botín adquirió el Popular, tras la resolución de esta entidad en junio de 2017, para evitar un colapso en el sistema financiero español y la pérdida de todos los depósitos de los clientes del Popular. El Santander se hizo, a cambio de un euro, con un banco que tenía un patrimonio de 11.000 millones de euros en activos.
Gran parte de las diligencias solicitadas por una de las acusaciones particulares, una asociación de exaccionistas representada por el despacho Durán & Durán Abogados, van dirigidas a esclarecer una presunta financiación irregular por parte del Banco Popular para salvar la ampliación de capital del año 2012. Los exaccionistas entregan una serie de documentos fiscales, bancarios y policiales para intentar acreditar indicios sobre una presunta operativa para financiar de forma irregular la operación.
Según se describe en el escrito remitido por esa acusación particular al juez, algunos jefes de área y directores de oficina del Banco Popular habrían ofrecido a clientes y accionistas de referencia de la entidad condiciones ventajosas en préstamos y refinanciaciones para que, a cambio, pudieran hacer frente a su cuota accionarial en la ampliación de capital que llevó a cabo en 2012.
«El artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital, vigente en el ejercicio 2012, determinaba que el emisor no podía anticipar fondos, conceder préstamos, prestar garantías ni facilitar ningún tipo de asistencia financiera para la adquisición de sus acciones o de participaciones o acciones de su sociedad dominante por un tercero», indica el escrito de los exaccionistas.
«Desde este punto de vista, por ejemplo, si Banco Popular Español ampliaba capital por 2.500.000.000 euros, y trasladaba al mercado que ese importe era supuesta e íntegramente dinero aportado a la sociedad, constituía un fraude monumental, presuntamente, que el propio banco estuviese financiando, prestando garantías o facilitando asistencia financiera a quienes suscribieran esa ampliación de capital», añaden.
Los exaccionistas piden una serie de diligencias concretas en referencia a esa presunta financiación irregular. Entre otras, llamar a declarar como imputado al director de una sucursal del Banco Popular en Almería y revisar si una serie de accionistas de referencia y sociedades-enumerados en un extenso listado- recibieron préstamos y créditos de la entidad en condiciones ventajosas a cambio de suscribir nuevos títulos en la ampliación.
No obstante, según recuerdan otras fuentes jurídicas, el Banco de España aseguró en un informe remitido a la Audiencia Nacional en abril de 2019 que la Ley de Sociedades de Capital «excluye esa prohibición de asistencia financiera para la adquisición de acciones a las operaciones efectuadas por bancos y demás entidades de crédito en el ámbito de las operaciones ordinarias propias de su objeto social».
Ampliación del Popular en 2012
Como hiciese la Fiscalía en un informe remitido al juez el pasado 19 de septiembre, las tres acusaciones particulares que defienden a exaccionistas del Banco Popular también han apoyado ampliar el periodo de investigación durante otros seis meses. Además de lo referente a una supuesta financiación irregular, los querellantes han solicitado otra batería de diligencias de investigación dirigidas a esclarecer los presuntos delitos de ocultación, estafa y falsedad documental en referencia al folleto de la ampliación de capital de 2012 y las supuestas irregularidades para no reflejar el estado fiel de las cuentas de la entidad aquel año.
Según fuentes jurídicas, a pesar del espaldarazo del Banco de España a la ampliación del 2012 y a la gestión de Ron, las acusaciones particulares confían en que la ampliación de la causa, por un periodo adicional de seis meses, es una muestra de que el caso está vivo. Por el contrario, según el auto del juez Pedraz, los cinco investigados por la ampliación de capital de 2012 -el expresidente del Popular Ángel Ron, su ex número dos Roberto Higuera y la auditora PwC, entre otros- habían solicitado el sobreseimiento de las actuaciones tras notificarse a las partes el informe de los peritos del Banco de España.
Los expertos del organismo regulador describen como un «éxito» la ampliación de capital de 2012 del Popular, presidido entonces por Ángel Ron. Los autores del informe del Banco de España, Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete, concluyen que no hubo engaño a los inversores, porque la documentación de la ampliación de capital «reflejaba la imagen fiel de la entidad» y su situación financiera.
Los inspectores del regulador bancario tampoco aprecian perjuicio económico para quienes suscribieron la ampliación de 2012 y que no se da ningún tipo penal, ya que la operación fue un éxito para los accionistas. Añaden que la operación contribuyó al saneamiento del Banco Popular y a revalorizar la cotización de las acciones durante los tres años siguientes.
Thesan Capital
Por el contrario, en su recurso, una de las asociaciones de afectados recuerda que el Banco de España aportó en diciembre de 2021 un informe de conclusiones muy distintas en el otro caso Popular, el que investiga el juez José Luis Calama sobre la ampliación de 2016 y la resolución de la entidad en 2017. En aquel documento, los peritos del organismo regulador apuntaban a la presunta ocultación de un déficit de provisiones por valor de 576 millones de euros mediante una «estructura societaria» cuya matriz tenía sede en Luxemburgo, Thesan Capital.
«La conclusión de los inspectores del Banco de España es que, solo por lo que respecta al riesgo de las compañías sobre las que versa el informe pericial, la reclasificación que debía haberse recogido en sus balances del riesgo a dudoso fue de no menos de 876 millones de euros», indica el escrito de los exaccionistas.
«Es decir, en los balances de Banco Popular Español S.A. del ejercicio 2012 debió recogerse y no se llevó a cabo -evidentemente incluidos los incorporados al folleto de emisión de la ampliación de capital- (…) ¿Es este déficit de provisiones una información esencial que cualquier inversor tenía derecho a conocer y que el emisor estaba obligado a reconocer? Según los inspectores del Banco de España, sí. Sin duda», añaden en su recurso.
El juez Pedraz abrió el caso en 2022 tras admitir a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y exclientes de la entidad. Ante los indicios de irregularidades en la ampliación de capital de 2012, el magistrado ordenó investigar posibles delitos de estafa y falsedad documental. Una semana después, aceptó la personación en calidad de perjudicados, y como acusación particular, de más de 300 antiguos accionistas minoritarios de la entidad. El número de afectados que se han adherido a la causa ha crecido, según fuentes jurídicas.
¿Discrepancias o fraude?
Los denunciantes, en contra de lo que alegan los investigados, creen que la decisión de no provisionar esos activos de riesgo «no constituye una mera discrepancia valorativa o contable» y podría suponer varios delitos. Estiman que «esa falta de reflejo en los estados financieros del folleto de emisión de dicha ampliación de capital, tiene carácter esencial, y fue hurtada esa información a los inversores, que acudieron a la mencionada ampliación sin conocer, no sólo la existencia de esos déficits, sino, además, las evidentes irregularidades contables y contractuales cometidas con relación al grupo de empresas que se describen en el informe pericial, sólo conocidas a partir de una inspección fiscal».
«Ocultaron deliberadamente el verdadero riesgo de esas operaciones, otorgando contratos y novaciones transgrediendo las propias normas del banco, y la normativa de obligado cumplimiento, con la consecuencia buscada consistente en ocultar en el balance las provisiones que estaba obligado el banco a realizar en dicho ejercicio 2012, e incluso en los anteriores. Sólo tras un proceso de inspección de tributos afloró la operativa perpetrada», añaden los denunciantes.
