Acuamed divide su macrocontrato eléctrico para sus desaladoras entre Iberdrola y Acciona
Es uno de los pliegos energéticos más importantes de sector público. El importe de adjudicación supera los 174 millones
Edificio de Acuamed.
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) ha adjudicado su macrocontrato eléctrico que garantizará el suministro suministro para su amplia red de infraestructuras y desaladoras. La concesión prevista para solo un año -2024- se ha hecho a precios menores que la del año anterior, protagonizado por precios energéticos disparados. El importe de adjudicación es de 174,1 millones, frente a los 206,4 de 2023. Acuamed se ha ahorrado un 18,5% con respecto a la adjudicación anterior.
El contrato, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se lo reparten Iberdrola y Acciona Green Energy, que obtiene el lote 1, el más importante. El anterior pliego, el de 2023, lo consiguió la última compañía, tras quedar desierto. El contrato eléctrico de Acuamed es uno de los más importantes del sector público.
El anterior pliego, que tenía una duración de 12 meses, concluye el próximo 31 de diciembre, lo que ha hecho necesaria la nueva convocatoria. En el actual se ha tenido que realizar una estimación de la demanda de energía y del precio de mercado de la energía para 2024. En relación a la estimación de la demanda se ha considerado una demanda conjunta de 1,2 TWh/año, continuista con la demanda de energía registrada en el ejercicio pasado ya que en el 2024 todavía no están operativas las ampliaciones de las desaladoras, cuya entrada en servicio incrementará la demanda energética.
Guerra de Ucrania
Admite la empresa, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera, que para el presente contrato se han valorado varias posibilidades de duración del contrato. Asegura que se ha determinado que la duración idónea es de un año, «todo ello por la situación actual del mercado eléctrico tanto nacional como energético y la inflación generada por la guerra de Ucrania».
En cuanto al presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato, se han determinado sobre la base de precios de mercado, teniendo en cuenta para ello licitaciones anteriores y previsiones del asesor energético de Acuamed.
Contrato de Acuamed
El contrato se ha dividido en dos lotes. El primero comprende los puntos de suministros con tarifas en seis periodos. Estos suministros están asociados fundamentalmente a las infraestructuras estratégicas de Acuamed, entre ellas se cuentan todas las desaladoras (responsables del entorno del 90% del consumo previsto total). Mientras que el segundo lote abarca el resto de suministros, es decir, puntos de Suministro con tarifas con 2 y 3 periodos que, en general, se corresponden con oficinas y con
elementos auxiliares a las infraestructuras de tratamiento y transporte (estaciones remotas en redes de distribución de agua en su mayoría).
La empresa dependiente del Ministerio de Transición Ecológica no cuenta, según afirman, de capacidad ni de medios para realizar el suministro. «Debemos contar con un contratista capacitado para ello al objeto de poder contar con la energía eléctrica en calidad y cantidad para el correcto funcionamiento de las instalaciones», apuntan.
Por otro lado, Acuamed gestiona 11 desaladoras en la cuenca mediterránea, con plantas con una capacidad de 404 millones de metros cúbicos de agua, y que debe abastecer a cerca de tres millones de ciudadanos y asegurar el suministro para regar unas 250.000 hectáreas.
Mejora el escenario
La situación con respecto al año anterior por parte de Acuamed ha mejorado sustancialmente. Atravesó uno de sus peores años tras la subida inédita del precio de la energía. Esta realidad empujó a la empresa a presentar varias convocatorias para tratar de lograr unos contratos de suministro más competitivos.
El pasado mes de abril, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procesó a un total de 42 personas en el conocido como ‘caso Acuamed’, donde se investigó la adjudicación y ejecución de forma presuntamente irregular de una veintena de obras hidraúlicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo. El juez consideró que los hechos era constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
