El Gobierno adjudica 5,7 millones en contratos de publicidad desde que está en funciones
En 2023 se han repartido 92,7 millones de euros, cerca del récord que ya se estableció el año pasado con 103 millones
El Gobierno ha adjudicado seis contratos de publicidad por valor de 5,7 millones de euros desde que está en funciones. Los datos de la Plataforma de contratación del sector público cribados por THE OBJECTIVE indican que el Ejecutivo reactivó esta herramienta a comienzos de septiembre y ha acelerado la ejecución en octubre, después de dos meses en el dique seco a causa de las elecciones generales del 23 de julio.
De esta manera, esta cifra adjudicada en funciones se suma a los 87 millones que ya se habían licitado antes de las elecciones. Es así como, en lo que va de año, se han entregado 92,7 millones de euros, muy cerca del récord que ya se estableció el año pasado, cuando se consiguió la cifra más alta de la serie histórica desde el año 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. En total, se han adjudicado 53 contratos desde enero.
Las fuentes consultadas indican que, considerando el nivel de adjudicación y que todavía quedan doce semanas por delante, es muy probable que se supere la cifra de 103 millones de euros del año pasado. Cabe recordar además que el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional de 2023 consignó 145,9 millones para todo el año en curso. Hasta la fecha se ha ejecutado el 64% del presupuesto total.
Contratación de publicidad
A comienzos de septiembre el Gobierno en funciones también aprobó seis nuevas campañas de publicidad bajo el procedimiento de contratación anticipada para el año 2024. El montante total asignado fue de 25,2 millones de euros y se destinó a áreas tan diversas como la seguridad vial, el desarrollo rural, el turismo, la agricultura o la ciberseguridad. Su ejecución se producirá a partir del próximo año, destinada a todos los de medios de comunicación y soportes.
El común denominador de estos elevados presupuestos son dos años de intensa actividad electoral. En 2022 se realizaron comicios en Castilla y León y en Andalucía, mientras que en 2023 se vivieron las elecciones municipales de mayo y las generales de julio. En los dos cursos se gastaron 195,7 millones de los 293,9 millones presupuestados para publicidad institucional, una de las cifras más elevadas de ejecución del último lustro.
La Ley de Publicidad Institucional indica que no se pueden emitir campañas desde la convocatoria de las elecciones hasta la realización del proceso electoral, pero no dice nada de su adjudicación. Otras fuentes indican a este diario que no se pueden adjudicar campañas con el Gobierno en funciones; sin embargo, la normativa no las prohíbe explícitamente. Lo cierto es que las últimas campañas se adjudicaron en junio y, tras el parón de julio y agosto, se volvieron a poner en marcha en septiembre y han continuado la primera quincena de octubre.
Igualdad en el deporte
Las campañas de publicidad institucional están en el punto de mira porque la Administración Central no entrega el detalle de los medios favorecidos y, en época preelectoral, se suelen utilizar para ensalzar las bondades del Ejecutivo de turno en vez de apostar por campañas de servicio público. Al actual Gobierno también se le ha acusado de imprimir mensajes ideológicos en buena parte de estas campañas.
Dentro de estos contratos aprobados con el Gobierno en funciones hay dos particularmente elevados y licitados por el mismo organismo: el Consejo Superior de Deportes. El primero se refiere al servicios de compra de espacios en medios de comunicación publicitarios para la campaña denominada «Iguales en el Deporte» y que versa «sobre la necesaria visibilidad de la mujer, del colectivo LGTBI y del colectivo de personas con discapacidad en el deporte».
Con un coste de 2,6 millones de euros, el contrato se aprobó el 7 de octubre, pocas semanas después de la polémica por el beso no consentido y el acoso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora de la selección, Jennifer Hermoso. El contrato no incluye emisión de anuncios en televisión, está financiado con cargo al Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia y se ha adjudicado a la agencia Media Diamond.
Campañas de publicidad
El segundo gran contrato (resuelto de manera exprés el 7 de octubre tras lanzarse el 4 de este mismo mes) incluye los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la campaña de publicidad institucional denominada «Actividad física y deporte beneficiosos para la salud». Su valor es de 1,8 millones de euros, también fue adjudicado a Media Diamond y se hará con cargo a los Fondos Europeos Next Generation.
Por otro lado, a comienzos de septiembre se aprobaron otras tres campañas. El 10 de septiembre (dos días después de publicarse la licitación) se adjudicó la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de la campaña de publicidad institucional denominada «Nuestra costa, una gran defensa frente a los efectos del cambio climático«. Se adjudicó por valor de 800.000 euros también a Media Diamond.
Propiedad intelectual
El 8 de septiembre se adjudicó la campaña de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la materialización de la campaña de publicidad institucional «Trabajo decente». Se pagaron 345.000 euros y el adjudicatario ha sido Media Sapiens.
La otra adjudicación fue para la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la campaña denominada «Sensibilización contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual en internet«. Se destinaron 100.000 euros que también fueron a parar a Media Sapiens. Finalmente, el pasado 22 de septiembre se adjudicó la campaña «Ciudades Inteligentes – Impulso VLCi» de Red.es a Peter Planning, por valor de 40.400 euros.