Un error del Gobierno multiplica los perceptores del Ingreso Mínimo perseguidos por Hacienda
Mientras, este lunes, la Seguridad Social anunciará la ampliación de la cobertura de las rentas mínimas
Escrivá, con gafas de sol, el Día de la Hispanidad de este año. | Europa Press
Son desempleados, padres y madres de familia con menores, con discapacitados y enfermos e, incluso con mayores. También divorciados, viudos, personas que viven solas y que tienen todas un denominador común: son o han sido perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, hoy siguen endeudados con Hacienda por recibir esta prestación y por la demora de la gestión del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En la actualidad, según el negociado que dirige el ministro José Luis Escrivá, se han logrado aprobar hasta 690.214 expedientes, con más de dos millones de beneficiarios. Claro que también alrededor del 60% de las peticiones han sido denegadas.
Cobrar una ayuda del Ingreso Mínimo Vital se puede convertir en una tortura. Así piensan los más de 40.000 afectados que han visto cómo el Gobierno les exige cobros indebidos de esta prestación, por el hecho de cotizar más al encontrar un trabajo tras recibir el IMV, y pese a que el perceptor comunicó en tiempo y forma de esta situación a la Seguridad Social, ésta no ha sabido responder en fecha. Finalmente, la ayuda ha devenido en una interminable pesadilla.
Respuestas que llegan tarde, pasado un año, con apenas espacio suficiente para formular las alegaciones. Entretanto, Hacienda te graba, te puede retirar el IMV y además, reclaman al perceptor el pago con intereses de apremio de hasta el 25% del total de la deuda. Y ello, sobre economías que no superan el salario mínino interprofesional y no tienen capacidad de ahorro. Al otro lado, hay un teléfono que raras veces contesta -explican a THE OBJECTIVE los afectados-. Y cuando lo hace, son robots que no aclaran dudas. En definitiva, un silencio administrativo que destroza los bolsillos de las personas vulnerables, víctimas de la nula sinergia entre las administraciones responsables como son, en este caso, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Este próximo lunes, el ministro José Luis Escrivá, participará en la Conferencia sobre rentas mínimas y políticas de inclusión social, en el marco de la protección social europea, que tendrá lugar en la ciudad madrileña de Aranjuez, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Allí, sin llegar a recoger estos problemas, se hará lectura de la Declaración de Aranjuez, en la que se anunciará la ampliación de la cobertura de las rentas mínimas.
La persecución de Hacienda
Como ya informó THE OBJECTIVE, alrededor de este colectivo, cada vez mayor -más de 40.000 afectados-, se mueve ATD Cuarto Mundo, decidido a presentar una reclamación colectiva. Pero las elecciones y la dilatada investidura han dado lugar a que esa iniciativa se retrase y sea ya entrado el otoño, y no en septiembre, cuando se acuda hasta altas instancias europeas para demostrar que España incumple en estos momentos la Carta Social Europea, con valor de jurisprudencia, en el caso de que sea aceptada la denuncia.
Mientras, los casos se suceden como el de este ejemplo de mal funcionamiento de esta ayuda, cuando una afectada cobró el IMV de oficio. Al poco tiempo, le salió trabajo por 6 meses, aceptó, se contagió de covid, y luego tuvo una embolia pulmonar a consecuencia del contagio, quedando tras ello pendiente de una operación por hipertensión pulmonar. Despedida, sin derecho a paro, cobró atrasos del IMV. Pero dieron de baja a su expediente por falta de documentación y le reclamaron cobros indebidos. Todo ello, con una discapacidad del 41%, sin poder trabajar a causa de la fatiga. Su situación, lejos de arreglarse, está sin resolver, con la consiguiente deuda de Hacienda.
Otro caso flagrante, el de una persona que se encuentra con cero euros de ingresos económicos. Solicita el IMV y le viene aprobado porque también reúne los demás requisitos. Automáticamente, recibe una oferta de empleo por seis meses a jornada completa y lo acepta para no perder el IMV por haber rechazado un empleo. Así que comunica telemáticamente a la Seguridad Social esta variación que afecta a su IMV. La comunicación está hecha, la Seguridad Social la recibe, pero tarda meses en revisarla.
Y llega el momento de hacer la Renta y la Seguridad Social sigue sin revisar la documentación de variaciones que ha recibido. Mientras tanto, el perceptor del IMV ya ha finalizado su contrato y está en el paro, cobrando seis meses de subsidio por desempleo (ver requisitos para cobrar subsidio por desempleo). Al mismo tiempo, la Seguridad Social le sigue ingresando su IMV, el perceptor vuelve a insistir en que sus circunstancias han variado, y desde la Seguridad Social le responden que todo está correcto y esas cantidades le pertenecen.
El perceptor hace la Renta y tan sólo por haber trabajado seis meses a jornada completa ha ganado 7.560 euros. Y por los seis meses de subsidio por desempleo ha cobrado 2.880 euros, sumados a los 7560 euros que ha cobrado por trabajar, lo que da un total de 10.440 euros en un año. Ahora, esa cantidad supera con creces los 6.784,44 euros de límite de ingresos anuales que impone la Seguridad Social. Y aunque no hubiese cobrado ningún tipo de Subsidio por Desempleo, con los 7.560 euros que ha cobrado por los seis meses trabajados, ya supera el límite de ingresos impuesto por la Seguridad Social que son 6.874,44 euros.
Como consecuencia, nuestro perceptor del IMV -comenta THE OBJECTIVE-, sin saberlo, ha incurrido en cobros indebidos. Además, vuelve a estar otra vez a cero euros de ingresos económicos por haberse agotado su subsidio por desempleo. Pero es que, además, empieza a recibir cartas de la Seguridad Social reclamándole por cobros indebidos y, según la fecha en la que haya ocurrido el hecho, ha recibido un modelo de carta u otro diferente.
Las cartas de Escrivá
Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, el Ministerio de la Seguridad Social ha ido mandando a lo largo de este tiempo cinco tipos de cartas reclamando dinero y quitando el IMV.
Cartas con modelos como éstos: (1) Se le informa al perceptor de que la deuda devengará automáticamente el recargo del 20% y se inicia el procedimiento de apremio. (2) Se da un plazo de 15 días naturales para el ingreso del principal recargo de la deuda. En el siguiente modelo, el 2º, se exige el pago íntegro en 15 días, con recargo si no se paga de hasta el 25% de intereses por la demora. En este caso, no hay opción a las alegaciones.
El tercero de los modelos de carta de la Seguridad Social da margen de tiempo de 15 días hábiles para alegaciones y te da la opción de pagar a plazos. En el cuarto modelo, la carta te da la opción de pagar a plazos la deuda, y en lugar de extinguirse el IMV, directamente te lo descuentan.
Por último, el quinto modelo recoge la extinción del IMV, y además lo hace con retraso. Y queda manifiesto que la Seguridad Social hizo tarde la revisión, incluso se le extravió una carta, y por tanto, el perceptor está sin IMV. Además, todo ello, sin perjuicio de la reclamación del dinero abonado.
Días atrás, La AIReF reclamó cambios en su ley orgánica, con financiación estable vía tasa y mayor iniciativa propia. Y es que según ha justificado su presidenta, Cristina Herrero, España no está preparada para evaluar las políticas públicas, ya que se formulan políticas públicas sin vocación de ser evaluadas y hay falta de concreción de objetivos.
Uno de los ejemplos más cercanos, según comentó Herrero, es lo que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para el que no se ha fijado un objetivo alcanzable y concreto, pese a las insistencias por parte del organismo independiente. Para la AIReF, si el objetivo que se quiere alcanzar con esta política es la prevención el riesgo de pobreza, sería necesario definir y dar a conocer en qué umbral se ha fijado el término de pobreza (en la actualidad, el umbral de la pobreza en España es de 737 euros al mes -895 euros en el País Vasco-, mientras que el umbral de pobreza extrema está 492 euros -597 en el País Vasco-. La cuantía del IMV para una persona sola es de 462 euros, y el salario mínimo es de 1.080 euros al mes).
Además, desde la AIReF se critica que, en general, la información a disposición para evaluar el gasto de las distintas políticas públicas es «escasa y de deficiente calidad» para su tratamiento y hay una tendencia a reducir el alcance de las evaluaciones.
