La inversión de impacto gana peso en España pendiente de la regulación y del impulso público
El sector registró 1.208 millones de euros de activos bajo gestión al cierre de 2022, un 58% de crecimiento anual
Ponentes de la jornada 'Cómo impulsar la financiación de la economía social en España'. | IE University e Impact Bridge.
La inversión de impacto, o economía social, comienza a coger velocidad en España. Sin embargo, está en un punto de maduración en que necesita un impulso definitivo para consolidarse como la herramienta financiera clave que defina el futuro de la sostenibilidad y la equidad. Desde el sector se aplauden los avances realizados, pero se advierte de que todavía se enfrentan a retos como la regulación, la homologación de métricas, la cooperación público-privada y la creación de una estructura que permita incorporar de manera activa a inversores y empresas al ecosistema.
Éstas fueron algunas de las conclusiones de la jornada Cómo impulsar la financiación de la economía social en España, organizada por Impact Bridge e IE University y que contó con la presencia del sector público, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Cofides o el Fondo Europeo de Inversiones (FEI); y el sector privado como la propia Impact Bridge, Microbank (filial de Caixabank), Ilunion, Moda Re o Techô.
Arturo Benito, consejero delegado de Impact Bridge, ha recordado además que tener un marco regulatorio claro es muy importante para que la inversión de las empresas sea realmente sostenible y que el sector no caiga en el green washing, práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad sostenible.
Crecimiento del 58%
La inversión de impacto hace referencia a inversiones (o las decisiones de inversión) que se realizan con la intención específica de aportar un impacto social o medioambiental positivo que sea medible, además de un rendimiento financiero. José Luis Ruiz de Muniain, director general de Spain NAB -asociación que aúna el esfuerzo privado y público del sector- ha recordado que el gran objetivo es «darle la vuelta al capitalismo. No destruirlo, sino que mejorarlo» y consolidar un trinomio que incluya riesgo, rentabilidad e impacto.
Según el informe La oferta de capital de impacto en España en 2022, la inversión de impacto sumó 1.208 millones de euros de activos bajo gestión al cierre del año pasado, incluyendo gestoras de fondos de capital riesgo de impacto, fundaciones, plataformas de crowdfunding, family offices, capital riesgo corporativo, fondos o entidades de financiación pública y entidades aseguradoras o fondos de pensiones. En 2021, se llegó a los 764 millones de euros, un crecimiento del 58%. En todo el mundo, estos activos ya representan el billón de dólares y en Europa los 80.000 millones, por lo que el camino por recorrer es todavía muy largo.
Montserrat Martínez, vicepresidenta de la CNMV, ha advertido de la necesidad de una estructura financiera sólida que permita canalizar la gran cantidad de recursos que ya hay en el sector privado y en el público, para enfocarse en inversiones de impacto social. El primer reto que puso sobre la mesa fue la urgencia de que el desarrollo de productos de inversión puedan implementar la regulación que se está desarrollando en el Plan de acción sobre finanzas sostenibles de la UE.
Criterios y reglamentos
Los organismos reguladores europeos están en la segunda fase de revisión de la la normativa SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles) de la Unión Europea sobre las finanzas sostenibles que quiere dotar de una serie de características para clasificar los fondos de inversión en base a sus criterios de sostenibilidad y poder dar una mejor respuesta a los inversores que quieran invertir bajo estos valores.
Domínguez está convencida de que esta normativa será clave para clarificar el sector, pero pidió a las empresas y fondos que transmitan información fiable, comparable y estandarizada. «Tenemos estándares de reportes para la empresa desde el verano, pero no cabe duda que esto lleva tiempo y que muchas compañías pequeñas van a tener más dificultades para reportarlos», ha indicado.
¿Y la colaboración pública? José Carlos García, presidente del ICO, ha reconocido que queda camino por recorrer en especial en la creación de una estructura para que se trabaje con el sector privado. Sin embargo, ha puesto en valor los avances que se han realizado en los últimos años. El directivo se ha comprometido a que el 40% de los recursos que lleguen a través de los fondos europeos Next Generation que se pongan en el mercado tengan esos criterios de impacto medioambiental y social.
Importancia de las métricas
José Luis Curbelo, presidente de Cofides –entidad que gestionará el Fondo de Impacto Social (FIS), con 400 millones para invertir en empresas y proyectos que refuercen el emprendimiento y la economía social en España- ha coincidido en que hay recursos, pero hay que reforzar el ecosistema . «Hasta hace poco tiempo todo era financiado por el Estado, pero tenemos que buscar un mecanismo para que las empresas puedan innovar y sumarse a este tipo de inversiones».
Rachida Justo, directora de la cátedra Impact Bridge-IE de Emprendimiento Social e Inversión de Impacto, ha intentado aportar claridad sobre las métricas poniendo en valor el trabajo académico. «Hay que intentar hablar el mismo idioma y para eso desde la academia estamos trabajando en armonizar estas métricas», ha indicado. «Estamos moviéndonos hacia un futuro en que el impacto de la medición va a ser tan aceptado como lo fue la contabilidad financiera, por lo que avanzamos hacia figuras nuevas como el auditor de impacto».
Braulio Pareja, director de Investigación Académica de Impact Bridge, ha puesto como ejemplo de todo este ecosistema a Moda Re, la filial de Cáritas para la recogida, reutilización, reciclaje, donación y venta de ropa usada. Para el académico, esta empresa es un buen ejemplo de cambio estructural en los procesos para generar un bien social sin renunciar a la rentabilidad económica.
Casos de éxito
Precisamente, Albert Alberich, director general de Moda-Re, ha contado de primera mano su experiencia. Moda Re ya ha tratado en sus plantas 42 millones de kilos de ropa, calzado y complementos de segunda mano (40% del total recogido en España), con 7.500 contenedores en 1.200 municipios y 1.321 personas contratadas, más de la mitad en situación o riesgo de exclusión social.
Otro de los ejemplos de éxito es MicroBank, el banco social de Caixabank. Cristina González, su directora general, ha puesto en valor el compromiso de la entidad en contribuir al progreso y bienestar de la sociedad proporcionando financiación a aquellos grupos y proyectos que generan un impacto social. La entidad cerró 2022 con 100.323 operaciones en España por 1.016 millones de euros, lo que supuso un 6,6% más que el año anterior y la cifra más alta de su historia, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones.
Techô e Ilunion
El tercer caso de éxito que expuso fue Techô, el vehículo de inversión inmobiliaria que busca eliminar la exclusión residencial y garantizar una vivienda digna a todas las personas, eliminando lo que denominan el sinhogarismo. Su fundadora y presidenta, Blanca Hernández, ha indicado que su modelo se basa en situar a la vivienda como primer paso para salir de la exclusión y, para ello, trabajan con una cartera diversificada de entidades sociales y públicas con convenios de colaboración a largo plazo, una estructura financiera de 20 millones de euros de capital previsto, operando como una socimi y con una salida a bolsa prevista para el primer semestre de 2024.
También ha contado su experiencia el grupo Ilunion (ONCE), el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo. Su director corporativo y financiero, Joaquín Ingelmo, recordó que su apuesta por la economía social está en el centro de su existencia y valoró la rentabilidad de la compañía. La empresa cerró 2022 con la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra récord de negocio de 1.000 millones de euros (un 11% más que el año anterior) y unos beneficios de explotación de 45 millones de euros, «cumpliendo así su doble objetivo económico y social».
