Escribano compra el 4,6% de Indra por 117 millones y se convierte en el segundo accionista
Cercana a los intereses del Gobierno, refuerza el núcleo de control de la empresa semipública de Defensa
Fachada de la sede de Indra. | Agencias.
Escribano se ha convertido en el segundo accionista de Indra tras adquirir el 4,6% de la compañía y subir hasta el 8% su participación total. De esta manera, solo la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), con un 28%, les supera en el capital de la compañía estratégica de defensa. A precios de mercado este porcentaje está valorado en unos 117 millones de euros para elevar toda su participación hasta los 205 millones.
Escribano compró el pasado mes de mayo el 3,4% de Indra por 65 millones de euros y en ese momento ya manifestó su interés de seguir creciendo dentro de la cotizada. Con esta compra la SEPI y el Gobierno consolidan el núcleo de control de la empresa considerada estratégica con la SEPI y el 7,24% de Amber Capital (dueño del 29% del grupo Prisa), ya que como adelantó este diario la relación de Escribano con Moncloa es muy cercana. Completan el resto del capital el fondo Fidelity con un 7,88% y SAPA con el 5%.
Un elemento más para garantizar la paz accionarial en Indra después de tiempos revueltos vividos en 2022, cuando se produjo la destitución de la mayoría del consejo considerado rebelde iy que estaba en contra de las decisiones que quera imponer el Gobierno a través del presidente Marc Murtra. El operador de Defensa nombró ya en junio a José Vicente de los Mozos como consejero delegado con lo que envió un mensaje de tranquilidad al mercado. Desde entonces sus acciones han subido un 29%.
Escribano e Indra
Según ha explicado la compañía de inversores españoles se trata de una operación de inversión estratégica que tiene como finalidad «consolidar su posición empresarial, fomentando la creación de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas capacidades y la creación de empleo cualificado en toda la geografía española».
Indican además que la operación contribuirá al desarrollo de los programas de Defensa actuales y futuros en los que la Escribano trabaja tanto para el mercado internacional como nacional. En la actualidad, la empresa exporta a más de 25 países y tiene previsto cerrar 2023 con una facturación de 120 millones de euros y emplea a 750 personas.
Escribano Mechanical & Engineering es un viejo conocido del Gobierno socialista y de la Administración pública. La compañía tiene como su número tres y miembro del consejo de administración a Miguel Ángel Panduro Panadero. Durante ocho años fue consejero delegado de la sociedad pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA (ISDEFE), empresa dependiente del Ministerio de Defensa, por ese entonces a cargo de José Bono; y fue designado en 2004 por el entonces presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Contratos con la administración
En septiembre de 2019 –apenas tres meses después de la llegada de Sánchez a La Moncloa– fue designado como máximo responsable de Hispasat, precisamente a propuesta de Red Eléctrica Española (actualmente Redeia), participada en un 20% por la SEPI, porcentaje al que se añade el 7,41% en manos directas de la propia sociedad pública.
Escribano es además una vieja conocida de la Administración -mucho antes de su entrada en el capital de Indra– y adjudicataria de importantes contratos públicos durante la pandemia, gracias a los que ha aumentado exponencialmente su facturación desde entonces. En abril de 2020 -justo en momentos en los que comenzaba el confinamiento- se le adjudicó el suministro de 5.000 respiradores por 36 millones de euros. El objeto de dicho contrato fue la compra de equipos de respiración pulmonar portátil para atender a los enfermos de coronavirus en los centros hospitalarios. Hasta esa fecha, la sociedad no tenía capacidad logística para producir este equipamiento.
Un mes después se conoció que Escribano Mechanical & Engineering se sumaba a General Dynamics, Indra y Sapa (con quien comparte capital en Indra) para poner en marcha el programa VCR 8×8, con un presupuesto de 2.100 millones de euros con los que el Ministerio buscaba la construcción de 348 vehículos de combate. Otro contrato que se adjudicó en plena pandemia y pese a que dos empresas israelíes con más experiencia se quedaron fuera de la licitación.
