El número dos de Mónica García en Sanidad quiere crear una farmacéutica pública
Javier Padilla pretende emplear 369 millones de euros para que una nueva empresa lidere la investigación
Mónica García y Javier Padilla. | EP
Lo que parecía una mera idea general de Sumar y Más Madrid parece que coge forma y va camino de convertirse en un proyecto en toda regla dentro del Ministerio de Sanidad. Y es que el nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla —que tomará posesión de su cargo esta semana— publicaba hace apenas unos meses un extenso artículo con todo tipo de detalles, donde defiende la creación de una empresa farmacéutica pública con un coste para las arcas del Estado de 369 millones de euros.
El número dos de Mónica García en Sanidad considera que ya es hora de tener una opción pública en la industria farmacéutica que tenga la capacidad «para liderar los esfuerzos públicos y privados hacia lo que necesitan las sociedades». Para ello, señala en un artículo titulado ‘Una industria farmacéutica pública: ¿para qué y cómo?’, propone una inversión de 858,87 millones de euros en cuatro años, siendo 369 millones de dinero público.
Desde la perspectiva de la propuesta que plantea Padilla en el texto, la incorporación de lo público en el ámbito de la industria farmacéutica no queda reducida a la fabricación de aquellos principios activos que no resulten comercialmente rentables para las empresas privadas, como defienden gran parte de los discursos encaminados en esta línea. El nuevo secretario de Estado de Sanidad señala que esta industria farmacéutica pública tiene que ejercer un «decidido liderazgo» que guíe la investigación y «que se conjugue con la capacidad industrial necesaria para llevar a cabo la producción de los avances farmacéuticos».
Medicamentos punteros
«Se trata de desarrollar una entidad farmacéutica de titularidad pública que investigue, desarrolle, fabrique y comercialice medicamentos y que ayude a generar un ecosistema de investigación e innovación farmacéutica sostenible», explica Javier Padilla en el texto publicado en la revista del mes de junio de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, donde asegura que esta empresa pública generaría 1.601 puestos de trabajo directos y 2.482 indirectos en cuatro años (con 112 directos y 1.724 indirectos durante el primer año).
Para ello, este modelo de farmacéutica planteado y que es «inédito» en Europa —según fuentes del sector consultadas— tiene que partir de tres posiciones, según defiende el hasta ahora diputado autonómico de Más Madrid: I) aspirar a estar presente en toda la cadena de valor del medicamento, II) tener la capacidad de introducir criterios de interés público como su principal guía de influencia sobre el objeto de lo investigado y sobre los mecanismos de fijación de precio y procedimientos de reembolso y III) alinear las necesidades de la población con los objetivos de las instituciones y las necesidades de las empresas del sector farmacéutico y biotecnológico.
De esta forma, la mano derecha de Mónica García hace hincapié en que la empresa pública de I+D no debería centrarse en productos de alto valor y baja complejidad, como tratamientos sobre enfermedades raras o nuevos antibióticos, sino que ha de desarrollar líneas propias en ámbitos punteros, como pueden ser las tecnologías mRNA o las terapias celulares avanzadas.
Investigación privada dirigida por un ente público
No obstante, el texto de Padilla, que viene a desgranar la propuesta de Más Madrid, defiende que sean los poderes públicos los que dirijan la investigación del sector privado. «La presencia de lo público en la industria farmacéutica ha de servir para generar ecosistemas que lideren y dirijan la inversión biomédica de titularidad privada hacia ámbitos de investigación relevantes socialmente, generando un ente público con capacidad para acumular know how en los procesos de investigación y desarrollo biomédico pero también con ambición y generosidad para crear círculos virtuosos que hagan que esto redunde favorablemente en el tejido empresarial biomédico de los lugares donde se implante», se lee en el documento.
Por último, el también médico de familia propone la creación de un fondo público de capital semilla para aquellas inversiones más arriesgadas «que puedan hacer florecer desarrollos farmacéuticos posteriores». Se trata, según explica, de financiar proyectos de entre 100.000 y un millón de euros, a empresas ya consolidadas y, preferentemente, que colaboren con grupos de investigación de entidades públicas, «haciendo que los desarrollos obtenidos a raíz de estas inversiones se realizarán bajo condiciones de propiedad intelectual que garanticen el retorno de la inversión bajo criterios de interés público».
De esta forma, y huyendo de la idea de una industria farmacéutica pública que produzca lo que no quiere producir la empresa privada, el político considera necesario «delimitar el campo de actuación de esta propuesta y hacerlo de manera que responda a unos propósitos fundamentales», entre ellos, «desarrollar el rol público de liderazgo de la I+D+i biomédica».
