Bruselas quita la razón a Sánchez y afirma que ya no tiene sentido gravar a las energéticas
Se estableció un impuesto que permitió a España recaudar 1.000 millones de euros el pasado año
La Comisión Europea ha considerado este jueves que las que la disminución de los precios de la energía a lo largo de este año 2023, así como un entorno económico «más incierto y el aumento de los costes de capital» han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, gas y carbón «a ver una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes de beneficios extraordinarios de 2022», de manera que, el argumento del Gobierno español de Pedro Sánchez queda en entredicho, especialmente en ese discurso pronunciado en su debate de investidura, donde afirmó que en legislatura, los ricos pagarían más.
Al mismo tiempo que Respol anunciaba su interés por desviar inversiones a Francia o Portugl, si de ese modo se pagan menos impuestos, este jueves, el informe de la CE analiza ya la intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía que se adoptó por Bruselas hace un año a través de una contribución solidaria de estas empresas del sector, subrayando ahora, sin embargo, que la evolución de los mercados de energía fósil muestra que la situación «es muy diferente» a la que era cuando entró en vigor la medida en octubre de 2022.
La Comisión ha evaluado en este informe cómo los Estados miembros han aplicado la contribución de solidaridad o una medida nacional equivalente a los excedentes inesperados de beneficios obtenidos por la industria fósil en la Unión Europea (UE). Esta medida de emergencia fue adoptada por la UE durante la crisis energética de 2022 para contribuir a la asequibilidad de la energía para los hogares y las empresas.
«En virtud de la medida, los Estados miembros tuvieron que aplicar la contribución de solidaridad o una medida nacional equivalente a los beneficios excedentarios de la industria fósil. El Reglamento del Consejo considera que los beneficios imponibles en el ejercicio fiscal 2022 y 2023 de dichas empresas, que sean superiores a un aumento del 20% de los beneficios medios generados en los ejercicios fiscales 2018-2021, deben considerarse beneficios excedentarios y, por lo tanto, estar sujetos a la contribución de solidaridad a un tipo mínimo del 33%.
Sin embargo, ahora el informe arroja luz sobre la evolución del mercado en el sector de los combustibles fósiles cubierto por esta intervención de emergencia desde la adopción de la medida en otoño de 2022. El análisis realizado por los servicios de la Comisión sobre la evolución de los precios en el sector de los combustibles fósiles apunta en la dirección de una disminución gradual de los precios de la energía en 2023, aunque la volatilidad sigue presente.
Además, también se detalla que tres Estados miembros no tienen ninguna empresa o establecimiento permanente en el ámbito de aplicación del Reglamento. Por último, el informe ofrece una primera visión general de los ingresos totales estimados comunicados por los Estados miembros, que en conjunto ascienden a unos 17.500 millones de euros.
La Comisión presentará un nuevo informe en otoño de 2024, tal como exige el Reglamento (UE) nº 2022/1854 del Consejo. Hasta entonces no se dispondrá de una cifra definitiva de los ingresos totales recaudados en virtud del Reglamento, ya que los Estados miembros pueden decidir aplicar las medidas a uno de los ejercicios fiscales de 2022 o 2023, o a ambos. Según los datos actuales, la tasa de inflación interanual en la eurozona bajó cinco décimas en noviembre, hasta el 2,4%, y se acerca al objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo (BCE) tras encadenar siete meses de caídas consecutivas.
El precio de los carburantes en España se ha reducido entorno a un 1% durante los últimos días, con lo que mantienen la tendencia a la baja experimentada desde finales de septiembre que deja la gasolina en su nivel más bajo desde finales de mayo y al diésel en precios de mediados de agosto.