Las energéticas asumen que el impuesto de Sánchez será perpetuo y esperan su rediseño
El Gobierno anuncia cambios y las energéticas los escucharán. Los socios presionen para que el tributo se mantenga
Pedro Sánchez y Teresa Ribera. | Europa Press
Las energéticas dan la batalla por perdida. El impuesto -que fue anunciado como justificación a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y donde se subrayó la coletilla de «temporal»- será rediseñado y perpetuo, y así lo asimilan las grandes utilities de este país. El Gobierno ya estudia cómo reformular el tributo. Así lo anuncio primero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Una realidad que se da pese a que este impuesto -llamado prestación patrimonial de forma oficial- sigue empantanado en la Audiencia Nacional por las energéticas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostró su convencimiento de que el Gobierno iba a ganar los recursos presentados contra estas figuras fiscales. Según los últimos datos, el Gobierno ha recaudado 827 millones de euros gracias a este tributo.
Si uno acude a la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético observará que la prestación se fija en el 1,2% de su cifra de negocios y que solo se exige a los grandes operadores tomándose como referencia las cifras de 2019 (año anterior a la pandemia).
Además, en el caso del sector energético, solo están salpicados aquellos considerados por la CNMC como operador principal (Naturgy, Endesa, Repsol, Cepsa, Iberdrola, Total Energies, EDP, BP, Petronieves, Península Petroleum y Disa Corporación Petrolífera) y se excluye a los grupos y entidades con menos de 1.000 millones de euros de cifra de negocio y a los grupos en los que la actividad energética no es su actividad principal (menos del 50%).
Toda una serie de condiciones que parecen desactualizadas y que están llamadas a ser reformuladas. De esta forma, y aunque el sector confía en que el rediseño será para aliviar, este puede servir también para incluir a grupos energéticos exentos de este impuesto. De hecho, hoy hay grupos energéticos que han superado los 1.000 millones de facturación y que no pagan dicho tributo.
Los socios principales del Gobierno, ERC y Bildu, han dejado claro que el impuesto contra las energéticas se va a mantener. «No va a ser temporal, sino estructural», aseguraron a este periódico. En el acuerdo entre el PSOE y Sumar también se recoge. Y las dos formaciones que apoyan a la coalición y que podrían oponerse, PNV y Junts, no se han caracterizado por ser grandes defensores de su eliminación. Este escenario es el que hace asumir a las energéticas que seguirá el impuesto.
Un discurso modulado
Las críticas hacia esta prestación patrimonial no han cesado, como en el caso Endesa, que aseguró hace unas semanas que «en su opinión no tiene sentido pagar este impuesto porque no tienen beneficios extraordinarios y porque en el resto de países europeos no existe». Para ellos «no es un escenario razonable». Sin embargo, algunas voces energéticas han ido modulando su discurso.
La primera en cambiar el discurso fue Cepsa. Ocurrió hace un mes, el pasado noviembre, y lo hizo tras pagar 323 millones de euros por el impuesto. Allí aseguró que este estaba «mal diseñado». Por otro lado, Repsol ha pasado de oponerse de forma frontal al tributo con el objetivo de que se elimine a querer conocer los detalles del rediseño del Gobierno. «Va a ser más duro o va a ser menos duro no dejan de ser comentarios de periódico (…) Es necesario un marco claro para invertir y poder saber si realmente va a ser un impuesto súper duro», aseguró el adjunto al ceo de Petronor (Repsol), José Ignacio Zudaire.
La opinión de Bruselas
Fuentes de la Comisión Europea aseguran a este periódico que no entrarán en disputas internas de otros países y que no se pronunciarán al respecto hasta que no haya una decisión en firme.
En un informe aseguró que ya no se daban las condiciones para gravar a las energéticas con un impuesto especial. «La evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022″, sentenció.
