Sánchez lleva al Tribunal Constitucional la ley de renovables de Aragón impulsada por Lambán

El Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la ley de energías renovables impulsada por el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, hace ahora diez meses. Lambán ha sido uno de los dirigentes socialistas y el exbarón más crítico con los pactos del Ejecutivo con Bildu e independentistas catalanes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez basa el recurso contra el Decreto-ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Transición Energética, aprobado en marzo, por invadir competencias estatales, vulnerar la ley de contratos públicos, romper la unidad del mercado eléctrico. Además, el Gobierno critica que se llevó a cabo a través del mecanismo sin motivos necesarios.

El Consejo de Ministros recoge en su reseña hecha pública a última hora del martes que impugnará un norma que nació para impulsar el consumo energético de cercanía y reducir el coste de la energía. Precisamente Aragón en una de las comunidades que más ha trabajado estimular las renovables. Ahora será el popular Jorge Azcón, desde la Presidencia del Gobierno de Aragón, quien tendrá que asumir las exigencias de cambio y las consecuencias.

Tras diez meses de su aprobación, el Consejo de Ministros ha decidido su impugnación en el Constitucional. El Ejecutivo considera que varios preceptos del Decreto-ley 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón vulneran el artículo 86 de la Constitución Española y del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Las renovables en Aragón

Es ahora, casi un año después cuando se toma la decisión. Pero el Gobierno intenta aclarar que ya estaba preocupado con el tema en mayo. A finales de ese mes la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas examinó el citado decreto-ley del Gobierno de Aragón. Apreció, según la información que facilita el Gobierno, «la existencia de motivos de inconstitucionalidad en relación a varios artículos y disposiciones». Mientras, señala, el Consejo de Estado ha apreciado en su dictamen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso.

Según admite ahora el Gobierno, varios artículos y apartados la Constitución y también la normativa básica en la materia y, singularmente, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. El principal conflicto es la ruptura del mercado eléctrico. «El Decreto-ley 1/2023 establece, en definitiva y en ciertos preceptos, un sistema paralelo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón», señala.

La ley, reconoce el Gobierno, quiebra del principio de red única estatal gestionada por Red Eléctrica, permitiendo que el abastecimiento energético a los consumidores finales se realice a través de figuras distintas e incompatibles con las previstas por la normativa básica estatal. Especialmente incisivo es el Gobierno de Sánchez con las denominadas mancomunidades de energía. Esta fórmula es inexistente en la normativa básica e «incompatibles con esta y con la normativa europea». También apunta a los agregadores de demanda, con una configuración propia y que se aparta de la Ley del Sector Eléctrico.

Sin justificación de urgencia

Apunta además que «se establece en determinados preceptos un sistema paralelo en lo que concierne al sector eléctrico estatal y europeo». Y concluye que «no existen presupuestos fácticos que justifiquen una actuación normativa extraordinaria y urgente, dirigida a alterar el régimen energético contraviniendo el orden constitucional de distribución de competencias».

Finalmente el Ejecutivo de Sánchez invoca la suspensión en relación con los preceptos impugnados. Señala que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y del régimen económico del mismo, especialmente, si se generalizaran sus previsiones al conjunto de las comunidades autónomas. Azcón tendrá que afrontar las consecuencias de la ley del ‘crítico’ Lambán.