Defensa cede por 180 millones el viejo hospital del Generalísimo a la Fundación Jiménez Díaz
Le otorga su uso y gestión durante 75 años condicionado a su rehabilitación y mantenimiento para uso sanitario y docente
El Ministerio de Defensa cederá durante los próximos 75 años el edificio del antiguo Hospital del Generalísimo Franco a la Fundación Jiménez Díaz. La fundación médica de carácter privado con concierto público, perteneciente al Grupo Hospitalario Quirón, entregará como contraprestación 180 millones de euros. El acuerdo de concesión demanial de la joya de la corona de Defensa, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se formalizó el pasado 8 de febrero. Mientras, el anuncio de licitación se produjo el pasado noviembre.
El pliego técnico detalla la concesión para uso sanitario y docente y explotación privativa del Edificio H situado en el Complejo Isaac Peral de Madrid y propiedad de Defensa. También destaca que transcurrido el periodo de concesión las obras, instalaciones y mobiliario revertirán al ministerio en el estado de conservación y funcionamiento que permita su normal utilización. El proceso de licitación ha sido abierto y la tramitación ordinaria y solo se presentó la Jiménez Díaz.
La fundación médica estará obligada ejecutar las obras de un aparcamiento subterráneo de tres niveles. Tendrá una superficie útil para su desarrollo de 9.500 metros cuadrados. De las plazas de aparcamiento resultantes quedarán a disposición de Defensa un tercio del total. Así mismo quedarán a disposición del ministerio aquellas plazas que se ubiquen en superficie.
Condiciones para la Jiménez Díaz
La superficie cedida, en siete plantas más sótano y semisótano, supera los 24.000 metros cuadrados. El objeto del contrato es el desarrollo de una gestión completa y adecuación de todas sus instalaciones. La Fundación Jiménez Díaz deberá asumir todas las las facultades de administración y mantenimiento. Además, deberá asumir la limpieza de espacios comunes, el mantenimiento técnico, la administración y la recogida de todo tipo de residuos. «En este sentido, se prestará una especial atención a los aspectos seguridad y la vigilancia del edificio».
Mientras, Defensa justifica la concesión en la necesidad de restauración y puesta en uso de sus inmuebles. El objeto es crear «infraestructuras en Madrid con capacidad de crear empleo y una mayor actividad que repercuta en la localidad –art. 96.2 de la Ley 33/2003-«.
Diversos intereses
El edificio, construido en 1950 y protegido patrimonialmente por el Ayuntamiento de Madrid, quedó vacío en abril de 2001, cuando era ministro de Defensa Federico Trillo. Cuatro años más tarde y con José Bono como ministro, el consistorio madrileño permitió la recalificación, excluyendo su uso para viviendas. Poco antes, en 2003, el Ayuntamiento de Madrid planteó comprarlo, dentro de la operación urbanística del alcalde José María Álvarez del Manzano de compra-venta-permuta de edificios que culminó con el traslado de la sede municipal al Palacio de Correos.
También la Comunidad de Madrid mostró interés por este edifico protegido. Su intención era convertirlo en un centro hospitalario para enfermos crónicos y de la larga estancia para descongestionar el Hospital Clínico. Por su parte, el departamento de Margarita Robles no ha podido destinar esta manzana entre las calles de Isaac Peral, Donoso Cortés, Joaquín María López e Hilarión Eslava a edificar parte de las 20.000 viviendas anunciadas por Pedro Sánchez.
Joya inmobiliaria de Defensa
La ubicación del edificio y su tamaño lo hacía especialmente vendible y hubiera sido un auténtico pelotazo inmobiliario para Defensa. El departamento de Robles cuenta con otros activos inmobiliarios en la capital que se han subastado en el pasado pero no han encontrado comprador. Uno de ellos es el antiguo Archivo Histórico Militar, actual sede del Laboratorio de Ingenieros del Ejército y la Subdirección General de Personal Civil. Se trata de 15.000 metros cuadrados en plena calle de la Princesa de Madrid, con una fachada de 645 metros.
Defensa puso en marcha hace una década un plan para desprenderse de la mitad de bienes inmuebles y solares que tenía en aquel momento. La denominada Propuesta de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario comprendía 80 actuaciones que afectarían a 203 instalaciones incluyendo el cierre, total o parcial de 181 y la firma de convenios con otras administraciones públicas para la utilización de las 22 restantes.
Según ese plan, que estaba dividido en dos fases, para las 80 actuaciones significaba la liberación de 6.936 hectáreas -el 20,6% del suelo urbano de Defensa y el 4,5% del rústico- si se conseguía ejecutar en su totalidad. La inversión prevista era de 807 millones de euros y un ahorro anual estimado de 37 millones por liberar estos terrenos.