Escrivá dice que España «no tiene intención» de hacer una lista de proveedores vetados en el 5G
El Gobierno están mirando con el «máximo cuidado» la autorización de la fusión entre Orange y MásMóvil
El ministro para la transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá. | Fernando Alvarado (EFE)
«España no tiene ninguna intención de hacer un listado de proveedores de alto riesgo de 5G ni hay ningún marco europeo que se lo exija». Así de escueto ha sido el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, durante el desayuno de Nueva Economía Fórum realizado este viernes. El también responsable de Función Pública ha intentado poner fin al debate sobre el futuro de esta prerrogativa que se incluyó en la Ley de ciberseguridad de 5G aprobada hace dos años, pero que nunca se activó ni se puso en marcha.
Escrivá ha sido un poco más tajante tras algunos meses de ambigüedad del ministerio. En su intervención ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso para presentar las estrategias y líneas generales que llevará a cabo su cartera durante la XV Legislatura ya indicó que el Ejecutivo español prefiere no identificar proveedores vetados, sino que decidir «caso a caso» y dependiendo de la convocatoria o caso específico.
De esta manera, después de la última polémica con las operadoras de telecomunicaciones por la orden de bases para las ayudas ÚNICO Activas 5G rural y pese a la petición expresa de la Unión Europea de limitar el acceso de proveedores chinos de las infraestructuras digitales críticas, incluso las ya construidas, el Gobierno español sigue manteniéndose de perfil y confiando en que sus movimientos normativos fuercen a las operadoras de telecomunicaciones a eliminar a estos suministradores, aunque sin prohibirlos de manera explícita.
Orange y MásMóvil
Las declaraciones de Escrivá se producen a solo tres días del comienzo del Mobile World Congress (MWC), la gran cita anual del sector y ante los principales directivos del sector de las telecomunicaciones y de la tecnología, que han acudido a conocer de primera mano los planes de la cartera de nueva creación. De hecho, la nueva joint venture de Orange y MásMóvil acudió con sus dos CEO y principales directivos, Meinrad Spenger y Ludovic Pech, que por primera vez acudieron a un acto público tras recibir esta semana la autorización de Bruselas.
«Estamos examinando con el máximo cuidado por el carácter estratégico que esto implica. La nueva normativa europea nos dice que las operadoras de telecomunicaciones deben responder a un principio tener una seguridad económica europea y nacional y esta es la norma que estamos utilizando para evaluar estos procesos corporativos (en referencia al Libro Blanco de infraestructuras que publicó esta semana la Unión Europea). Lo vemos con el máximo interés y máxima responsabilidad«, señaló poniendo el foco en el proceso de traspaso del espacio radioeléctrico de las compañías.
La SEPI y Telefónica
Respecto de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Telefónica, una operación anunciada en diciembre, pero que todavía no ha sido ejecutada, Escrivá ha pedido que se deje trabajar con tranquilidad al Ministerio de Hacienda, encargado de montar financieramente la compra de hasta el 10% de la operadora. «He trabajado diez años en banca de inversión, por lo que sobre este tipo de operaciones hay que dejar a los que estructuran la operación que la desplieguen a su ritmo y con la máxima discreción», ha indicado.
Por otro lado y a nivel regulatorio, Escrivá recordó las prioridades de su cartera para esta legislatura. En primer lugar, volvió a poner sobre la mesa el trabajo que se está realizando en el sentido de aprobar una regulación de sostenibilidad de los centros de datos, «porque son instalaciones que están viviendo una explosión de crecimiento en España y que hacen un elevado consumo energético y de agua», indicó el ministro. El Ejecutivo cree que es importante poner en marcha un marco regulatorio en este terreno y ya está con los trabajos preparatorios de la nueva norma.
Escrivá y la ciberseguridad
El ministro cree que precisamente a partir de esta normativa se podrán solucionar los problemas que se están produciendo en estos momentos entre la voracidad inversora en el sector y las trabas en cuanto a potencia energética para poner en marcha estas infraestructuras. Madrid es una de las ciudades que se está constituyendo como un polo de atracción, pero ya se advierten problemas para instalar estos centros de datos por la reducida capacidad energética para desarrollar esta industria.
Escrivá también ha recordado la importancia fundamental de aprobar en esta legislatura una Ley de Ciberseguridad que tenga una visión integral y ordene las funciones y competencias que tienen todos los organismos que trabajan en ciberseguridad en España, como es el caso del INCIBE y coordine los esfuerzos de toda la Administración pública y la empresa privada en el sector. El objetivo es prevenir los ataques informáticos que han aumentado exponencialmente en empresas, particulares y administraciones.
