Yolanda Díaz planea un 'gran hermano' para vigilar en remoto el horario de los trabajadores
Trabajo estaría estudiando registros individualizados, con sanciones económicas por cada empleado
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno. | Europa Press
Hace apenas dos semanas, el Ministerio de Trabajo avanzaba una nueva línea para adelantar en la reducción de la jornada laboral, asunto que, de momento, sigue en el mesa de diálogo social. En este caso, se trata de un nuevo mecanismo para controlar el horario de los trabajadores, de forma que, si no se cumple con la normativa establecida de horarios de descanso y el cobro de las horas extra, recaerá una sanción sobre las empresas.
Según fuentes conocedoras del embrionario sistema, la herramienta de control es lo que más ha llamado la atención a los expertos, pues se trata de un control remoto, vía online, que permitiría, mediante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en tiempo real, monitorizar en cualquier minuto del día la actividad de los trabajadores de manera individualizada y con sus sanciones correspondientes.
Pero el objetivo no es ese, expresa el ministerio que dirige Yolanda Díaz, sino evitar el fraude que pudieran cometer las compañías con la actividad de sus trabajadores. Sin embargo, según plantean las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, la duda está en si un método de este tipo cumple con la seguridad jurídica deseada, con la protección de datos del trabajador y con la proporcionalidad de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pide accesibilidad a los datos, transparencia y fiabilidad o, si por el contrario, este engranaje, a falta de encaje legal, es en sí un método procedimental de factura recaudatoria, que recuerda más al conocido personaje del Gran hermano, de la novela de George Orwell, 1984 o, a la célebre y premiada película alemana La vida de los otros, donde un agente de la Stasi (policía secreta de la RDA) recibe el encargo de espiar a un escritor y a su novia.
Normativamente, hay que remontarse al 14 de mayo de 2019, cuando el TJUE hace una serie de requerimientos a los Estados miembros, a tenor de una denuncia interpuesta por un sindicato, en España, solicitando saber si la empresa cumplía con las limitaciones de la duración de la jornada de trabajo, basándose en el derecho nacional y en el europeo, además de las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional. El TJUE, en su sentencia (asunto C-55/18), resolvió que todos los países de la UE deben imponer a las empresas un sistema accesible, objetivo y fiable que permita registrar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. Desde entonces, España, como el resto de países miembros, tiene la obligación de aplicar un sistema de registro de la jornada de sus trabajadores en cualquier soporte, entre ellos, el papel, aunque es cierto que ya hay empresas que hacen lo hacen mediante un software de control horario.
Sanciones de manera individualizada
Para Eduardo Armas, letrado de la Administración de la Seguridad Social y profesor asociado de Derecho Laboral en la Universidad CEU Abat Oliba, el punto de partida es la posible manipulación de los registros hechos por escrito. De ahí que se pretenda un control más efectivo de la jornada laboral, teniendo en cuenta los requerimientos que el TJUE hizo en 2019 sobre registros que hasta ahora no se hacían.
Y es que las líneas de trabajo del negociado de Díaz –apunta Eduardo Armas– plantean seguimientos individualizados de los trabajadores, con sanciones que podrían llegar hasta los 10.000 euros si no cumplen con la normativa de registro horario, lo que no parece muy proporcional.
Pero esa obligación, reconoce Armas a este diario, no impide que se planteen dudas al respecto, como «el coste para implementar la medida en determinadas empresas, las garantías de protección de los trabajadores o cómo se regula esa entrada de la inspección de Trabajo y en qué momento». Dicho de otro modo –explica Armas–, «qué instrumento normativo se va a dar a una medida que, hoy por hoy, no es directiva de la UE. Es solo una recomendación, cuando lo idóneo es que un acuerdo pleno de los agentes sociales, sindicatos y patronal».
Inseguridad jurídica
Hasta la fecha, el registro de horario en España no exige que éste tenga que ser telemático. Claro que, hasta hace poco, en nuestro país estaba permitido el registro de datos biométricos, que desde hace unas semanas ya no lo está, a partir del momento en que el Comité Europeo de Protección de Datos unificó el criterio de Autenticación e Identificación de datos biométricos, contradiciendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que permitía el uso del reconocimiento facial o la identificación por huella dactilar como método para fichar en el trabajo.
Esta confusión, variedad y cambios permanentes son lo que está provocando la falta de seguridad jurídica de la que habla para este diario Fernando Calvo, director de Europa del Sur de Hays, de People & Culture. Para empezar, señala Calvo, «si el Gobierno quiere un control remoto de la jornada laboral, primero tendrá que cambiar la ley y, por otra parte, establecer las reglas para mantener la protección de datos y al tiempo aclarar qué empresas vas a estudiar o, por ejemplo, puntualizar si esos controles también los vas a hacer en la Administración, donde por cierto, la reducción de la temporalidad es menor que en el sector privado».
En opinión de Calvo, tiene sentido que se hagan registros de horarios,»pero si te pagan por horas, porque hay trabajos que te pagan por la productividad». Asimismo, diferencia entre el razonable cumplimiento de las empresas grandes, a las que les cuesta menos que a las pymes, lo que acaba generando inseguridad jurídica.
«Sanciones millonarias»
José Luis Yzuel Sanz, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, habla abiertamente del registro horario que está postulando Yolanda Díaz –y más allá de la propuesta de cerrar antes los restaurantes–, sostiene que a su modo de ver «es una Gestapo en toda regla, especialmente en las empresas de más de 50 trabajadores». Y no solo eso, subraya a TO, «también quieren que los registros sean individuales, y por tanto, las sanciones vengan por el número de trabajadores, lo que no pasaba hasta ahora».
Dicho de otro modo –señala Yzuel–, actuaciones que lo que «persiguen son sanciones millonarias que van a traer cierre de empresas, cuando este país lo que tiene que hacer es desarrollarse en derechos, pero de manera sostenible y sin aumento de costes». «¿Por qué no hablamos de productividad o de bajas? –resalta–. Porque esos son los temas que nos preocupan».
La punta del iceberg
Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos de España también aborda este asunto. Mantiene que esta es la primera vez en su vida en la que está realmente preocupado de que en una mesa de diálogo social, hablando sobre el registro horario, que solo va a poder ser digital, alguien de la Administración supuestamente comentase, como si de fútbol estuviese hablando, una auténtica perla: ‘Se quiere tener una conexión online por parte de la Administración a los registros horarios, digitales, para controlar lo que está pasando con ésto‘. Ahí es nada».
«No sé si es verdad o no –resuelve Santiago–. Lo cierto es que quien me lo cuenta me ofrece todas las garantías, y el tiempo lo confirmará. Si les soy sincero, a estas alturas –añade–, no me extraña nada. Se me ocurre, de entrada, que es una buena idea para acabar con el paro. Y es que siempre puede contratar a tres millones de personas –afirma– con el objetivo de colocar un empleado público en cada empresa española para que controle lo que pasa en ésta». Sin embargo –concluye el presidente de los Gestores Administrativos– creo, definitivamente, que no es este el interés buscado con la propuesta. Es solo la punta del iceberg».
