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Economía

El Gobierno lleva un año sin reunir a sus expertos en seguridad energética

La UE plantea prohibir el gas ruso, mientras en España el hidrocarburo de Putin representa el 18% de las importaciones

El Gobierno lleva un año sin reunir a sus expertos en seguridad energética

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press

El Gobierno lleva un año sin reunirse para hacer un seguimiento de las más de setenta medidas contempladas en el Plan Más Seguridad Energética tras la invasión rusa de Ucrania. Tuvo lugar en el tercer trimestre de 2022, meses después del inicio de la guerra y con el objetivo de contener el escenario energético tras limitar la compra de productos energéticos rusos. Ahora, y en plena «crisis» en Europa por romper de forma definitiva con el hidrocarburo de Vladimir Putin, el Gobierno reconoce en una pregunta en el Congreso que solo ha reunido a su comité de expertos tres veces, y que la última vez fue en marzo de 2023.

El grupo de trabajo para la coordinación de la crisis de energía a consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia está presidido por la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y está integrado por representantes de los siguientes organismos: catorce ministerios, como el de Agricultura, Economía, Hacienda, Presidencia, Industria, Interior, Transporte, Ciencia, entre otros. Además destaca también el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Según reconoce el Ejecutivo, «este grupo se ha reunido en tres ocasiones desde su creación (entre julio de 2022 y marzo de 2023). Los miembros del grupo de trabajo, que permanece hoy activo, no perciben retribución alguna por razón su pertenencia». Una situación que genera dudas en el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que preguntó en hasta dos ocasiones por este asunto. Cabe recordar que el Gobierno lleva nueve años sin revisar el plan energético que ayuda a evitar los apagones.

La Estrategia de Seguridad Energética del año 2015 se llevó a cabo con el gobierno popular de Mariano Rajoy. Constó de 29 folios y, según su descripción, era un documento esencial para «desarrollar las previsiones establecidas de la Estrategia de Seguridad Nacional con respecto al ámbito de la seguridad energética, con el objeto de oriental la acción del Estado con visión anticipatoria, sobre la base de la singularidad energética de nuestro país». Desde el Gobierno guardan silencio sobre una actualización de este plan.

La pasada semana, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió en Bruselas una posición común a nivel de la Unión Europea sobre «cómo reducir o prohibir» las importaciones de gas ruso, incluido el gas natural licuado (GNL), procedentes de Rusia «cuanto antes». Fuentes de Bruselas aseguran a este periódico que «el paquete del gas, que acordaron el año pasado, da a cada Estado miembro la opción de limitar o detener el acceso del gas ruso y bielorruso a sus sistemas gasísticos, en determinadas condiciones. La votación plenaria del Parlamento Europeo está prevista para abril». Un mes que será clave para conocer las intenciones del Ejecutivo.

El contrato de gas con Rusia más famoso en España es el que mantiene la energética Naturgy con la empresa privada Novatek. El año final de ese contrato de suministro es cercano a 2040. La energética ha subrayado en más de una ocasión que ellos no han comprado ni «un solo kilovatio de más» del contrato pactado en 2013, y que se puso en funcionamiento en 2018. Por lo que abre un abanico de posibilidades a la existencia de otros potenciales compradores.

Tercer máximo suministrador

Según los últimos datos estadísticos Enagás (que hace alusión al mes de febrero), Rusia se consolida como nuestro tercer máximo suministrador de gas, con el 18,9% de la cuota total en el último año. Solo superado por dos países: Argelia (22%) y Estados Unidos (30%), y además aventajando a otros países, como Nigeria (que tiene el 12,7%) y Francia (con el 3,6%). Una realidad que demuestra la considerable dependencia que tiene España de los metaneros de GNL (gas natural líquido) rusos.

Desde la embajada de Rusia mantienen el silencio tras las últimas informaciones relacionadas con una posible prohibición del hidrocarburo por parte de la Unión Europea. Desde que se hiciera un reajuste importante en la embajada situada en Madrid, que provocó la salida del embajador y el consejero económico y comercial, la diplomacia rusa ha cerrado sus puertas, y la comunicación es prácticamente nula con el exterior. En 2022 aseguró que garantizaría sus contratos de gas con España y que estos solo estarían en juego según lo que hiciese Europa.

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