Ayuso y la polémica hoja de servicio del fiscal general: dos años auxiliando a Sánchez
Álvaro García Ortiz está inmerso en numerosas polémicas, todas ellas relacionadas con el Gobierno
Álvaro García Ortíz, fiscal general del Estado. | Europa Press
En apenas dos años, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se ha convertido en objeto recurrente de críticas por el supuesto servilismo brindado al Gobierno. Al menos hasta en cinco ocasiones García Ortiz ha llegado a demostrar, con su manera de hacer, que el Ministerio Fiscal trabaja para el Ejecutivo.
Ahí está su intervención y filtraciones en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso; el freno del caso Koldo para que la información no llegara a los medios de comunicación antes de las elecciones del 23-J o su exacerbado interés en colocar a Dolores Delgado -exministra de Justicia con Pedro Sánchez- como fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Sin olvidar su obstinada obstrucción contra el fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, adscrito al caso Villarejo, o cómo corrió para remitir a la Fiscalía de la Audiencia la denuncia del PSOE por la piñata de Sánchez.
Fue Sánchez quien con motivo de una entrevista radiofónica sentenció que la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno, robusteciendo su respuesta con un «pues eso». Aquella aseveración resuena estos días al tratar de dilucidar si el papel que hasta ahora ha desempeñado la Fiscalía General y su fiscal jefe, Álvaro García Ortiz, está acompasado con las principales funciones del órgano, que reside en la garantía al respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas.
El caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en entredicho que tal cometido se haya cumplido. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señalado por dos delitos fiscales y falsedad en documento, ha perdido el derecho a su defensa, en una cuestión legítimamente establecida como es el sistema de conformidad con la Fiscalía, una vez que éste reconoce los dos delitos fiscales y se aviene a negociar pagando la infracción establecida.
La Asociación de Abogados de Madrid profundiza en ello, y sin entrar a valorar el cargo que alcanza a Alberto González Amador, ha acudido a la vía penal contra el ministerio público, precisamente por privar a su abogado, Carlos Neira, de ejercer el derecho de defensa que le asiste.
Fuentes tributarias recalcan que el expediente de la pareja de Ayuso es un informe estándar en la AEAT, expendiente de manual, que salta cuando los datos con los que cuenta la Agencia Tributaria se cruzan y existe por tanto constatación de un delito objetivo y también subjetivo por la responsabilidad del investigado sin entrar en más detalles de nombres.
Una vez visado el asunto por los responsables pertinentes, desde el jefe, la junta de coordinación, el inspector regional y el delegado especial -explican- y habiéndose determinado el delito, el expediente de marras entra directamente en la Fiscalía.
El modus operandi
Y es por este asunto concreto, por lo que en el Ministerio Fiscal, y concretamente por la intervención del fiscal general del Estado, por lo que se disparan todas las alarmas. Primero, porque es la vicepresidenta primera, número dos del Gobierno y número dos del Partido Socialista -además de ministra de Hacienda- quien ataca ante los medios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que acusa por vivir en un piso que se ha pagado con las comisiones de las mascarillas vendidas en tiempo de pandemia.
Esta revelación cobra más importancia si cabe cuando ella afirma haberse enterado por los medios de comunicación, aunque la noticia en sí se publica horas más tarde. Y también cobra relevancia, cuando días después la Fiscalía de Madrid emite un comunicado, al parecer sin la firma de la fiscal jefe, con la revelación de las conversaciones entre el fiscal que lleva el caso y el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira. Conversaciones, que dejan a la vista la negociación dentro del sistema de conformidad, y en las que queda meridianamente diáfano que el cliente de Neira asume su responsabilidad fiscal con Hacienda.
De nuevo, la Fiscalía General del Estado en el centro neurálgico de una presunta «operación política de diseño» de la que la Agencia Tributaria se quiere desligar, no sin antes insistir, en que el trabajo realizado por ellos ha sido y es escrupuloso, mientras censura la improcedencia de la revelación de los datos, práctica que supone «un destrozo institucional, plagado de informaciones erróneas, confusas e interesadas».
