Ocho datos clave para entender el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso

Alberto González Amador, actual novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva ya varias semanas acaparando la mirada pública. Actualmente está siendo investigado por dos delitos de fraude y uno de falsedad documental. En concreto, el 23 de enero la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió las diligencias de investigación penal tras haber recibido una denuncia de Hacienda. Ese fue el pistoletazo de salida de un escándalo en el que mucha gente se pierde. Por eso aquí damos ocho claves para entenderlo:

1. Orígenes

Esta demanda fiscal hacia Alberto González Amador tiene su origen en las comisiones obtenidas por la venta de mascarillas por un valor de dos millones de euros. Este dinero lo cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. El contrato por la mediación de mascarillas se aprobó desde el Ministerio de Sanidad, que en ese momento estaba dirigido por Salvador Illa.

A ello hay que sumar que, a través de falsas facturas y sociedades pantalla, González Amador defraudó presuntamente a Hacienda a través del Impuesto de Sociedades 155.000 euros en el año 2020 y otros 195.951,41 euros en el 2021. La suma total de la cantidad defraudada, a partir de la falsa facturación de las empresas propiedad del novio de Ayuso, ascendería a 350.951,41 euros, quedando así por encima de la cifra mínima para que exista delito fiscal, que se sitúa en los 120.000 euros por ejercicio.

2. Supuesto fraude

Durante la pandemia, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid adquirió dos sociedades. Los nombres de estas son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. A través de estas empresas, González Amador intentó desviar parte de sus beneficios logrados por las comisiones de las mascarillas.

La estrategia que siguió para conseguir sus objetivos se basaba en las facturas falsas para minimizar el importe del Impuesto de Sociedades a los que tenía que hacer frente en base a sus beneficios. De hecho, como destapó El Diario, sus compañías «presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios». Estas facturas ascienden a 1,7 millones de euros haciendo que se desgravase gastos que en realidad nunca se llegaron a realizar.

3. Cronología de la denuncia

González Amador, a día 2 de febrero, confesó los delitos cometidos frente a la Fiscalía para así llegar a un acuerdo. A día 12 de febrero, el fiscal contestó por correo electrónico y tomó nota «de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas».

El 12 de marzo, una semana después de que esa denuncia llegase al decanato de los jueces de Madrid, el fiscal encargado del caso remitió la denuncia por escrito al abogado de González Amador. Ahí le insiste en que el hecho de que hubiera otras personas denunciadas en el mismo procedimiento no obsta para que alcanzar una conformidad penal. Hay que recordar que, dentro de la denuncia que engloba a Amador, hay otros tres imputados que también tienen relación con las comisiones.

De esta manera, el novio de Díaz Ayuso quería evitar el juicio consecuencia del informe presentado por la Agencia Tributaria que denunciaba las irregularidades de las acciones acometidas durante la pandemia.

4. Filtraciones

Los acuerdos con la Fiscalía para evitar juicios son una práctica que ya se ha visto con anterioridad. Pero la característica diferencial del caso de González Amador es que este acuerdo se filtró a los medios con una rapidez excepcional tras enviarse la comunicación de su abogado nombrada unos párrafos atrás.

Tal como afirmaron fuentes políticas a THE OBJECTIVE, dicha filtración podría haber venido por parte de la Fiscalía, aunque fue la ministra de Hacienda la que llevó a cabo las primeras declaraciones ante la prensa. En ellas daba casi toda la información sobre las negociaciones de la Fiscalía con el abogado de Alberto González Amador. Estas declaraciones se realizaron cuatro horas antes de que eldiario.es publicase la noticia que destapaba el hecho.

5. María Jesús Montero

La ministra María Jesús Montero requirió que la presidenta de la Comunidad de Madrid diese explicaciones y actuase «con absoluta transparencia respecto a si efectivamente» estaba «viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Esto daba a entender que la ministra ya conocía esta información antes de ser publicada por los medios de comunicación.

Por ello, el novio de Isabel Díaz Ayuso presentará una querella contra la ministra Montero por revelación de secretos. Además, a esta querella suma a la Agencia Tributaria y la Fiscalía, también por revelación de secretos.

6. Isabel Díaz Ayuso

Teniendo en cuenta la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el implicado en el supuesto fraude, esta alegó que el Gobierno está «a la desesperada» contra ella y ha tildado de «chavista y gravísimo» que se estén «utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario». «Eso es lo profundamente ilegal y lo que se está investigando», insistió la mandataria regional. Además situó lo ocurrido como «la estrategia de defensa de un particular» y criticó que la inspección fiscal a este esté «dando vueltas por todos los medios de comunicación».

Más adelante hizo mención al escándalo que salpica a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegando que «está envuelta en una trama por la que nadie da una sola explicación», que tienen que ver con «aerolíneas y con ministerios», en la que hay «veinte personas que han sido detenidas» y en la que se habla de «pistolas» y de «rulos de dinero». Terminó reiterando que es «gravísimo que se utilicen todos los poderes del Estado contra un particular».

7. Álvaro García Ortiz

Otro de los salpicados por toda esta trama ha sido el fiscal general del Estado. Fue el periódico El Mundo el que destapó que «Álvaro García Ortiz habría ordenado difundir una nota de prensa que desvelaba conversaciones secretas (durante el periodo de negociación del caso) entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía». En ella se admitían los delitos tributarios así como el pacto al Ministerio Público por parte del novio de Ayuso.

Tras la publicación de esta información, la mayoritaria Asociación de Fiscales defendió «el deber de confidencialidad que afecta al derecho de defensa» y pidió la renuncia de García Ortiz. Aunque no es la única. Tras la imputación de Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo y su sentencia sobre «desviación de poder» por el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicitó también la dimisión de García Ortiz.

8. Declaraciones de partidos

A todo este escándalo también se suman las continuas acusaciones y solicitud de dimisiones por parte del PSOE. Este, teniendo que hacer frente a todos los problemas de corrupción derivados del ‘caso Koldo’, no desperdicia oportunidad de pedir explicaciones a Ayuso sobre todo lo ocurrido. Por ejemplo, el ministro de Transportes, Oscar Puente, acusó a Ayuso de «ser partícipe en título lucrativo de los delitos» de su pareja e hizo alusión a si su piso fue pagado con parte de ese dinero.