Así están las cosas
«La mayoría Frankenstein es tan precaria y tan expuesta a toda clase de accidentes que no puede embarcarse en ninguna iniciativa legislativa»
María Jesús Montero.
El miércoles pasado, 20 de marzo de 2024, vi en televisión las respuestas de los distintos miembros del Gobierno a las interpelaciones de la oposición. Ninguno de ellos hizo mención alguna a las palabras que se les habían dirigido y ¡todos! se limitaron a pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues bien, ahora resulta que el control del Gobierno consiste en que éste eche toda la basura no sobre una adversaria sino sobre su pareja sentimental, que nada tiene ni ha tenido que ver con la política. Este señor, González Amador, se ha visto maltratado indecentemente por la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los medios afines al sanchismo, saltándose todos ellos las leyes que protegen la privacidad. Conviene recordar aquí algo de lo escrito en este periódico por Ignacio Ruiz-Jarabo, que fue directivo de la Agencia Tributaria:
«Tenemos una ministra de Hacienda que ha cometido el grave ilícito de desvelar públicamente los datos secretos de un contribuyente que no eran conocidos hasta entonces. Además, lo ha hecho ante las cámaras de numerosas televisiones en lo que implica una evidente constitución de prueba auto inculpatoria. Pero al hacerlo, la propia ministra ha confesado públicamente -de modo implícito pero innegable- que disponía ilegalmente de una información secreta de la que no podía disponer dada la prohibición legal existente al respecto».
«Y cometió otro ilícito más utilizándola para una finalidad prohibida por el ordenamiento legal, que prohíbe que los funcionarios y las autoridades utilicen los datos fiscales de un contribuyente para lo que no sea la estricta gestión tributaria».
Pero volvamos al Parlamento y al sanchismo: nada más anunciarse que el 12 de mayo habrá elecciones en Cataluña, Sánchez anunció que no presentaría la Ley de Presupuestos y casi nadie ha recordado que la Constitución Española le obliga a presentarla. En efecto, el artículo 66.2 de la Constitución señala las tres principales funciones de las Cortes Generales: ejercer la potestad legislativa, aprobar los presupuestos del Estado y controlar la acción del Gobierno. Añade una remisión genérica a «las demás competencias que les atribuya la Constitución». Pues bien, estas Cortes Generales no están capacitadas para cumplir ninguna de esas tres funciones esenciales, ni lo estarán mientras se mantengan los equilibrios políticos que diseñó Sánchez al inicio de su mandato.
«El trámite de cualquier proyecto de ley se convertirá en una tortura plagada de incertidumbres para Sánchez»
La composición de las dos Cámaras y sobre todo la política de alianzas que ha trenzado Sánchez hacen imposible que la actual legislatura funcione. La mayoría Frankenstein es tan precaria y tan expuesta a toda clase de accidentes que no puede embarcarse en ninguna iniciativa legislativa. El trámite de cualquier proyecto de ley se convertirá en una tortura plagada de incertidumbres para Sánchez. Y el recurso abusivo al decreto-ley se hace aún más peligroso, porque 30 días más tarde hay que convalidarlo en el Congreso y en cada una de esas votaciones llueven los chantajes de los separatistas.
Por supuesto, la nueva fórmula de financiación autonómica nunca verá la luz y las demandas imposibles de ERC se quedarán en las nubes. En este sentido es muy cierto lo que a este propósito ha escrito Ignacio Varela.
«Un gobernante deja de serlo, y se convierte en mero gestor de intereses ajenos, cuando pierde la autonomía y la posibilidad de decir no a quienes a la vez lo matan y le dan la vida. Es el caso de este presidente que paga porque le llamen guapo. Mientras tanto, el Parlamento solo funciona como escenario de un aquelarre que cualquier persona sensata prohibiría ver a sus hijos».
