¿Reconciliar es dividir?

Según los medios de comunicación del Régimen y los partidos políticos de la «coalición progresista», la amnistía ya está, de hecho, concedida: su paso por el Senado es un mero, aunque enojoso, trámite, y los posibles recursos judiciales a su aplicación, algo sin importancia y fácilmente superable. 

Incluso Puigdemont parece ser que ya está haciendo las maletas para entrar triunfante en Cataluña y ser investido como presidente de la Generalitat, como su presidente legítimo, claro, incluso no sabe exactamente por qué se han convocado elecciones en Cataluña: la amnistía es el símbolo de que los hechos de septiembre y octubre de 2017 son legítimos porque responden a los principios democráticos más elementales: él no ha dejado nunca de ser presidente.

En efecto, para Puigdemont y compañía lo antidemocrático fue aplicar el art. 155 de la Constitución y destituirle. Pronto pedirán los nacionalistas catalanes que se declare culpable a Rajoy y su Gobierno  por promover un golpe de Estado mediante la aplicación de este artículo. Lo han dicho muchas veces y en cuanto se sientan amnistiados lo repetirán y, si ostentan influencia en el futuro gobierno, insistirán en ello. 

Saben de la debilidad objetiva de Sánchez desde el punto de vista parlamentario y la facilidad con la que, al final, siempre accede a todas sus peticiones. Sólo hace falta pulsar la palanca para conseguir lo que pretendes. Al fin y al cabo, el significado profundo de una amnistía es este: eximir de responsabilidad penal a ciudadanos que, en aplicación de la legislación vigente, deberían ser considerados culpables. 

Pero hay obstáculos que el Gobierno español intenta ocultar. Uno muy visible ha sido el reciente dictamen de la Comisión de Venecia. Los titulares de los medios de comunicación del Régimen al día siguiente de conocerse deformaban totalmente su contenido. Y el ministro Bolaños dijo en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado lo siguiente: «Según la Comisión de Venecia, [la amnistía] es una herramienta política y constitucional útil y necesaria para la reconciliación y para superar  el conflicto político en Cataluña». 

«La Comisión de Venecia sostiene que esta amnistía ha generado ‘una profunda y virulenta división’»

Falso, exactamente al revés. Lo que dijo la Comisión de Venecia es que las amnistías, en general, pueden ser útiles y necesarias para reconciliar y superar conflictos pero no ésta en concreto que se quiere aplicar a los responsables del funesto intento de golpe de Estado de 2017. Respecto a esta ley de amnistía, sostiene esta Comisión consultiva del Consejo de Europa, que ha generado «una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española». 

Por tanto, lo que ha señalado la citada Comisión es que si se cumplieran ciertas condiciones podría ser útil y necesaria pero que estas condiciones no se cumplen.  Y enumera unas cuantas. 

Entre ellas, como más evidente, que se aprueba por una mayoría no cualificada. Las leyes orgánicas, la mitad más uno de los diputados, son una  mayoría cualificadas respecto a las mayoría simples de la leyes ordinarias, pero no la mayoría que requiere la Comisión: aquella que implique a la mayor parte de los ciudadanos. Tampoco se explica la Comisión la razón de que se haya aprobado de forma tan acelerada: no sólo por procedimiento de urgencia sino utilizando el mes de enero que es, junto a julio y agosto, el de vacaciones parlamentarias. 

Precisamente la Comisión señala que toda amnistía debe ser fruto de un diálogo pausado y reflexivo para que tenga el mayor apoyo social. Nada de esto se ha hecho sino todo lo contrario: decisiones atolondradas y sin explicación alguna, muchas de ellas pactadas en… ¡Suiza!, una comisión opaca de dos partidos bajo la supervisión de un  mediador internacional. 

«La Comisión de Venecia es un órgano consultivo, no tiene poderes políticos »

Bastantes más objeciones ha puesto la Comisión. Por ejemplo, que no se da razón de las limitaciones temporales (por cierto, si se amnistía a los responsables del procés, este empieza cada vez más pronto, ahora estamos en el año 2011… quizás lleguemos a 1980), que no se pueden amnistiar delitos de malversación o de terrorismo,  y que se debe respetar la independencia de los jueces para aplicar la amnistía, entre otros. 

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo, no tiene poderes políticos, sólo tiene influencia debido a su reconocida auctoritas, no emite juicios de constitucionalidad ni de oportunidad o conveniencia política. Solo habla desde los parámetros de lo que se entiende en el modelo político occidental por democracia y por Estado de derecho. 

Si las Cortes Generales, al aprobar la ley de amnistía, no cumplen con las condiciones señaladas por la Comisión quedarán ante el mundo como una democracia iliberal e imperfecta. Quizás le importe poco a Pedro Sánchez, ni siquiera al PSOE actual  y menos aún  a la «coalición progresista»,  pero sí espero importe a millones de demócratas. A la postre, la verdad siempre  aparece. 

Y en este caso, todos sabemos que la verdad es que un señor residente en Bruselas porque ha huido de la justicia española no quiere ir a la cárcel y chantajea a un presidente del Gobierno español que cede a todo para seguir siendo presidente del Gobierno. Esto lo saben aquí y en todas partes. Pero la Comisión de Venecia siempre es muy prudente, insinúa más que afirma. Y también este chantaje está insinuado en el texto del dictamen: «Los criterios para su aplicación [de la amnistía] no deben diseñarse para cubrir a personas específicas». 

Ahí está la verdad, la única verdad. La ley de amnistía no sirve para reconciliar sino para dividir, dividir la clase política, las instituciones, el poder judicial, la academia y la sociedad española. Esto lo dice la Comisión de Venecia. Y dividir es exactamente lo contrario de reconciliar. Pero el mentiroso siempre acaba pagando.