La utilización obscena de la Agencia Tributaria

No necesito decir que ideológicamente me sitúo en las antípodas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, especialmente en materia económica, y no digamos fiscal. Ella, aunque quizás sin saberlo, se mueve en los aledaños del neoliberalismo económico, mientras que yo lo he combatido siempre. Pero es que esto no va de derechas o de izquierdas, sino de Estado de derecho. Me refiero al follón que se ha armado con respecto al presunto fraude fiscal del novio; sí, he dicho novio, de Díaz Ayuso. Señor al que casi nadie conocíamos. Yo ni siquiera sabía que tuviese novio y la verdad, tampoco me importaba.

Resulta que este señor (creo que se llama Alberto González Amador) tiene cuentas pendientes con la Hacienda Pública. La Agencia Tributaria le acusa, al igual que a otros muchos ciudadanos, de haber defraudado al fisco. A unos más y a otros menos. Cuando el fraude sobrepasa los 120.000 euros por figura tributaria y año (no es acumulativo) se considera delito fiscal y pasa a la Fiscalía.

El sistema, curiosamente, es muy parecido en ambos casos. Si no se considera delito fiscal, la negociación es con el inspector de Hacienda. Suele haber cierto chalaneo. Si el acta es de conformidad, la sanción es menor, e incluso en muchos casos la cantidad defraudada, también. A Hacienda le interesa minimizar los contenciosos y a muchos contribuyentes no les compensa asumir los líos que acarrea litigar. La maldición del gitano: «Tengas juicios y los ganes».

En caso de delito fiscal el procedimiento es similar. Con la diferencia de que la negociación es con el fiscal. En muchas ocasiones el interés suele ser recíproco. La Administración de Justicia pretende ahorrar procesos, teniendo en cuenta que los temas son complicados y no existen ni fiscales ni jueces especializados en materia tributaria. Y muchos contribuyentes, aun cuando piensen que finalmente ganarían el pleito, pueden considerar que no merece la pena arriesgarse, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de prisión de uno a cinco años.

Desde este punto de vista, importa poco quién plantee la negociación. Aun cuando en las actas de conformidad o en el pacto con el fiscal se reconozca formalmente la infracción y el delito, en muchos casos no obedece a una verdadera confesión, sino a la conveniencia de no arriesgarse a un resultado incierto. Los temas fiscales son intrincados y nunca se puede estar seguro de cuál va a ser el resultado de un juicio. Por otra parte, a menudo en una infracción es difícil distinguir lo que es simple equivocación o diferencia en criterios de interpretación del ánimo de delinquir y engañar.

«Anualmente por término medio se mandan a la Fiscalía 500 casos de delito fiscal. Ninguno es noticia excepto que afecte a un famoso»

Todo ello lo tendría que saber el señor Lobato, ya que es funcionario de Hacienda, bien es verdad que del grupo A2 (no del A1); pero a pesar de ello no parece lógico que gritase como un poseso en el Parlamento de Madrid, dando una interpretación al hecho que no tenía, tanto más cuanto aún no se había llegado a ningún acuerdo y todo lo más se estaba negociando. Claro que, para contorsionarse, la sucesora de la mujer, médico y madre, que para ganarse el puesto se transformaba en el niño del exorcista.

Vaya por delante que este procedimiento seguido por la Fiscalía no es precisamente de mi agrado, porque al final el delito fiscal queda desnaturalizado, ya que casi todo el mundo termina arreglando el problema con dinero, sobre todo aquellos que lo tienen en demasía.

Anualmente por término medio se mandan a la Fiscalía 500 casos de delito fiscal. Ninguno de ellos es noticia excepto que afecte a un famoso, artista, futbolista, etc., a los que normalmente se les acusa de cantidades mucho más elevadas que las que se manejan en el caso al que nos estamos refiriendo. Ocupan espacio en la prensa más por curiosidad que por otros motivos, y no parecen sufrir sanción social alguna. Después de pagar a Hacienda, continúan manteniendo su fama y el hecho no influye en su carrera profesional. Lo que curiosamente contrasta con lo que ocurre en los casos de acoso sexual, aun cuando hayan transcurrido muchos años y no existan demasiadas pruebas.

Parece que ser novio de la presidenta de Madrid le convierte a uno no solo en más famoso que los famosos, sino también en más culpable, y no solo eso, sino que transmite la culpabilidad a su novia. Nos situamos así en la moralidad del Antiguo Testamento en el que las culpas de los padres (ver Juan 9, 2-3) se transmiten a los hijos; en este caso sería a los novios.

«Calviño, Duque y Rodríguez saltaron a la opinión pública en 2021 por tener sociedades interpuestas para evadir impuestos»

Pedro Sánchez el otro día en el Congreso pidió cinco veces la dimisión de Ayuso (¡qué obsesión!) y aún sigue refiriéndose a ella en los mítines hablando de patriotismo. Y, por supuesto, sus acólitos, como monitos o monitas amaestrados, lo repiten siempre que pueden.

La memoria es frágil, pero no tanto como para que nos hayamos olvidado ya de Calviño, de Pedro Duque y de Pepu Rodríguez, que en 2021 saltaron a la opinión pública por tener sociedades interpuestas, con fraude de ley, para evadir impuestos. Pero ello no le importó demasiado a Sánchez, que no cesó a ninguno de los tres y eso que unos años antes cuando se conoció un caso similar, el de Monedero, afirmó que él fulminaría de su ejecutiva a quien tuviera una empresa para pagar menos impuestos de los que le correspondieran. Bien es verdad que esto lo manifestó cuando no era presidente del Gobierno, como diría Carmen Calvo.

Digo yo que a lo mejor habría cesado a los ministros si en lugar de ser ellos hubiesen sido sus parejas los que hubiesen cometido el fraude, porque lo del patriotismo al que se refirió Sánchez debe de ser preceptivo solo para los novios. Por cierto, ¿cómo sabe que el novio de Ayuso es de derechas?

La verdad es que Sánchez y su Gobierno deben de estar muy desesperados, tienen que ocultar tantas cosas que para despistar y embarrar el campo han de agarrarse a cualquier clavo ardiendo, y terminan empleando comodines totalmente chuscos. Eso ocurre en este caso. La relación de Ayuso con el señor González es particular, íntima y se supone que afectiva, sin ninguna formulación jurídica ni pública, por lo que únicamente se podría responsabilizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid si el señor González hubiese recibido algún trato de favor de esta Administración o si Ayuso hubiese intercedido en beneficio de él en alguna otra regida por el PP.

«Es difícil tomarse en serio que una persona tenga alguna responsabilidad en el delito fiscal de su pareja»

Nada de esto ha sucedido, parece ser que la intermediación de don Alberto fue entre dos empresas privadas y, para más inri, una de ellas a las que suministraba los artículos era al Ministerio de Sanidad, y no creo yo que Ayuso pudiera recomendarle mucho en esa ocupación…

Por más que, para acallar todo lo que les está viniendo encima, el sanchismo se empeñe en retorcer el tema, es difícil tomarse en serio que una persona tenga alguna responsabilidad en el delito fiscal de su pareja. Tan solo si estuviesen casados y en régimen económico de gananciales (que no es el caso), y, así y todo, la responsabilidad no sería penal sino tan solo civil, partícipe a título lucrativo, es decir, estaría obligada si fuese necesario a devolver solidariamente con el culpable lo defraudado, pero tan solo por la parte en que se hubiese beneficiado de ello.

Todo el asunto es ridículo y no tiene el mínimo sentido, es grotesco, chistoso. El problema es que la risa termina donde comienza la felonía y el caso Ayuso se convierte en el caso Montero o en el caso Sánchez, porque la verdadera gravedad de los hechos es que se hayan utilizado las instituciones del Estado, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria, como arma política para acusar al adversario.

Es evidente que la vicepresidenta primera ha cometido un delito muy serio: manifestar en público información fiscal de un particular y además con una finalidad espuria, la de dañarle o a través de él atacar al contrincante político. Ha establecido un precedente extremadamente peligroso. Que un gobierno use para sus intereses la Agencia Tributaria crea una inseguridad radical en la sociedad. Nadie que se le oponga, políticos, periodistas, empresarios, sindicatos, jueces, etc. podrán estar seguros. Pocas cosas pueden dañar más al Estado de derecho.

«Hay al menos un precedente y además también con la familia de Ayuso, con su hermano (es una fijación)»

Existe la sospecha de que no es la primera vez que el sanchismo usa estos métodos. Hay al menos un precedente y además también con la familia de Ayuso, con su hermano (es una fijación). Da toda la impresión de que Bolaños aprovechó la prepotencia de García Egea -que no admitía que nadie se le opusiese en el partido- para venderle mercancía averiada. Lo malo es que Pablo Casado y él la compraron, y sería gravísimo que el precio hubiese sido plegarse a la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional por el método tradicional y espurio de repartirse los nombramientos.

Que la mercancía era averiada apareció de forma fehaciente al ser desechado el caso por no encontrar nada delictivo, ni por parte de la Fiscalía Anticorrupción española ni de la europea. De todas formas, eso no es obstáculo para que recurrentemente Sánchez lo saque a colación, aun sabiendo perfectamente que el tema está archivado, al igual que saca a colación la famosa foto de Feijóo de hace 20 años.

Sánchez y sus acólitos son conscientes de que todo esto no tiene ningún fundamento y no creen que pueda tener electoralmente una incidencia directa, pero sí, indirectamente, al embarrar el campo y robar tiempo de telediario. Mientras se habla de Ayuso no se habla de la amnistía o de las cesiones que se están haciendo a los independentistas o de cómo se planifica el Gobierno y la política española en Waterloo o en Ginebra. Por un rato se deja en segundo lugar a Koldo, a Ábalos, a las maletas, a Air Europa, a Begoña y a Marruecos.

El sanchismo ha confiado siempre en distorsionar los hechos y construir una realidad paralela. Es experto en la representación, en la farsa, en lograr que la gente mire al dedo, en lugar de mirar a la luna; y, cuando no lo consigue, no tiene reparo en dar una patada al tablero para crear la confusión y que en ese maremagno todo aparezca igual y se termine desconfiando de toda la clase política.

Lo grave es que en ese intento de crear el caos no tiene ninguna vacilación en colonizar las instituciones y en valerse obscenamente de ellas. Así ha hecho en este caso con la Fiscalía y con la Agencia Tributaria.