Cataluña, capitalismo de amiguetes
«Lo que persiguen los independentistas es que el Estado se marche de Cataluña, y mientras, mandar también en España y aprovecharse del resto de los españoles»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Dentro de dos días vence el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe la ley de amnistía. Momento propicio para que aparezca de nuevo el discurso victimista. Sería chistoso y grotesco, si no fuese irritante y ofensivo, hasta provocador, escuchar continuamente a los líderes de Junts y de Esquerra exigir que se termine la represión en Cataluña.
El nacionalismo catalán ha inventado un mundo irreal y mítico, pero muy útil para sus fines. No solo es que reescriban la historia, es que además han creado determinadas fábulas con las que justifican sus demenciales planteamientos. En ese mundo de fantasía y paranoia, Cataluña aparece como víctima de toda clase de atropellos y de rapiñas. Es difícil de creer que una de las comunidades con mayor renta per cápita de España sea explotada por otras regiones, como Andalucía o Extremadura, con situaciones económicas mucho más desfavorables y cuyos naturales, para sobrevivir, tuvieron que emigrar en el pasado precisamente hacia ella. El mundo al revés.
El hecho es tan inverosímil que el nacionalismo precisa crear un fantoche, al que llaman Estado español, del que predican toda suerte de males y aberraciones. Construyen un ente abstracto, algo totalmente ajeno a Cataluña. Esta entelequia no tiene nada que ver con la realidad del verdadero Estado español, con sus luces y sus sombras, y compuesto por todas las comunidades, también Cataluña; y del que son responsables todos los españoles, también los catalanes.
Los nacionalistas, en su paranoia y en su afán de revestir ese muñeco al que llaman Estado español, se remontan en la historia y predican del resto de España los desafueros que con Cataluña hayan podido cometer los borbones y el franquismo, como si el resto de los españoles no hubieran soportado abusos e injusticias de esos regímenes, al menos en la misma proporción que los catalanes.
Pero, sobre todo, hay que hacer notar que la participación de los catalanes en la monarquía alfonsina, en la dictadura y en la democracia no ha sido diferente de la de los extremeños, castellanos o andaluces. Todos víctimas y culpables, porque los desafueros e injusticias no se han manifestado entre regiones, sino entre clases. Y refiriéndonos a épocas más recientes, a los gobiernos democráticos, no creo que sus aciertos y equivocaciones hayan incidido de distinta manera en Cataluña que en el resto de España.
«El capitalismo español ha estado lastrado por las presiones que las oligarquías económicas han ejercido sobre el pode político»
Mi buen amigo Carlos Sánchez ha publicado recientemente un libro titulado Capitalismo de amiguetes. El título es sugerente, pero la obra lo es más, porque de forma amena y sucinta nos describe cómo desde su orígenes el capitalismo español ha estado lastrado por las presiones que las oligarquías económicas han ejercido sobre los poderes políticos de turno.
Muchos serían los temas a comentar del libro, pero si hoy lo traigo colación es para fijarme tan solo en uno de ellos, el papel sumamente importante que vascos y catalanes tuvieron en esa camarilla que ha mandado durante los borbones, la dictadura de Primo de Rivera y la de Franco. Lean, lean y verán. Constatarán la cantidad de nombres vascos y catalanes que se encuentran dentro de ese capitalismo de amiguetes.
La comunión entre la monarquía alfonsina y el empresariado vasco, tal como afirma Carlos Sánchez, fue casi siempre total, lo que tuvo mucho que ver con la recuperación de los fueros. Y, en cuanto a Cataluña, baste citar el nombre de Francisco Cambó y la influencia que tuvo —y con él el poder económico catalán— en la política española del primer tercio del siglo XX.
Fue Cambó quien capitaneó a las oligarquías catalana y vasca y logró tumbar el proyecto de Santiago Alba para establecer el primer impuesto directo sobre beneficios empresariales, beneficios que se habían incrementado sustancialmente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.
«En la elaboración y aprobación de la Constitución del 78 Cataluña intervino como ninguna otra región de España»
Durante el franquismo, vascos y catalanes colaboraron con el régimen al menos en la misma proporción que lo hicieron los naturales de otras regiones, y el mismo o mayor porcentaje alcanzó los que se aprovecharon de la dictadura.
Uno de los principios que informaron la Constitución de 1978 fue el de encajar a todos los nacionalistas en España. Que se sintiesen a gusto. Una Constitución en cuya elaboración y aprobación Cataluña intervino como ninguna otra región de España. Siete fueron las personas nombradas entre todos los grupos parlamentarios para redactar la Constitución, de las cuales dos eran catalanas (una de CiU y otra del PSUC). Ninguna otra comunidad tuvo mayor representación.
La Constitución fue aprobada en las Cortes con la aquiescencia de Convergencia. En el referéndum para ratificarla, Cataluña ocupó el cuarto lugar en el porcentaje de votos positivos (90,46 %), solo superada por Canarias, Andalucía y Murcia (91,89, 91,85 y 90,77 %, respectivamente), por encima incluso de Madrid, y con una participación también bastante elevada (70%).
Esa Constitución que determina que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, que crea el Tribunal Constitucional y que determina el procedimiento a través del cual se puede reformar la propia Constitución (es decir, todo aquello de lo que ahora reniega el nacionalismo) no es una norma impuesta desde el exterior y por la fuerza, por un ejército de ocupación, sino el marco de convivencia que se dieron todos los ciudadanos españoles, entre ellos los catalanes, y que estos últimos aprobaron con mayor apoyo que, por ejemplo, el último Estatuto.
«Los partidos nacionalistas, en su papel de bisagra, han condicionado con mucha frecuencia al gobierno de turno de España»
A lo largo de estos años, la Constitución de 1978 se ha estirado como si fuera un chicle para proporcionar más y más encaje a los independentistas, hasta el extremo de que desde hace tiempo estas minorías tienen más derechos que la propia mayoría.
Hay que convenir, además, en que pocas comunidades habrán tenido más protagonismo en el autogobierno del Estado español que Cataluña; no solo porque muchos catalanes hayan ocupado ministerios y otros cargos de relevancia en la Administración española —en la misma proporción, cuando no mayor que los naturales de otras regiones—, sino también porque los partidos nacionalistas, en su papel de bisagra, han condicionado con mucha frecuencia al gobierno de turno de España.
Los intereses de Cataluña y del País Vasco han estado más presentes en las Cortes Generales que los de cualquier otro territorio español. Sería muy ilustrativo estudiar en las actas del Congreso las veces que aparecen las palabras Cataluña y catalanes, vascos y Euskadi y compararlas con las relativas a otras latitudes; el número de aquellas ganaría por goleada. La diferencia sería tan abultada que un extranjero que no conociese bien la estructura territorial del país pensaría que España se reduce a Cataluña, al País Vasco y poco más.
Resulta complicado entender cómo se puede decir desde Cataluña que el Gobierno español los explota si ellos han sido, en mayor medida que ninguna otra comunidad, el Gobierno español, y cómo comprender que el independentismo grite ahora libertad cuando durante cuarenta años ha coaccionado a la otra mitad de Cataluña y cuando recientemente ha sido el Gobierno de la Generalitat el que se ha rebelado contra la ley y la Constitución.
«Los independentistas no quieren ningún encaje. Con la amnistía pretenden dar por bueno el golpe de Estado»
A pesar de todo ello, los nacionalistas no se han sentido nunca a gusto y han pedido siempre más y más. Pero ha sido con Sánchez —y sus ambiciones— cuando las cesiones han dado un salto cualitativo, pactando en 2018 con aquellos que acababan de dar un golpe de Estado, y quedando el gobierno de España en cierta forma a su albur.
Tras las elecciones del 23-J y la entrada en escena de Puigdemont, las exigencias se han elevado al máximo y se demuestra una vez más que los independentistas no quieren ningún encaje. Con la amnistía pretenden dar por bueno el golpe de Estado y que se califique de represión la lógica defensa del Estado frente a sus agresores.
La amnistía en estas circunstancias es una aberración política porque es el reconocimiento de que el Estado se ha equivocado, de que la Constitución es odiosa y despótica y que los llamados golpistas no cometieron delito alguno, sino que habían defendido sus derechos y los del pueblo catalán, frente a un Estado que les había perseguido injustamente. Es más, que aquellos que habían aplicado la Constitución y las leyes que de ella se derivan habían actuado de forma inicua y abusiva.
No sé si de verdad están dispuestos a marcharse de España, lo que desde luego sí persiguen es que el Estado se marche de Cataluña, y mientras tanto mandar también en España y aprovecharse del resto de los españoles. En tales circunstancias resulta patético y el culmen del cinismo que se continúe afirmando, tal como hace el sanchismo, que la finalidad de la amnistía es pacificar Cataluña. Hay que estar ciego para negar lo evidente, que su aprobación es tan solo el precio que se pretende pagar para que Sánchez continúe en La Moncloa.
