'Elisa', la nueva herramienta de fondos UE, tampoco mide la ejecución real de las ayudas
Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que la plataforma prescinde de los datos de la contabilidad nacional
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, con el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. | Europa Press
Fuegos artificiales, o al menos eso parece tras conversar con distintas comunidades autónomas, especialistas e instituciones, a la hora de valorar el servicio que dará Elisa, la última herramienta del Gobierno de Pedro Sánchez, presentada por el Ministerio de Economía, para conocer la ejecución e impacto de las inversiones del Plan de Recuperación de los fondos Next Generation.
Toda vez que la plataforma Coffee no acaba de funcionar a pleno rendimiento -explican las comunidades a THE OBJECTIVE-, tampoco la herramienta Elisa vendría a subsanar los errores de los que adolece la plataforma de Hacienda, una herramienta que hace que en la práctica no se haya dejado de volcar los datos de ejecución de las autonomías en hojas excel y, que esto, se haya convertido en un clásico. Y es que Coffee-MRR -añaden las fuentes consultadas- «sigue siendo un mecanismo con pocas funciones, como de hace 20 años, que solo marcha con determinadas cosas, pero que no da soluciones prácticas y tampoco permite el intercambio de fichas, por lo que tienes que ir a una a una, dilatando el tiempo de trabajo».
Con la mejora de la plataforma Minerva -cuyo requerimiento de la Comisión Europea se centra en la lucha contra el fraude- y, Coffee por tanto a medio provecho, hace apenas unas semanas el ministro de Economía presentaba Elisa. Una presentación que había sido adelantada por este diario, al conocer del despacho de Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea , que Carlos Cuerpo la iba a oficializar con motivo de la visita a España del comisario Paolo Gentiloni y también del político letón.
Finalmente ese anuncio no tuvo lugar y la presentación se postergó unos días. Fue Carlos Cuerpo el encargado de desvelar, poco más tarde la naturaleza de la nueva herramienta creada para reforzar la comunicación y transparencia de la ejecución del PRTR. Sin embargo, y a falta de mayor desarrollo, las fuentes expertas consultadas insisten en que la herramienta «tiene lagunas y es incompleta, pues su función se limita a arrojar solo datos de la plataforma de contratación y de la base de subvenciones, y en el fondo repetir lo que ya hacen instituciones y consultoras; pero no es capaz de integrar información que viene de la contabilidad nacional y que sería la que nos daría la trazabilidad más fiable de la ejecución de los fondos».
¿Cuántos fondos se han transferido?
A este respecto, la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, sostiene que la herramienta Elisa «muestra un resumen incompleto del estado de ejecución de los fondos». Cierto es -añade-, que «nos muestra cuántas convocatorias hay resueltas, pero no cuántos fondos se han transferido ya a los beneficiarios últimos. Además -apostilla-, presenta los datos resaltando los proyectos que van bien y omitiendo los que van mal. Por ejemplo, sabemos que hay miles de ciudadanos y empresas en España que han solicitado fondos para instalaciones de autoconsumo, algunos llevan más de dos años esperando a recibir una respuesta de la Administración. Por eso -se pregunta-, ¿cuántas solicitudes de fondos se han hecho en total para este tipo de instalaciones? Y ¿cuántas están pendientes de resolver? Esto Elisa no nos lo muestra -recalca-. De modo que -concluye-, me preocupa que todos estos afectados pierdan la confianza en las instituciones y en los fondos europeos».
Una opinión que no dista de lo que fuentes de la Comunidad de Madrid confirman a este medio. Y es, que «Elisa no es capaz de detectar, por ejemplo, la nómina que se paga a los profesores a cuenta de los fondos Next Generation. Esa partida no aparece en la nueva plataforma, y son 90 millones de euros. Y no aparece -detallan- porque ese dinero no está catalogado ni como subvención ni como contrato».
Y eso mismo puede suceder con otras partidas dedicadas a la formación, y que van por el capítulo I, como ocurre de igual modo con los convenios de colaboración de municipios. Por cierto, una suma nada despreciable, que en el caso de la Comunidad de Madrid, que ya cuenta desde hace tiempo con su propia herramienta, asciende a 180 millones de euros, es decir, prácticamente el 10%.
Además -añaden a la corrección de la herramienta-, las cuentas recogidas en las plataformas del Estado no resuelven si incluyen o no el IVA de todas estas operaciones, pues algo que queda pendiente por parte de Hacienda, y tampoco aclara qué pasa con las transferencias a las corporaciones locales o el sector público.
Falta de transparencia
Lo cierto es que las comunidades no han cesado de elevar su queja y hoy siguen pendientes de la convocatoria de la Conferencia Sectorial Regulatoria, que desde agosto de 2021 está paralizada, con la adenda por medio. Un objeto, la adenda, por el que recientemente la Comunidad de Madrid ha enviado una carta al ministro Carlos Cuerpo para que se reúna con las administraciones y adelante algo sobre las condiciones de los fondos en los que el BEI hará de vehículo financiero.
Con este planteamiento se pronunciaba esta semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, subrayando la falta de datos de los que se dispone, por parte del Gobierno, y lo que hace prácticamente imposible determinar el grado de impacto de los fondos sobre la economía real. Un desazón para Airef que ha promovido que en breves días presente su propia herramienta de medición con información más agregada para llegar a una lectura más óptima de la gestión de los Next Generation. Entretanto, la consultora LLYC ha llegado a la conclusión de que el 91% de los fondos está en manos de la Administración Central, mientras solo el 9% va a las comunidades autónomas.
Pero la transparencia no solo preocupa a políticos e instituciones como la Airef. Recientemente, la CEOE también daba a conocer su último informe, en cuyos párrafos señalaba cómo habiendo publicado el Gobierno en diciembre de 2023 el listado de los 100 primeros beneficiarios del Plan, recibiendo un total de 5.112 millones, el 14% del total de los fondos recibidos por España, en este listado, el sector privado representa menos del 40% del total de los adjudicatarios, y apenas un 15% en volumen.
La revelación de Elisa
Claro que no todo es negativo en la creación de nuevas herramientas informáticas para fiscalizar la gestión de estas ayudas europeas.
La Junta de Andalucía sí ha valorado la plataforma Elisa para afirmar que, gracias a esta plataforma, el Gobierno de la región más meridional de España ha descubierto que Andalucía ha recibido el 10,38% del total de los fondos resueltos por la AGE, teniendo el 17,94% de la población del país; mientras Cataluña ha recibido el 15,8% de los fondos, teniendo el 16,44% de la población.
