El Gobierno, decidido a extender el impuesto extraordinario también a los bancos pequeños
Miembros del Ejecutivo han trasladado que dejará de afectar solo a los grandes en su ajuste para hacerlo permanente
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. | Europa Press
El Gobierno está decidido a extender el impuesto extraordinario a todos los bancos, aprovechando su plan de hacerlo definitivamente permanente. Distintas fuentes financieras sostienen a THE OBJECTIVE que ésta es la hoja de ruta que han trasladado al sector diferentes miembros del Ejecutivo en las últimas semanas. Un mensaje que no agrada del todo a los responsables de las entidades ahora afectadas, pero que tampoco disgusta, porque es una de las reivindicaciones que venían solicitando desde su diseño y posterior implementación.
Por ahora, el gravamen afecta a los mayores bancos, aquellos que en 2019 lograron unos ingresos (margen de intereses y comisiones) superiores a 800 millones en España, lo que deja fuera de su pago a relevantes grupos extranjeros y a otros agentes que operan con fuerte presencia local, como las cajas rurales. Abonaron en 2023 el 4,8% de la facturación –algo más de 1.300 millones– y este ejercicio volverán a desembolsar este porcentaje —entre 1.600 y 1.700 millones, de los que la mitad fueron en febrero–. Con ello Hacienda va a recaudar cerca de 3.000 millones de euros en dos años.
Por el momento, el Gobierno se ha comprometido a que en 2025 los bancos tendrán que sufragar de nuevo este impuesto, pero está analizando llevar a cabo una revisión del mismo –de igual manera que ha acordado para las compañías energéticas– con la intención de adaptarlo al nuevo entorno de tipos de interés, que provocará una merma en los ingresos del sector y a posibles contribuciones de las entidades al crédito a las pymes o la desarrollo sostenible.
En dicho ajuste es donde pretende ampliar el número de afectados. Las mismas fuentes explican que la idea es que se quite el listón de los 800 millones o que, en todo caso, se rebaje a una cantidad muy baja, lo que conllevaría que prácticamente más del 95 o el 98% del sistema se viera obligado a pagar el gravamen. Con ello, el Gobierno podría mantener la misma recaudación a pesar de las deducciones fiscales para cada uno de los bancos por los criterios antes mencionados.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado públicamente este abril a favor de cambiar las condiciones del impuesto para hacerlo permanente y modularlo en función de elementos fundamentales de política económica y de evolución del ciclo de los tipos de interés u otros objetivos como puede ser el fomentar la financiación a pymes. Hay que tener en cuenta que el BCE empezará a reducir el precio oficial del dinero a partir de junio, con lo que a partir de entonces la banca empezará a tener un impacto negativo en sus cuentas.
La postura del sector financiero es que se elimine porque consideran que es ilegal, injusto y confiscatorio. De hecho, lo tienen recurrido ante la Justicia desde principios de 2023, una vez abonaron el primer pago. Pero no ven del todo mal que se mantenga, siempre y cuando se impongan deducciones, se adapte a la coyuntura y se elimine la discriminación por tamaño.
Una de las entidades que se vería perjudicada si el Gobierno extiende la tasa, como proyecta en la actualidad, es ING. Su consejero delegado en España y Portugal, Ignacio Juliá, se manifestó este mates en contra del gravamen como lo ha hecho en otras ocasiones recientes. Durante un acto conmemorativo de los 25 años del banco en nuestro país, el directivo reclamó «que el impuesto no fuera permanente» y «que desapareciera».
«En el impuesto a la banca hemos sido muy firmes desde que nació y tenemos la misma posición que la Asociación Española de Banca (AEB)», aseguró Juliá antes de indicar que «no creemos que el impuesto a la banca sea el instrumento para facilitar el crecimiento de la economía».
Desde que el Gobierno anunció el gravamen extraordinario los principales banqueros han criticado duramente el gravamen y han argumentado que su coste iba a tener un efecto sobre la financiación a empresas y hogares. Algunos, incluso, han puesto cifras sobre la mesa, advirtiendo que iba a drenar el crédito en el medio plazo en unos 50.000 millones. Pero, desde principios de 2024 los responsables de las entidades afectadas han rebajado su tono contra el impuesto para que se atiendan, al menos, algunas de sus demandas. Unas reivindicaciones que parece que no están cayendo en un saco roto.
