Un estudio desvela que el cupo que exigen los 'indepes' dejaría al Estado sin dinero suficiente
Según la Fundación Civismo, las arcas del Estado dejarían de percibir 14.389 millones de euros
Los actores de la negociación del Gobierno catalán. | Ilustración: Alejandra Svriz
Con las negociaciones en marcha para determinar el futuro gobierno que salió de las urnas en Cataluña el pasado fin de semana, y las exigencias de los partidos independentistas sobre la mesa como instrumento de presión, la Fundación Civismo ha hecho un ejercicio teórico, partiendo de los mismos parámetros que se aplican al cupo vasco. Lo ha hecho con un palanca común, el 100% de la recaudación fiscal para esta autonomía, básicamente con tres impuestos (IRPF, IVA y los especiales), y sin meter en esta ecuación la pretensión de que les condonen el 15% del FLA (fondo de liquidez autonómica, con una deuda de 77.000 millones de euros).
Según dicho estudio, la aceptación de la propuesta de «financiación singular», como así lo denominó el Govern de la Generalitat a mediados de marzo, se podría llevar por delante, de hacerse realidad, el 15% del actual Presupuesto en Sanidad, el 23% de las partidas en Educación, todo lo presupuestado para Defensa, 45 veces la inversión del Hospital del 12 de octubre o todo el gasto sanitario de Galicia, Valencia y Aragón.
Además, la cifra que dejaría de obtener el Estado por la aplicación de este sistema a las arcas públicas (14.389 millones de euros) supondría el equivalente aproximado a lo que reciben del Fondo de Garantía las comunidades de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura juntas, que asciende a la cifra de 14.483 millones de euros. No en vano, y siguiendo el procedimiento del cupo vasco, al Estado le tocaría pagarle a Cataluña una serie de gastos para el mantenimiento regular de las administraciones y otras inversiones.
De cualquier modo -señala la fundación que preside Julio Pomés-, «el sistema de financiación autonómica gestionado a través de un Consorcio del 100% de los tributos -como quieren ERC y Junts- no está contemplada ni en la Constitución ni en el propio y reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la LOFCA ni en otras normas auxiliares, puesto que el precepto que prevé la creación de un Consorcio es aplicable únicamente a los tributos cedidos parcialmente.
Renunciar al principio de igualdad
La implementación de un sistema de financiación autonómica propuesto por los partidos independentistas, término que está siendo conocido como la «singularidad catalana», tendría graves implicaciones en la equidad y el equilibrio financiero del conjunto del Estado y del actual sistema fiscal.
Y es que, de acuerdo con los análisis recientes, la adopción de este modelo supondría renunciar al principio de igualdad, creando una España a dos velocidades y afectando negativamente a los servicios públicos básicos, como sanidad y educación, en el resto del país.
La principal consecuencia de este sistema sería el descenso significativo en los ingresos del Estado. El sistema propuesto implicaría una reducción de la recaudación pública equivalente a 13.161 millones de euros, cifra que supera el gasto total en Defensa y representa más del 15% del gasto público total en Sanidad o el 23% del gasto público total en Educación para el año 2023.
Además, el déficit de recaudación por la aplicación de este sistema de singularidad catalana alcanzaría los 14.389 millones de euros, equivalente a 45 veces la inversión realizada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y aproximadamente lo mismo que reciben del Fondo de Garantía las comunidades de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura juntas.
384 euros menos por ciudadano
De manera adicional, la implantación de este modelo afectaría a la redistribución de los Fondos de Compensación Interterritorial, provocando que comunidades actualmente beneficiarias por estar justo por debajo de la barrera del PIB, como Castilla y León y Cantabria, pasen a tener que aportar al Fondo, alterando el equilibrio financiero regional. La caída en la recaudación del Estado ascendería a 384 euros por ciudadano en el sistema de régimen común, un impacto notablemente significativo que afectaría a las comunidades autónomas que no forman parte del sistema de «singularidad catalana».
En esta misma línea crítica que Civismo, se han pronunciado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), señalando que la pretendida soberanía fiscal de Cataluña fraccionará la AEAT, aumentará el fraude fiscal y deteriorará los servicios al ciudadano.
Recalcular el cupo vasco
Este viernes, Fedea junto al Consejo General de Economistas redundaba en esta posición contraria al troceo de la Hacienda pública como quieren los partidos independentistas catalanes, subryando que es mejor introducir retoques al actual sistema de financiación para paliar los principales problemas.
Así, economistas de la talla de Diego Martínez López, Ángel de la Fuente (Fedea), José María Durán manifestaron su posición contraria a la cláusula de excepción solicitada por algunos partidos por la que se cedería a Cataluña el 100% de los tributos, ya que ello supondría -recalcaron-, «una quiebra de la equidad entre personas que viven en comunidades autónomas diferentes e impediría llevar a cabo políticas sociales uniformes en todo el país». Así mismo, todos coincidieron en la necesidad de que la contribución de País Vasco y Comunidad Foral de Navarra a la solidaridad interterritorial sea mayor.
El moderador de esta jornada, Valentín Pich, presidente del CGE, afirmó en este sentido que, «a la vista del escenario político actual, no parece fácil que se vaya a llegar a un acuerdo para su reforma, pero ello no es óbice para que se tomen algunas medidas que, a mi entender, deberían estar sustentadas en tres aspectos. El primero es que el objetivo último de estas medidas debe ser que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos con independencia de la comunidad a la que pertenezcan».
