Los inspectores de Hacienda avisan de que el cupo catalán disparará la deuda pública

Este lunes, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, abordó ante los medios de comunicación la inconstitucionalidad y los «peligros y negativas consecuencias» que desde un punto de vista técnico tendrá sobre el resto de España la cesión del 100% de los impuestos a la comunidad autonómica de Cataluña, tal y como exigen ERC y Junts, a cambio de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo -explican-, el sistema tributario contaría con menos recaudación y, en consecuencia, la caja única se rompería de este modo. Los inspectores también subrayan el perjuicio que una cesión de este tipo supondría sobre la lucha contra el fraude fiscal, al fragmentar la base de datos que tiene la AEAT, así como el perjuicio sobre determinadas ayudas sociales que vienen determinadas por la información que brinda este órgano vertebrador de Hacienda, como el ingreso mínimo vital, reduciendo así las prestaciones del resto de ciudadanos.

Además de incumplir los principios constitucionales de igualdad, de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad, fuentes de este colectivo añaden a THE OBJECTIVE que las consecuencias de la independencia fiscal catalana, previo paso del cupo, también acabarán disparando el déficit y la deuda pública, variables macroeconómicas que a partir de este año han de someterse a las nuevas reglas fiscales dadas por las instituciones europeas.

José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad de Francisco de Vitoria, también se abona a un desenlace que, a la postre, traerá, amén de un agravio comparativo que quebraría la solidaridad interregional, mayor deuda para la arcas públicas. En su opinión, «será la Administración General del Estado (AGE) quien finalmente cubrirá lo que deje de aportar Cataluña a las regiones pobres y Cataluña se gastará todo incrementando el gasto», sostiene.

Dificultad para cuadrar el déficit

El economista Javier Santacruz, colaborador económico de este diario, como Rotellar, mantiene que conceder a Cataluña el privilegio de recaudar y disponer del 100% de los impuestos «supone hacer más opaca (más aún si cabe) la gestión de los presupuestos autonómicos, con lo cual es más difícil que se cuadren los objetivos de déficit». Y ello -apunta-, «teniendo en cuenta que una de las mayores desviaciones presupuestarias que se han producido en 2023 con respecto al objetivo previsto ha sido la de Cataluña».

De encontrarnos ante un escenario como éste -aporta Rotellar-, «sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones, por mucho que Sánchez intentase esquilmar más a Madrid».

De manera que -según colige el profesor de Economía de la UFV-, «es un disparate legal que no tiene cabida ni en la Constitución -aunque seguro que se lo terminaría avalando el politizado TC- ni en la LOFCA. Añade que «también es un disparate técnico que rompe con la solidaridad entre regiones, creando, en este tema también, ciudadanos de primera y de segunda».

Para el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, el efecto o consecuencias de la independencia fiscal de Cataluña son negativas por doble partida. «Por un lado, Cataluña es una de las comunidades más endeudadas y supondría un incentivo para disparar aún más sus desequilibrios fiscales y, adicionalmente -indica-, supone un problema porque al revés que el cupo vasco, Cataluña sí se mantiene en el FLA y, por lo tanto, todos sus excesos los pagan los demás». Para César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Santiago de Compostela, «la cesión del 100 %, generalizando un sistema de cupo y convirtiendo a la Hacienda del Estado en Hacienda secundaria, que recibe las transferencias por gastos asumidos de la Hacienda Principal que sería la Generalitat, pervierte el sistema de financiación de régimen común y afecta a la competencia exclusiva del Estado sobre Hacienda General».

Complicarles la vida a los autónomos

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), también coincide con las advertencias de los Inspectores de Hacienda. Detalla que «trocear la gestión tributaria solo hará más difícil el control del fraude y dificultará la gestión, aumentando las obligaciones formales y la complejidad administrativa, especialmente para los autónomos». «Es una aberración -abunda- que las operaciones entre Cataluña y el resto de comunidades y viceversa puedan llegar a ser consideradas transnacionales».

Lorenzo Bernaldo de Quirós, como el resto de economistas, es contrario a la escisión de la Agencia Tributaria, lo que, por otra parte, acabará impactando en los recursos humanos del personal en Cataluña que, a priori, según fuentes consultadas, no parece estar demasiado contento con la decisión de los independentistas de separarse de la hacienda pública. Frente a esa posición, el presidente y socio de la consultora Freemarket Corporative Intelligence se plantea las dos siguientes dudas: ¿es la Generalitat quien recauda o es el Estado quien lo hace y la transfiere los ingresos? ¿Qué criterio se usa para calcular la balanza fiscal: el de flujo financiero o el de coste-beneficio?

España -defiende Bernaldo de Quirós- «necesita un nuevo sistema de financiación autonómica que se sustente en el principio de corresponsabilidad fiscal y federalismo competitivo. Esto permite, como sucede en Estados Unidos, que las autonomías gasten lo que quieran, pero financiando el exceso de gasto con impuestos o recortando otros gastos, lo que implica establecer la obligación de cerrar sus Presupuestos anuales en equilibrio o, de otro modo -apunta-, impidiendo el recurso a la emisión de deuda y, en caso de que eso no se haga, permitir que quiebren las comunidades que son incapaces de hacer frente a sus obligaciones como ocurre en Estados Unidos».

Observa por su parte, Julián Salcedo Gómez, economista y socio Director de CEFYRE, que en el caso del independentismo catalán que ahora reclama la plena soberanía fiscal, y por ende el cupo, predica con unos conceptos completamente diferentes a la igualdad y la solidaridad, «pues pretende un trato diferencial y preferencial, basado en una negociación bilateral, que solo puede darse de Estado a Estado, y no en aras a una pretendida superioridad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no existe». Además, y respecto a la lucha contra el fraude, sostiene que «resulta obvio que una Hacienda catalana independiente difícilmente estaría dispuesta a colaborar informátivamente con una Hacienda estatal que ni le va ni le viene, con la que no comparte objetivos, lo que fomentaría o facilitaría el fraude y la evasión fiscal, mermando la capacidad recaudatoria de la Hacienda estatal».

Salvador Marín, responsable del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), cierra esta consulta de expertos con una serie de dudas, previas a cualquier planteamiento que derive en la plena soberanía fiscal de Cataluña y, que pasa por saber: ¿qué beneficios tangibles aportaría una decisión así para el control de la economía sumergida?, ¿qué beneficios para la financiación del estado de bienestar? y, ¿qué beneficios para la ejecución de la política fiscal europea? No en vano, defiende Marín, «un planteamiento de este contenido y calado necesariamente tendría que ser un debate del Consejo de política fiscal y financiera, creado en 1980 por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (conocida como LOFCA), con el objetivo de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado».