Los alquileres vacacionales avisan: limitar la oferta desviará a los turistas a otros destinos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha sido la última en anunciar medidas contra los alquileres turísticos. Concretamente, la popular ha anunciado este viernes que aplicará en el conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante un año prorrogable a otro.

El control de estos alquileres es también una inquietud del ejecutivo central que ha reunido este viernes la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, donde se ha abordado el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial a precios asequibles. Con tal motivo, Isabel Rodríguez ha anunciado que, junto al Ministerio de Industria y Turismo, adelantarán el cumplimiento del reglamento europeo que recoge los datos de pisos turísticos, lo que permitirá crear una plataforma estatal con las comunidades autónomas para compartir los datos y las normativas sobre estos alojamientos con el fin de combatir el fraude.

El ministerio, ante lo que considera un aumento significativo de este tipo de alojamientos en los últimos años, ha propuesto a las comunidades autónomas «adelantar el cumplimiento del reglamento para que la plataforma pueda estar en vigor a lo largo del 2025, yendo por delante que las previsiones de la UE». Por su parte, desde el sector de viviendas de uso turístico lamentan estar siendo «demonizaos» y defienden que son un motor económico vital en España. «El alquiler turístico no solo es fuente de empleo, con unos 25.000 puestos de trabajo directos, sino que también contribuye con 2.089 millones de euros en ingresos para los propietarios», defiende Lorenzo Ritella, Country Manager de GuestReady, empresa de gestión de este tipo de inmuebles a nivel europeo, en conversación con THE OBJECTIVE.

Desde las empresas gestoras hasta los propietarios particulares, los actores de este sector permanecen expectantes ante los cambios que se esperan los próximos meses. Lo que tienen claro es que la limitación en la oferta de apartamentos está elevando los precios en ciudades como Barcelona, haciendo que los turistas consideren otros destinos. «Este desbalance podría reorientar el flujo turístico hacia ciudades europeas con mercados más liberales», asegura Ritella. «En una economía europea globalizada, un viajero se puede plantear si ir a Barcelona, con precios tan altos, o a otro lugar», asegura.

Además, desde el sector defienden que el dinero que se genera va a las manos de pequeños propietarios en contraste con lo que pasa con los hoteles. «El sector está bastante demonizado, nos echan la culpa de inflaciones de precio en ciudades como Barcelona cuando realmente allí no hay posibilidad de obtener licencia desde 2014», asegura. Ritella defiende que no están viviendo esta situación en otros países en los que operan. «Somos líderes en Inglaterra y allí no hay regulación de alquiler turístico, y no hay problemas de demonización. En Francia hay una ley bastante interesante que da la libertad a los propietarios de poder alquilar el piso 120 días al año sin ningún tipo de licencia turística», explica. Por ello, recomienda al Gobierno «mirar a otros países» para ver las medidas que están tomando.

Madrid suspende nuevas licencias

En el mes de abril el Ayuntamiento de Madrid también decretó la suspensión de nuevas licencias para pisos turísticos en la capital y multará con 30.000 euros a los ilegales. Con este pretexto, esta semana el consistorio madrileño ha hecho pública la lista y la localización de las viviendas de uso turístico (VUT) que tienen licencia urbanística para «ofrecer más garantías y seguridad a los usuarios».

En este mapa constan 1.008 alquileres legales y la mayoría están en los distritos Centro, Tetuán y Arganzuela. Sin embargo, esto apenas supone el 7,47% de los 13.502 pisos vacacionales que el Ayuntamiento estima que se encuentran en la ciudad. Desde Madrid Aloja, la asociación de gestores de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid, defienden que este listado no responde a la realidad actual del sector en la ciudad y parece que con este tipo de informaciones «su interés es poner una diana sobre las VUTs».

Según los cálculos de la asociación, el sector de las VUTs genera más de 2.200 millones de euros anuales y 900.000 reservas. «Si la oferta se retira, será sustituida por el sector inmobiliario, fondos de inversión y el sector hotelero, entre otros», aseguran. O la oferta se dirigirá hacia otros destinos. Por ello dicen que las medidas promovidas por el Consistorio preocupan gravemente al sector, «ya que se justifican en datos inexactos». En este sentido demandan un marco regulador que facilite la seguridad jurídica y establezca un equilibrio entre los intereses del sector turístico, el desarrollo de la actividad de las VUTs y las expectativas y necesidades de Madrid y los madrileños.