El Instituto Nacional de Ciberseguridad retoma sus purgas ante la pasividad de Escrivá
Incibe reconoce el despido de un alto cargo, pero insiste en que se debe a una pérdida de confianza
José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública | Europa Press
La desaparición a cuentagotas de perfiles técnicos del Instituto Nacional de Ciberseguridad sigue siendo una constante desde que Félix Barrio, llegado de la mano del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, desembarcó en lo más alto del staff de Incibe.
Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, la última purga ha recaído recientemente sobre la responsable del Departamento Financiero, que en breve cumpliría 18 años al frente de esta competencia en esta institución. Sus compañeros señalan su desempeño «intachable».
Una purga -comentan a este diario- que no parece que se vaya a detener con el cargo de la gerente económica del Instituto Nacional de Ciberseguridad y que podría afectar a otro puesto, de nuevo a otra mujer, si bien también se han ejecutado los despidos de tres hombres.
Las fuentes consultadas insisten en «las formas» que tiene el director del organismo a la hora despojar de talento a Incibe y, más aún sorprende que, en estas circunstancias, con las bajas crecientes, muchas de ellas por «depresión», el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, no haya tomado aún cartas en el asunto y no frene el ambiente de trabajo que hay en esta institución instalada en León. Un ambiente -recalcan a este diario- que ha dado lugar a que recientemente una persona más se haya marchado harta de la situación de coacción profesional que hay en Incibe.
Bajas por depresión o ‘mobbing’
Y el problema es muy serio -advierten las fuentes consultadas-, porque la tasa de reposición es muy reducida -aunque esto es algo que quiere cambiar Escrivá-, en un negociado con poca gente y necesidad de un personal que tiene que estar muy cualificado. Tan grave es la situación que «es más el número de personas que se van, muchas de ellas con despidos improcedentes -apuntan-, que las que entran».
No en vano, en febrero de este año, el Gobierno reconocía en una carta, a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE, que el Instituto Nacional de Ciberseguridad no es un remanso de paz. En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, cuyo portavoz es Miguel Tellado, el Ejecutivo confirmaba que, en algo menos de dos años, se habían llegado a producir hasta 45 bajas laborales de distinta índole, entre ellas, fugas y marchas por despido, aunque no precisa este número.
En ese punto, Incibe insistió en que las bajas fueron de carácter médico, aunque el concepto de baja laboral es secreto y no se puede desgranar, más allá de que este medio ha tenido conocimiento de que ha habido bajas por depresión, coacción, mobbing y por acoso laboral.
Otra fuente consultada señala la falta de transparencia y gestión de Incibe, que acaba penalizando a los pequeños empresarios, y que ha permitido el abandono de grandes profesionales desde hace años (y ahora despidiéndolos). Quedan -sostiene esta fuente- «los menos cualificados y junto a los nuevos enchufados que, sin experiencia, no son capaces de ejecutar nuevos proyectos, ni siquiera dar continuidad a los que funcionaban bien, como los de emprendimiento».
La foto de la hoja de servicios
En respuesta a esta situación, Incibe reconoce el despido al que aludimos en la información, y añade que, en efecto, «hace unos días la Dirección General de Incibe tomó la decisión de extinguir la relación laboral con la subdirectora/gerente de Recursos Humanos y Financiero. El motivo -apunta- ha sido la pérdida de confianza por parte de la dirección general. Y añade: «En las próximas semanas, esperamos abrir un proceso de conciliación para resolver definitivamente las condiciones de la finalización de esta relación laboral».
Entretanto, a la espera de un proceso de selección que avanza Incibe para cubrir este puesto, otra de las quejas carga esta vez sobre la lenta ejecución de los fondos Next Generation, pese a que son los cuartos perceptores de estas ayudas europeas, con 171 millones de euros, tal y como ya informó en su día este diario.
Según la estadística de ejecución de presupuesto del mes de marzo, con datos del Ministerio de Hacienda, este año, las partidas apenas se han movido de la casilla de los créditos presupuestarios, pese al importante volumen de dinero asignado.
El ‘staff’ de Incibe
En la actualidad, Incibe está formado por un Consejo de Administración cuyos tres principales cargos recaen en la Dirección General, la Secretaría General y en la Dirección de Operaciones.
Los tres puestos están remunerados con un salario base 2024: 93.834,90 euros/año, a lo que después hay que sumar complemento de puesto, complemento variable y retribución en especie. En el caso del alto cargo de la dirección que ocupa Félix Antonio Barrio Juárez, máster en Ingeniería de Software y Sistemas, experto Universitario en Dirección y Gestión de la Información y sus Tecnologías por la Universidad de Alcalá y doctor por la Universidad de Salamanca, suponen más de 30.000 euros más al año.
Además, Incibe cuenta con estos nueve consejeros: María Teresa Ledo Turiel (presidenta), secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Jesús Herrero Poza (vicepresidente), director General Entidad Pública Empresarial Red.es; Vicente Tirado Sarti (vocal), Marta Font Monfort (vocal), Aleida Alcaide García (vocal); José Luis Bezares del Cueto (vocal), Carmen Mora Marín (vocal); Mª Pilar Mairal Medina (vocal) y David Francisco Blanco (secretario, no consejero).
Una agencia española de ciberseguridad
Recientemente, a la espera de que el Gobierno apruebe a final de año la Ley de Ciberseguridad, la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital (ESYS) ha propuesto al Gobierno la creación de una agencia española de ciberseguridad para aglutinar las competencias asumidas hasta ahora por diferentes órganos de la Administración General del Estado, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) o el Centro Criptológico Nacional, entre otros.
ESYS considera que la estructura administrativa más adecuada para gestionar la ciberseguridad en España sería a través de la creación de esta agencia, lo cual permitiría, a su juicio, una coordinación más efectiva. En este contexto, propone situar esta nueva agencia al amparo de Presidencia del Gobierno, o bien ubicarla bajo la dependencia del ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia de transformación digital, que actualmente recaen en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por José Luis Escrivá.
El presidente de la Fundación ESYS, Carlos López, ha destacado que la creación de una agencia española de ciberserguridad supondría una mejor coordinación del conjunto de competencias que están actualmente repartidas. «Es la mejor forma de que las políticas públicas en materia de ciberseguridad sean más coherentes y efectivas», valora.
