La ley de centros de datos de Escrivá pone en riesgo 16.000 millones de inversión en Madrid

Uno de los fenómenos más llamativos de la era de la inteligencia artificial es la explosión de los centros de datos. Gran parte del desarrollo de todos los sectores, desde la agricultura hasta el audiovisual, pasando por la logística y el turismo, se ve impactado por la inteligencia artificial y, en general, por algoritmos de aprendizaje automático que procesan miles de millones de datos en segundos. En este contexto, el Real Decreto-Ley que regulará los centros de procesos de datos (data centers), probablemente a final de año, trae de cabeza a la Comunidad de Madrid porque cree que pondrá en riesgo 16.000 millones de euros en inversiones en la región durante los próximos seis años.

La propuesta adelantada el pasado 14 de mayo por parte el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, en el despliegue de la estrategia nacional de inteligencia artificial (IA), en la que el Estado invertirá más de 1.500 millones de euros de los fondos Next Generation, de un total de 2.100 presupuestados -como ya informó este diario-, preocupa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Escrivá ha puesto el acento de las ayudas de este plan en la sostenibilidad de los centros -teniendo en cuenta el abastecimiento de energía y agua y la producción de energías renovables- y, en la ordenación territorial, lo que para Madrid es una manera de sacar a esta región de la ecuación de desarrollo económico del sector, determinando el apriorismo de que esta región contamina más porque ya tiene más centros de procesamiento de datos que el resto de España. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización, así lo manifestó, señalando que, «para impedir su avance en este sector, -el Gobierno- primero ignora a Madrid en la modificación del Plan de Transporte Energético y ahora amenaza con una legislación que pretende frenar las inversiones».

Las exigencias de computación de la IA han provocado un salto espectacular en las necesidades energéticas, y allí donde antes se solicitaban 30 o 40 megavatios (MW) en colocation, ahora la demanda se triplica para los centros de híper escala. Ante ese reto, y partiendo de que la capacidad de España es de 180 MW -de los que el 80% están en la región de Madrid-, al Ejecutivo presidido por Díaz Ayuso no le parece razonable que la vicepresidenta tercera y ministra de Transformación Ecológica, Teresa Ribera, rechazara a la Comunidad de Madrid casi una veintena de propuestas de compañías eléctricas para nuevas infraestructuras en la región, con acceso a casi 3.000 megavatios en un total de cerca de 80 proyectos y, que, además, tampoco se les haya tenido en cuenta en la ampliación urgente de las redes eléctricas del país, ampliación que lleva un tiempo considerable de retraso.

Competir con la UE en centros de datos

Una de las claves es el tamaño del mercado de centros de datos (data centers). Aquí, España parte de una capacidad de aproximadamente 180 megavatios (MW), de los que casi el 80% están en la región de Madrid. Frankfurt, por su parte, gracias a su robusta infraestructura de interconexión, es uno de los principales hubs de centros de datos en Europa, con más de 500 MW; Londres se acerca a los 600 MW, Ámsterdam cuenta con más de 250 MW y París, con cerca de 400 MW. Así pues, los FLAP suman más de 1.700 MW.

Además, y en cuanto a las capitales, Madrid compite también con Dublín, con una capacidad instalada cercana a los 500 MW; con los 200 MW de Milán, los casi 100 MW de Marsella y los 50 MW de Lisboa. Es decir, la mitad de la capacidad instalada de un país que alberga, con un 20% de la superficie y de la población de España, más del 50% de nuestra capacidad. 

Frente a esta situación, el desafío de la Comunidad de Madrid -hoy posicionada como el hub fundamental del sur de Europa, por sus infraestructuras, conectividad, sus tasas de crecimiento previstas, muy superiores a los FLAP, como al resto de competidores; además de su posición geográfica que sirve de puente entre el continente e Hispanomérica- pasa porque el Gobierno de Pedro Sánchez -sostiene la administración madrileña-, no bloquee inversiones previstas que superen los 16.000 millones de euros en los próximos seis años, porque cabe la opción de que esas inversiones huyan busquen refugio allí donde se satisfagan sus necesidades de electricidad, y eso puede ser incluso fuera de España.

Se trata de inversiones -señalan expertos tecnológicos a THE OBJECTIVE– de enormes efectos multiplicadores. Así, cada 100 MW de potencia instalada suponen alrededor de 1.000 millones de euros de inversión, con un impacto en PIB de unos 1.200 millones, casi 1.000 empleos a jornada completa en economía digital, servicios, construcción o energías renovables durante la fase operativa y, una recaudación fiscal, por todos los conceptos, de más de 85 millones de euros durante los primeros 15 años de explotación, a los que habría que sumar la parte nacional, además de los impuestos y tasas municipales.

¿Desarrollo o planeta?

Desterrando el dilema, ¿desarrollo o planeta?, nuestros expertos defienden que no existe tal disyuntiva, al menos en el terreno de los centros de datos, puesto que, un gran consumo per se no tiene que significar nada malo. Pensemos en un autobús o un tren -emplean como ejemplo-. Lo que hay que ver -sostienen- es el consumo por unidad funcionando. Pero es que un centro de datos -añaden- tampoco consume mucha energía: así, el Reino Unido utiliza alrededor de 434 teravatios-hora (TWh) de energía de todo tipo para calentar los edificios cada año, mientras que la energía total, eléctrica, utilizada en los centros de datos estuvo no alcanzó los 3 TWh. Un año antes, en 2022, el consumo de los centros de datos de Madrid supuso el 1,6% del consumo eléctrico total y el 0,2% del de España.

En el caso de Madrid -apostillan-, «un centro de datos mediano para los estándares actuales, de 50 MW, permitiría dar calefacción a toda una ciudad como Alcobendas. Y -apunta-, esto es lo que se conoce como district heating, que es uno de los aprovechamientos más interesantes del calor residual de los centros de datos, que redunda en la reutilización, en la circularidad y en la sostenibilidad».

En esa clave se pronuncia el economista y experto en materia energética, Javier Santacruz, para quien, en efecto, si queremos cambiar el modelo productivo y no perder este tren de desarrollo que trae la Inteligencia Artificial, no se entiende que el Gobierno no haya querido implementar los elementos sin los cuales no puede haber inversiones en centros de datos. Y el más importante -recalca- «es la planificación de la red eléctrica, donde en la revisión que se está haciendo los únicos permisos (que son muy pocos) ninguno se ha dado en Madrid».

Es como si deliberadamente -explica-, «se está intentando forzar la deslocalización de los proyectos, pero, ¡ojo!, quitando polos industriales que son los consumidores reales de este tipo de infraestructuras (Zaragoza, Valencia, Barcelona…), cuando en el resto no hay interés inversor, retrasando, paradójicamente, la propia política industrial de la que presume el Gobierno».