El PP llevará su 'macro' ley de vivienda y suelo al Senado tras las elecciones europeas

El Partido Popular tiene muy avanzados los trabajos de su ‘macro’ ley de vivienda y suelo que va a llevar al Senado después de que el Gobierno pidiera retirar del Pleno del Congreso su reforma de la Ley del Suelo hace una semana, ante la falta de apoyo del resto de formaciones políticas. «Traeremos al Senado una reforma de la ley para el desarrollo urbano y la vivienda, una reforma que dé seguridad jurídica al planeamiento urbanístico, que promueva un urbanismo responsable para que la inacción de la Administración no perjudique a los ciudadanos», anunció Paloma Martín, senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, durante una interpelación en el Senado este martes.

Una ley que tienen previsto presentar tras las elecciones europeas, tal y como ha asegurado Martín en conversación con THE OBJECTIVE. «Tenemos los trabajos iniciados, llevábamos en nuestro programa electoral derogar la ley de vivienda y dar seguridad jurídica al planeamiento», añade. Antes de traer la proposición de ley al Senado, se reunirán con la FEMP, con las comunidades autónomas y con el sector para su valoración, «a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno», critica.

«La soberbia del PSOE le llevó a llevar una ley con la oposición de Sumar sentados en el mismo Consejo de Ministros», añade la senadora popular que critica que, el Gobierno, solo una vez aprobada la ley del suelo en Consejo de Ministros, «convocó al sector para hacerse la foto». Martín recuerda que el Ejecutivo no habló ni con ayuntamientos ni con comunidades autónomas, ni tampoco con el partido mayoritario en el Congreso. «No fue hasta el pasado 23 de mayo cuando se dio cuenta de que estaba solo. No sé si fue exceso de confianza, pero no nos pueden responsabilizar a nosotros», destaca.

Derogación de cuatro leyes

La pretensión de los populares pasa por presentar una ley «reformista para el desarrollo urbano y la vivienda» que, en la práctica, supone la modificación de cuatro normativas existentes: la ley del suelo, la ley de vivienda, la ley de jurisdicción contencioso-administrativa y la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. «Tenemos esa doble necesidad de reformar la ley del suelo para que haya mayor seguridad jurídica, pero también reformar la ley de vivienda, que es la que está tolerando la ocupación y reduciendo el mercado a base de establecer controles sobre precios», explica.

Con su propuesta se derogarían de facto los aspectos «más lesivos» de la Ley de Vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace ahora justo un año y que tienen que ver «con la declaración de zona tensionada, el índice de precios de los alquileres y la tolerancia con la ocupación». Por otro lado, pretenden modificar la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa, para llevar a cabo las reformas procesales que necesitan los jueces y tribunales para poder aplicar reformas del suelo. También pretenden limitar tanto la nulidad por vicios formales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas como la impugnación de instrumentos y actos por «intereses espurios».

Por otro lado, también pretenden recoger modificaciones concernientes a la ley reguladora de contratos de concesión de obras públicas. «Para que hagamos entre todos un urbanismo responsable, sobre todo por parte de la administración», asegura Martín. En la práctica, esto supondrá evitar que la inacción o el no pronunciamiento que a veces se produce por parte de la administración pública a la hora de otorgar licencias o emitir informes, perjudique al ciudadano. «En ocasiones se solicitan informes o licencias a la administración y esta no los emite o los emite fuera de plazo. Esto perjudica seriamente, por ejemplo, a las licencias de nueva construcción para los nuevos desarrollos», explica.

«Queremos un urbanismo responsable en el que la administración se comprometa a emitir esos informes, dar las respuestas necesarias y que, en caso de no hacerlo, eso no pueda suponer un silencio negativo que perjudique a quien ha solicitado esas licencias, que lo que quiere es hacer unas obras de rehabilitación o hacer una construcción y no le está siendo posible», añade la senadora popular.

Revulsivo para la vivienda

Desde el PP insisten en que el problema de la vivienda es central para los ciudadanos y «no podemos perder ni un minuto más» con leyes «contraproducentes y carentes del mínimo consenso» cuando lo que se necesita de forma urgente es incrementar la oferta. Por ello, aseguran que esta ley «reformista» pretende ser un revulsivo para el sector y piden que la mesa del Congreso no paralice las leyes «a su capricho».«El Congreso tiene la obligación de dar tramitación a lo que se aprueba en el Senado», insiste Marín y recuerda la proposición de ley orgánica contra la okupación aprobada por el Senado en febrero a propuesta del PP y que encadena siete prórrogas desde que el texto salió de la Cámara Alta.