El Gobierno planea recortar un 40% la pensión de autónomos y asalariados en jubilación activa
El Ejecutivo propone cobrar el incentivo por jubilarse con demora cada seis meses
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | Europa Press
Con la calificación de «esquema flexible», el Gobierno de Pedro Sánchez planea recortar hasta un 40% el importe total de las pensiones de los autónomos y asalariados que opten por una jubilación activa. Es decir, por esa modalidad que permite combinar una pensión con un trabajo a tiempo parcial o total, bien por cuenta ajena o propia, y que solo es posible siempre y cuando se ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación.
Al menos, así lo ha hecho saber el ministerio que dirige Elma Saiz, a través de la propuesta formulada el domingo por la noche a los componentes de la mesa de la Seguridad Social, en la que, horas más tarde, este lunes participaron los agentes formados por las organizaciones empresariales y los sindicatos.
En dicho documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se rubrica que, tanto para los nuevos asalariados como para nuevos autónomos que opten por una jubilación activa, estos empezarán a dejar de cobrar el 50% de esta prestación, tal y como la recibían hasta ahora.
Así es la propuesta de Seguridad Social, con la que esta mesa trabajará, al menos, hasta la próxima semana. Con ella, el Ejecutivo de Sánchez da un cambio cuantitativo a la actual normativa. Una normativa que señala que si el potencial perceptor demora el acceso a la pensión de jubilación un año, el porcentaje a recibir de esa pensión será del 30%. Según denuncia Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), aquel pensionista que se decida por las nuevas jubilaciones activas se encontrará con un recorte de hasta un 40%, lo que no se puede entender de «un Gobierno -destaca Amor- que se autodefine progresista».
El recorte de la jubilación activa
Como propuesta de reforma de los artículos 210 y 214 del texto refundido de la ley general de la Seguridad Social, la proposición contempla, asimismo, que en el caso de que la demora de acceso a la pensión de jubilación sea de dos años, entonces el porcentaje a percibir será del 40% de la pensión.
Si esta demora de jubilación se eleva a tres años, el acceso a la pensión -recoge el texto- conllevará que el porcentaje será del 50% de la pensión. Correlativamente, si la demora de solicitud es de cuatro años, el acceso a la pensión de jubilación comportará un porcentaje del 75% de la pensión.
Finalmente, si se demora cinco años o más, en ese momento, el acceso a la pensión de jubilación a recibir sería del 100% de dicha pensión.
Un incremento del 5% de la pensión
Además -recoge la propuesta del Ministerio de Seguridad Social-, «el porcentaje de pensión reconocida al iniciarse la situación de jubilación activa, se incrementará cinco puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos que se permanezca en la situación de jubilación activa».
Por otra parte, a efectos de la aplicación de los porcentajes para la determinación de los años durante los cuales se haya demorado el acceso a la pensión de jubilación, se tomarán años completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de los mismos.
En todo caso, la percepción del complemento económico regulado en el artículo 210.2, en cualquiera de sus modalidades, será compatible con lo dispuesto en este artículo.
Las ventajas de contratar a un trabajador
Este lunes, el Gobierno planteó a los agentes sociales la posibilidad de que aquellos que demoren la jubilación voluntariamente más allá de la edad legal ordinaria puedan recibir los incentivos actuales cada seis meses. Eso ocurriría a partir del segundo año de demora, según fuentes del Ministerio de Seguridad Social.
En concreto, según el documento que el Gobierno trasladó a sindicatos y empresarios este lunes, cuando se acceda a la pensión de jubilación por un periodo de demora superior a dos años, si dicho periodo de demora es superior a seis meses e inferior al año, al incentivo que corresponda aplicar se sumará un complemento adicional del 2%.
La regulación actual de la jubilación activa para compatibilizar la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia no permite percibir el 100% de la pensión. Salvo -añade la normativa-, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. La reforma que proponía el Gobierno elimina la singularidad por contratación de un asalariado.
Una medida desfavorecedora para los autónomos
En opinión de Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer y miembro de OCOPEN, con independencia del contenido técnico concreto del planteamiento del Ministerio de la Seguridad Social, «la norma proyectada me merece al menos tres valoraciones o comentarios».
Uno, como en todo -subraya este experto en pensiones-, «se van revisando normas que no hace mucho que se establecieron, en un ir y venir que parece interminable». Dos, respecto de lo vigente con anterioridad -continúa-, «supone un recorte del incentivo, lo que parece denotar que la Seguridad Social, en su lucha contra la inflación de costes, prioriza ahora el disminuir el gasto inmediato por pensiones sobre el fomentar la jubilación activa».
Y tres -aventura-, «en la realidad social esta medida va a resultar desfavorecedora mayoritariamente para los autónomos, que son los que más usan esta medida, pero que son el colectivo al que habitualmente menos se favorece, por contar con una menor representación entre los agentes sociales y -concluye-, por la inclinación de la coalición gubernamental y de las organizaciones sindicales a favorecer prioritariamente al colectivo de los trabajadores por cuenta ajena».
Fedea avisa de un abuso
Este lunes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advirtió en un estudio elaborado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, Octavio Granado, de «rasgos de abuso» en la prestación por incapacidad temporal (IT) por parte de los beneficiarios, así como de problemas administrativos y de configuración legal que favorecen el crecimiento «perverso» del gasto.
De acuerdo con este informe, en los últimos cinco años las pensiones contributivas del sistema han aumentado un 32,8% a precios corrientes. Se trata de un porcentaje inferior al crecimiento de las cotizaciones sociales si se incluyen las nuevas cotizaciones de solidaridad. Sin embargo, el gasto en prestaciones económicas derivadas de situaciones de IT motivadas por enfermedad común ha crecido un 91,6%, mientras la población atendida por el régimen prestacional ha crecido un 10%, apunta el informe.
No obstante, aquellos que ya se hubieran acogido a este tipo de jubilación seguirán recibiendo un 50% de la pensión que les corresponde.
