Sánchez tendrá problemas con la UE si no aprueba los impuestos a energéticas y banca
La Comisión Europea deberá revisar si las previsiones de ingresos se corresponden con el plan fiscal enviado
Pedro Sánchez, desde la bancada azul, en una de sus intervenciones durante las sesiones de control parlamentario. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una posición de fragilidad ante sus socios y ante la Unión Europea. El hecho de no encontrar apoyos suficientes de las fuerzas parlamentarias para llevar adelante su compromiso de investidura con Sumar -gravar de forma permanente a los sectores energéticos y la banca– pone de manifiesto otro problema añadido. Y es que el Plan Estructural Fiscal enviado recientemente a Bruselas queda en papel mojado, porque las cuentas públicas no salen sin esos ingresos si se pretende reducir el déficit.
Dificultad que se extiende a una reforma fiscal que nunca llegó a abordar el Ejecutivo progresista, y que deja con la pata coja el paquete de hitos y objetivos que España ha de cumplir ante la Comisión Europea para cobrar así el último desembolso de los fondos Next Generation. Fuentes económicas de la UE así se lo explican a THE OBJECTIVE. Precisan que al plan fiscal ya no le salían las cuentas de antemano, por lo que parece imposible un déficit del 2,5 con estos ingresos y gastos. Por tanto -añaden- ahora, sin estos ingresos, aún sale menos. Además, el plan del Gobierno cuenta para los ingresos «con una coyuntura demasiado positiva que no se sostiene en las expectativas del resto de nuestros socios».
Fue el actual comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, quien admitió -como recogió este medio- que si bien se le daría flexibilidad España para enviar el Plan Estructural -un plan que llegó en el último minuto, superando la primera fase de septiembre-, lo aconsejable que es que el Gobierno hubiera enviado este documento acompañado del borrador de los Presupuestos Generales de 2025 para hacer creíble el plan.
El examen del plan fiscal de la UE
Pero el Gobierno no solo carece de un borrador de Presupuestos a estas alturas. Tampoco cuenta con esta medida de nuevas figuras fiscales para el sistema tributario. Medidas que, por otra parte, se prorrogaron un año más en España, hasta 2025, como ya anunció en 2023 Pedro Sánchez, en el balance del año. Esas medidas han desaparecido del resto de países de la Unión Europea, toda vez que se han ido alejando las consecuencias de la guerra de Ucrania y que el precio de los combustibles ha ido bajando. Hacer tributar por los beneficios extraordinarios ha dejado de tener sentido.
Fuentes comunitarias consultadas por este medio defienden que, más allá de que el Plan Fiscal español está lleno de imprecisiones y no parezca realista, la Comisión Europea tiene la obligación de exigir a España un plan estructural en condiciones, adherido al nuevo desembolso de las ayudas Next Generation.
Otras fuentes del Parlamento Europeo están convencidas del último servicio que el dirigente socialista italiano, Paolo Gentiloni, le hará al Gobierno de Pedro Sánchez: aprobarle esta senda fiscal y salvarle así de cualquier examen, antes de abandonar el comisariado económico.
La precariedad
En este punto de precariedad parlamentaria, el Ejecutivo sigue buscando apoyos en el hemiciclo, principalmente entre sus socios de investidura. La semana pasada, ante el panorama de tener que enfrentarse a otro fracaso en las votaciones, el Ministerio de Hacienda anunciaba una prórroga en la presentación de enmiendas, hasta el 31 de octubre. Prórroga que podría alargarse, porque las posiciones de las fuerzas políticas no están cerradas.
La semana pasada, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, manifestaba sus críticas hacia este gravamen. Tendría que convertirse en una figura fiscal dentro del sistema tributario, dijo, para que comunidades como la vasca la puedan legislar a su manera para ser competitivas. No obstante, afirmó desconocer el modo en el que el Ejecutivo español llevará esta cuestión al Congreso, aunque destacó que «el Gobierno es hábil» y, por tanto, podría tratar de «mezclarlo» con otros asuntos. En cualquier caso, Esteban insistió en que «como concepto no vemos estos gravámenes». Sostuvo que estamos ante «un impuesto impulsado por razones ideológicas, pero que en realidad corre el riesgo de ser un doble impuesto. De gravar dos veces».
Sin aclarar el sentido de su voto, Junts sí que avanzó estar -al menos, la semana pasada- en contra de este impuesto, después de que la empresa Repsol asegurase que dejará de invertir en Tarragona más de 1.000 millones de euros, con la consiguiente pérdida de empleos.
El riesgo de perder competitividad
Fuentes empresariales ponen el acento en esta decisión de Repsol, que trasciende de las claves puramente políticas. La razón es que, según explican, de no ejecutar esas inversiones España estará dejando el campo abierto a las empresas químicas de Oriente Medio que, sin pagar licencias por derechos de emisiones de CO2, van a producir una energía más barata si nuestro país deja ese nicho de mercado.
Advierten, por otra parte, que los dirigentes políticos del País Vasco no han sabido leer la actual situación energética de esta región, a la que le falta abastecimiento, sobre todo eléctrico. También señalan que por mucho que bonifiquen a sus empresas, tendrán que seguir comprando la energía fuera y el precio les acabaría repercutiendo sobre la factura final.
José María Rotellar, director del Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria, opina que «los impuestos a las energéticas y a la banca son una barbaridad que crea inseguridad jurídica, ahuyenta inversiones y provocará caída de actividad y empleo en el medio y largo plazo, con deslocalización de inversiones, como ya ha anunciado, por ejemplo, Repsol». La posición del Partido Popular sigue siendo una incógnita a este respecto.
