Los economistas advierten: «El Gobierno ha institucionalizado la inseguridad jurídica»
Los expertos anticipan que el impuesto a las energéticas pone en peligro el 17% del volumen total de las inversiones
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en Moncloa. | EP
El contenido de la reforma fiscal aprobada este pasado jueves no ha pasado inadvertido prácticamente a ningún sector o colectivo de la población, por el espectro de medidas que finalmente han caído, como el impuesto al diésel y por las que acabarán afectando al bolsillo de los contribuyentes. Entre ellas, el impuesto a la banca, del que aseguran que repercutirá en los depositantes, como ya anticipa el Banco Central Europeo.
Sin entrar en el impuesto de Sociedades que exige Europa, figura fiscal que no provocaba ninguna controversia política -puesto que en España el tipo general es del 25%-, el gravamen a las energéticas y el juego de incluirlo o desecharlo de la reforma fiscal, según conveniencias de la aritmética parlamentaria, ha suscitado una fuerte reacción entre los economistas consultados por THE OBJECTIVE. Los expertos consideran que la actuación del Gobierno es un «fiasco» y que peca de «arbitrariedad» sin medir las consecuencias de una fiscalidad que se puede llevar por delante «el 17% del volumen total de las inversiones de las empresas españolas». Es decir, «afectando directamente al coste de los servicios esenciales y comprometiendo hasta 30.000 millones en inversiones estratégicas».
Además, el Ejecutivo ha dejado en el aire el futuro de este tributo, pues ha acordado con Podemos, ERC, EH Bildu y BNG redactar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas, al tiempo que le garantiza a Junts que no gravará a aquellas sociedades que inviertan en la descarbornización.
Una bipolaridad legislativa que arranca críticas. También el desconcierto del Banco de Santander, y de los profesionales y economistas que mantienen que este impuesto va a «suponer menores inversiones», y va a dejar la percepción global de que las acciones políticas del Gobierno son «aleatorias, institucionalizando así la inseguridad jurídica y politizando la fiscalidad, fomentando el minifundismo empresarial, además de ser un dedazo de la Administración, que será la que señale qué empresas no pagarán impuestos y cuales sí», afirman.
«El impuesto de Sociedades es un camelo»
El economista Daniel Lacalle parte de una premisa: a esta reforma no se le puede llamar reforma fiscal. «Se le debe llamar un hachazo fiscal -sostiene- que, además, es contraproducente, porque introduce inseguridad jurídica. Expolia casi todavía más a las empresas y a las familias y, además, perjudica a los que finge proteger, sobre todo el impuestazo a la banca. El impuestazo a las energéticas -continúa el director económico de Tressis-, va a suponer menores inversiones, menor crédito, menores servicios y más caros para los ciudadanos».
«Y lo que es peor, y a mí me parece absolutamente aberrante -apostilla-, la percepción global: en España es completamente aleatorio si se le va a poner un impuesto por los ingresos, por sus beneficios, si es multinacional o no lo es, si está invirtiendo en Cataluña o no. En realidad -afirma-, de lo que estamos hablando aquí es de la institucionalización de la inseguridad jurídica, de la politización de la fiscalidad y, además, es falso que todo esto sea para pagar los servicios públicos, porque la deuda pública y el défict público siguen creciendo. Y el problema, como siempre, son los gastos», determina Lacalle.
Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de este periódico, es contundente al argumentar que «cobrar impuestos a las empresas no tiene nada de progresivo porque, si bien las empresas pagan los impuestos, no son ellas quienes cargan con los impuestos, sino sus clientes cuando pagan la luz, las comisiones bancarias o las cuotas de la hipoteca».
«Lo del 15% del impuesto de sociedades es un camelo para incautos, ya que nuestro tipo general es del 25%. Además -añade-, «cobrar impuestos mayores a las empresas grandes es un disparate que, como otras, medidas similares, perjudica el crecimiento de las empresas. Europa no prosperará mientras siga fomentando el minifundismo empresarial. La progresividad fiscal puede tener algún sentido entre personas físicas, pero no tiene sentido alguno entre empresas. Es una falacia muy representativa del carácter retrógrado que tiene en realidad el progresismo del Gobierno».
Finalmente, Arruñada señala que «aumentar la tributación de las rentas del ahorro por encima de 300.000 euros es justo lo contrario de lo que necesitamos. Incentiva la huida de capitales y la deslocalización del talento».
30.000 millones comprometidos
El economista Javier Santacruz cree que esta «reforma fiscal causará múltiples problemas de seguridad jurídica, ya que deja en un estricto dedazo de la Administración al considerar qué proyectos o qué empresas no pagarán este impuesto en el caso de las energéticas».
Santi Sánchez López, economista y profesor de la Universidad Católica de Ávila, también sostiene que «la política económica del Gobierno está generando un clima incompatible con la inversión y la actividad empresarial. «La inseguridad jurídica derivada de las decisiones arbitrarias y populistas como el impuesto a la banca y a la posibilidad de que se prorrogue el impuesto a las energéticas, sumada a la falta de un marco regulador estable, está ahuyentando la inversión extranjera y reduciendo la competitividad de las empresas españolas». «Esto es especialmente preocupante -subraya Sánchez López-, en un contexto en el que la atracción de capital es crucial para impulsar un crecimiento sano. Pero, el Gobierno -añade-, solo piensa en gastar más, aunque el volumen de gasto público se haya disparado de forma insostenible y el incremento de la deuda pública comprometa la estabilidad fiscal. Y, no solo eso -remata-, sino que también lastra las oportunidades de las futuras generaciones al priorizar una política cortoplacista enfocada en la supervivencia de Sánchez en detrimento de las reformas estructurales necesarias, tanto que, el impuesto a las energéticas, que afecta directamente al coste de los servicios esenciales, compromete nada más y nada menos que 30.000 millones en inversiones estratégicas».
Salvador Marín, responsable del Servicio de Estudios de la Cátedra EC-CGE del Colegio General de Economistas (CGE), defiende que «en este tema fiscal , como en todos los temas económicos, se necesita mucha más certidumbre, claridad y hoja de ruta». A su parecer, y coincidiendo con el Instituto de Estudios Económicos que preside Iñigo Fernández de Mesa y dirige Gregorio Izquierdo, «deberían haberse dividido los debates, por un lado, cumpliendo con Europa, pero no solo desde el lado de más gravámenes, sino también en la consolidación fiscal país, para además hacer un plan serio y con tiempo». Y es que estos temas «con sensaciones y realidades apresuradas -destaca- no son buenos para la certidumbre económica, ya que puede ser que acabe soportando las consecuencias el consumidor final. Por eso -señala el también presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para las Pequeñas y Medianas Empresas-, deberíamos hacer una reforma fiscal adaptada a las nuevas actividades del siglo XXI y ensanchar las bases imponibles más que gravar más las existentes. Recordemos -apunta Marín- que recientemente la OCDE sacó su informe en el que indicaba que España es el quinto país en presión fiscal, 37,3% del PIB, cuando la media de la OCDE es el 33,9%».
Legislar sin estudiar el impacto económico
El Círculo de Empresarios, presidido por Juan María Nin, cree por su parte que es necesario ampliar la reflexión sobre el trámite legislativo de medidas fiscales insistiendo en la necesidad de fomentar la seguridad jurídica para el desarrollo de las actividades de las empresas y particularmente a calidad legislativa de las normas. Efectivamente -insiste-, el dato de 30.000 millones de euros de inversiones energéticas en riesgo en tres años, publicado por el Club Español de la Energía (Enerclub), «refleja la conveniencia de legislar estudiando previamente el impacto económico de los proyectos legislativos en materia tributaria».
Mantiene el Círculo que las empresas son responsables de un 61 % (181.000 millones de euros) de la formación bruta de capital fijo (295.000 millones) en España. Y, en términos anuales -explica, como también remarca Sánchez López-, 30.000 millones equivalen al 17 % del volumen total de las inversiones de las empresas. De ahí que «hipotéticamente, una periodificación anual de esas inversiones en riesgo (10.000 millones) nos conduciría a una posible disminución de hasta un 6 % del total de las inversiones».
Esto pone de manifiesto -desarrolla el Círculo de Empresarios-, que en las propuestas legislativas de carácter tributario que se hagan al margen de la Ley General de Presupuestos «se debe reforzar la transparencia, la audiencia pública de los afectados, la participación de organismos constitucionales como el Consejo de Estado y los análisis de impacto económico, y no exclusivamente recaudatorio, porque -añade-, un sistema tributario estable y alejado de los naturales vaivenes de la negociación política, constituye una piedra angular de la seguridad jurídica para que las empresas y los inversores inviertan su capital y con ello contribuyan al bienestar económico y social, a la creación de valor para la sociedad y a la generación de empleos».
Evitar enmiendas forzadas
Otro de los organismos que también ha emitido su opinión acerca de esta última reforma fiscal ha sido el Instituto de Estudios Económicos que ha compartido con THE OBJECTIVE que las propuestas de nuevos impuestos planteadas en las últimas semanas, al no seguir estas vías preceptivas obligadas, resultan en normativas de ínfima calidad técnica especialmente contraproducentes, que no se han beneficiado de los procesos que garantizan que las normativas tributarias sean técnicamente de calidad. El punto de partida a seguir deben ser las figuras de proyectos de ley específicos redactados por los órganos ministeriales especializados, con informes preceptivos, trámites adecuados de audiencia y participación pública, plazos suficientes para incorporar procesos de enmiendas, como vía para incorporar las reflexiones de la opinión pública y/o las de los directamente afectados.
En todo caso -subrayan- «se deben evitar las enmiendas forzadas en leyes en tramitación y la aprobación de proposiciones de ley -que no sean las de la oposición, que no cuenta con otra alternativa-, ya que las normativas resultantes, muy condicionadas por lo que no son sino meros acuerdos políticos partidarios, muchas veces resultan incompatibles con los principios obligados de buenas prácticas legislativas y en especial, con el interés general, que exige el respeto al principio de separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que legitima la naturaleza y el funcionamiento del estado de Derecho en una democracia moderna y propia de un país avanzado».
