La construcción de vivienda social se ha reducido un 84% en la última década
Durante los gobiernos de Rajoy se terminaron cerca de 100.500 viviendas sociales frente a las 49.500 de la ‘era’ Sánchez
Dos personas en el escaparate de una inmobiliaria | Archivo
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el foco en la vivienda en 2023 y 2024. El último anuncio del secretario general del PSOE se produjo el pasado fin de semana en el 41º Congreso Federal del PSOE de Sevilla. En ese marco, el ratificado líder socialista anunció la creación de una «gran» empresa pública de vivienda que se encargará de construir y gestionar casas desde la Administración General del Estado (AGE). Una noticia que ha sido recibida con incredulidad entre los expertos.
«Es imposible y absurdo teniendo las competencias diferidas», apuntan fuentes del sector, que creen que es una «herramienta de marketing más» como «los anuncios de construcción de vivienda social que viene haciendo los últimos dos años». Se trata de «más propaganda para alimentar a sus seguidores. ¿Por qué ahora dar un paso más en una gran empresa pública de vivienda después de incumplir sus promesas de 184.000 viviendas, de las que no se ha hecho ninguna?», se pregunta Julián Salcedo, doctor en economía del Colegio de Economistas de Madrid, en conversación con THE OBJECTIVE.
Un anuncio que se produce cuando Sánchez lleva gobernando más de seis años y los datos sobre ejecución de vivienda social no han dejado de empeorar. En la última década, la construcción de viviendas sociales -las que tienen algún tipo de protección pública- se ha reducido un 84% con respecto a la media de las dos décadas anteriores, según un informe de PwC sobre el impacto del alquiler de corta duración en el mercado de la vivienda en España, al que ha tenido acceso este diario. Es necesario recordar que las viviendas con protección pública se pararon como consecuencia de que no se actualizaba el módulo en diferentes comunidades autónomas.
84% menos en una década
En la última década, la construcción de vivienda social ha disminuido a una media anual de 9.414 unidades, un 84% menos que la media de las dos décadas anteriores. La proporción de viviendas sociales sobre las nuevas construcciones ha disminuido del 40% de las unidades construidas en 2013 a menos del 10% en 2023. Por otro lado, la proporción de viviendas de alquiler social se sitúa en solo el 1% del total, siete puntos porcentuales menos que la media de la UE, según el informe.
Un informe que refleja, entre otras cuestiones, la evolución de la vivienda social en España. Según se puede apreciar en el cuadro superior, durante los gobiernos de Mariano Rajoy, las viviendas sociales terminadas alcanzaron aproximadamente la cifra de 100.500 frente a las 49.500 de la ‘era’ Sánchez. En el gráfico se aprecia el fuerte bajón en la construcción y entrega de viviendas con algún tipo de protección que se produce desde 2012, fruto de la profunda crisis económica que atravesaba el país y que arrancó unos años atrás, y también de la no actualización de módulos por parte de las autonomías, según explican fuentes del sector.
Hay que contar con el decalaje de los datos, ya que estas cifras corresponden a la evolución anual de las viviendas terminadas, es decir, viviendas que comenzaron a construirse al menos dos años antes. «Este descenso ilustra el reducido impacto del Estado en el mercado inmobiliario español, con unos niveles de vivienda social y de alquiler social notablemente inferiores a la media de la UE», aseguran los autores del informe.
Esta reducción en la construcción de viviendas sociales a nivel nacional afecta a todas las provincias. En los últimos diez años, todas ellas han disminuido la construcción de vivienda social en comparación con la media de 1991 a 2012. Como resultado, todas las provincias presentan ahora niveles más bajos de construcción de este tipo de viviendas, según el informe. Una situación mucho más dramática en las zonas más tensionadas, como Madrid y Barcelona.
Madrid, por ejemplo, ha pasado de 9.695 viviendas sociales al año entre 1991 y 2012 a solo 3.557 entre 2013 y 2023. Esto implica una reducción de más del 63% en los últimos diez años, representando solo un 13% de la oferta total de viviendas en 2023. Pero no es la única ni la más considerable. Barcelona ha experimentado una reducción del 63%, mientras que Málaga o Baleares lo ha hecho más de un 90%.
Dudas sobre el anuncio de Sánchez
En este contexto, el anuncio hecho el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno está generando dudas en el sector. En la asociación española de constructores y promotores (APCEspaña) ven difícil poder realizar una valoración ante la falta de concreción sobre este nuevo ente público. «La promoción de viviendas requiere de una muy alta profesionalización y un marco regulatorio claro, justo y estable en el tiempo, que permita realizar las inversiones necesarias para desarrollar proyectos con garantías y sin cambios normativos que demoran e incluso paralizan la actividad promotora».
La patronal de los promotores y constructores inmobiliarios señala que la construcción de viviendas es una actividad intensiva en capital, y para que este anuncio cuente con la credibilidad necesaria, además de necesitar detalles de cómo será este nuevo ente, es preciso conocer la dotación presupuestaria que se le vaya a destinar, «para que no quede en un simple anuncio de un acto político».
Se trata de un paso más «tras la fallida Ley de Vivienda que solo se ha aplicado en Cataluña, con los resultados negativos que conocemos. ¿Por qué una empresa pública de vivienda de la AGE cuando las competencias son de las comunidades autónomas? ¿No sería mucho mejor alcanzar un gran Pacto de Estado con ellas para avanzar?», se pregunta por su parte Salcedo.
En APCEspaña creen que el Gobierno, si quiere impulsar medidas efectivas que incidan en la oferta de vivienda, debería centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma de la Ley de Seguridad Jurídica (más conocida como Ley de Suelo), además de favorecer que las administraciones locales y autonómicas puedan poner suelo público a disposición de promotores públicos y privados, entre otras acciones.
