Los altos funcionarios explotan: «No hay motivos económicos para acabar con Muface»
Edmundo Bal, abogado del Estado, propone un copago o sistema mixto de financiación para salvar la mutualidad
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. | EP.
Los cuerpos superiores de la Administración General del Estado han explotado contra el Gobierno a un mes del fin del actual convenio. «No existen argumentos económicos, ni jurídicos, ni sociosanitarios para acabar con Muface», ha señalado Edmundo Bal, abogado del Estado, en un acto organizado conjuntamente por la Federación española de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local (Cosital). Además, Bal ha propuesto una especie de copago o sistema mixto de financiación para salvar Muface. Esto es, una parte pagada por los funcionarios y otra por la administración para seguir adelante con el sistema mutualista.
«Mi propuesta es un acuerdo colectivo, una parte pagada por funcionarios y otra por la Administración», ha indicado Bal, que recuerda que el fin de Muface no solo afecta al grupo A1 de la Administración, «sino también al resto funcionarios, para los que pagarse un seguro privado puede suponer un 10% de su sueldo». «No somos ricos, ni chulitos, como se dice por ahí», hace hincapié. Además, el abogado del Estado ha propuesto reintegrar en el sistema de concierto sanitario a todos los funcionarios que desde 2011 fueron excluidos: «De esta forma, el colectivo iría rejuveneciendo y al sistema entrarían personas que no harían tanto uso del sistema, pero que su vez estarían aportando». «Hasta que no fallezca el último funcionario de Muface no hay derecho a que nos quiten este servicio de forma unilateral», ha hecho hincapié.
En este sentido también se ha pronunciado Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca, que indica que «no estamos dispuestos a negociar un fin de Muface, porque no existen razones económicas. Muface supone un ahorro». Así, apunta a un «motivo ideológico» para acabar con el sistema mutualista «de la noche a la mañana» y recuerda que el gasto per cápita de Muface es de 1.068 euros, frente a los 1.674 euros de la sanidad pública. Además, indica que las listas de espera de comunidades como Castilla y León, Extremadura o Andalucía, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se van a incrementar un 225% si Muface cae, debido al sistema sanitario tan tensionado que ya padecen estas regiones.
Por ello, es que desde Fedeca insisten en la «demagogia» que desde el Ministerio de Sanidad hacen de la situación tras su informe en el que propone la incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de Muface al Sistema Nacional de Salud. «Es un informe infumable, ideología pura», explica Edmundo Bal. Una opinión respaldada por Ana de la Herán, Inspectora de Hacienda del Estado, que asegura que desde el ministerio «repiten una serie de ideas como un mantra, ideas que no se corresponde con la realidad. Hay una ausencia absoluta de argumentos, necesitamos personas técnicas y preparadas, que hagan un estudio serio, con conocimiento de causa, con la prioridad puesta en los ciudadanos».
Por último, Mario Garcés, interventor y auditor del Estado, ha precisado que Muface «no es una privatización de la sanidad». «Los conciertos no son privatizaciones. Mónica García sería una buena médica, pero con conceptos jurídicos pésimos». De esta forma, Garcés manda un mensaje de confianza a todos los funcionarios y asegura que «no vamos a consentir que esto se politice, no somos unos privilegiados». Y concluye: «Mientras una parte del Gobierno intenta imponer una ideología decadente, a la otra parte no le interesa tener a un millón y medio de funcionarios en la calle. Calma y paciencia».
