La 'mili', el absentismo y la subida de sueldo de los funcionarios

Los asuntos se amontonan a medida que se acerca el fin de año y, aprovechando que es (o ha sido) Black Friday, en lugar de un episodio sobre un tema monográfico, vamos a dar tres por el precio de uno.

El primer asunto es el anuncio del acuerdo que han firmado el Ministerio de la Función Pública, UGT y CSIF para subir el salario de los empleados públicos un 11% en los próximos cuatro años. Parece, en principio, una cifra elevada, pero los sindicatos sostienen que ni siquiera permite recuperar la capacidad adquisitiva perdida los últimos años, que, sumando recortes y congelaciones, rondaría el 20% desde 2010.

¿Y cómo han acogido la noticia los expertos? Bueno, por un lado, valoran positivamente el carácter plurianual de la medida, porque otorga previsibilidad, pero, por otro y aquí querría yo hacer hincapié, echan en falta compromisos explícitos y mensurables de mejora de la productividad.

En El Gris Importa hemos abordado a menudo el problema de productividad que tiene la economía española y al que, naturalmente, la Administración no podía ser ajena. Hay un informe que elabora el Banco Mundial a partir de cuatro ámbitos: eficacia de la Administración, calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción, y por lo que se refiere a España su conclusión no es alentadora. La productividad de la Administración ha pasado de estar por encima de la media europea en el año 2000 a caer por debajo.

El que nuestra Administración funcione no solo mal, sino cada vez peor, no es ninguna tontería. En España, el sector público gestiona un gasto equivalente al 45% del PIB y ocupa a 3,5 millones de asalariados, lo que significa, primero, que las posibles ganancias de eficiencia son muy relevantes de cara al ahorro de recursos (recursos que, no lo olvidemos, salen de nuestros impuestos) y, segundo, que un mal funcionamiento de la Administración resta competitividad a nuestras empresas.

¿No debería el Gobierno preocuparse más por una productividad de la que, en última instancia, depende el bienestar futuro?

El segundo asunto es el regreso de la mili. Desde que Putin se anexionó Crimea, varios países han restablecido algún tipo de servicio militar obligatorio. Los primeros son vecinos de Rusia que han puesto las barbas a remojar al ver las del vecino pelar, como Letonia, Lituania, Polonia y, por supuesto, Ucrania.

Pero gradualmente se han incorporado a la partida naciones alejadas del frente, como Italia, Alemania o Francia. Aquí, la ministra Margarita Robles lo ha descartado taxativamente. «No va a haber servicio militar en España», ha declarado en el Congreso, y si quiero ser coherente conmigo mismo debo decir que me alegro, porque yo no guardo un recuerdo grato de mis 13 meses en el campamento de instrucción de reclutas de Cáceres, primero, y en el Regimiento Mixto de Ingenieros de la División Acorazada Brunete, después.

Hecha esta precisión, a nivel económico tampoco parece especialmente ventajosa la ‘mili’. Es verdad que desde el punto de vista presupuestario, la conscripción ahorra recursos al Estado, porque los reclutas cobran menos que soldados profesionales. Pero hay también un coste de oportunidad, porque el valor de la producción civil sacrificada y de los estudios interrumpidos es muy superior.

Desde el punto de vista social, el asunto no está, sin embargo, tan claro. Como señala el filósofo Michael Sandel, «pagar a un número hasta cierto punto pequeño de nuestros conciudadanos para que luchen nos ha dejado al resto al margen de lo que está sucediendo», y ese desapego nos ha llevado a desentendernos de la primera obligación cívica en una democracia, que es defender esa democracia. En el caso concreto de Europa, la falta de ardor guerrero nos pone en una clara situación de desventaja frente a Rusia o China, cuyos tiranos no tienen el menor escrúpulo en enviar a la muerte a decenas de miles de compatriotas.

El tercer asunto es el absentismo, que se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes para las empresas españolas en los últimos años. Si en 2019 ya se encontraba en un nivel bastante elevado del 5%, tras el covid se ha enquistado en tasas récord del 7%. Esto es como si un millón y medio de personas no acudiera ni un solo día a trabajar y supone un coste equivalente al 1% del PIB, o sea, no es ninguna broma.

¿A qué obedece esta progresión? Los empresarios están preocupados, pero los sindicatos incluso niegan la mayor y dicen que el que la gente se quede ahora en casa cuando se siente enferma debería ser lo normal, y no lo que pasaba antes, que iba con fiebre y con escalofríos. O sea, que el verdadero problema no es que se recurra más a las bajas, sino la campaña de la patronal para restringirlas y estigmatizar a los empleados.

Sobre ello debaten el profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y el corresponsal económico de THE OBJECTIVE en este nuevo episodio de El Gris Importa.