El Ministerio de Hacienda tiene 33 propiedades okupadas en toda España

El Ministerio de Hacienda tiene un total de 33 inmuebles okupados sin título en distintos puntos de España, según la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de una solicitud al Portal de Transparencia. De estas propiedades, cinco han sido okupadas durante 2025 y recientemente se han desocupado dos que estaban en la misma situación.

La Dirección General del Patrimonio del Estado señala que estas propiedades —que incluyen oficinas, pisos y casas— se encuentran en «situaciones litigiosas diversas». La Administración aclara que de estos datos no puede inferirse automáticamente que estén okupadas en el sentido habitual del término, ya que «resulta ajeno al ordenamiento jurídico vigente y puede inducir a la confusión» por su inclusión en el léxico del español.

En cuanto al coste que suponen estos procesos, el ministerio indica que no constan gastos específicos por litigios más allá de la asesoría jurídica habitual prestada por la Abogacía del Estado, sobre la que no disponen de datos.

Rechazo al decreto ómnibus por las okupaciones

Hace unas semanas, el Gobierno no pudo sacar adelante el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas como la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables por no contar con el apoyo de Junts ni del PP y con el rechazo de Vox.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, justificó el rechazo de su partido a este decreto de escudo social porque lo que pretendía, afirmó, es que «se mantengan las okupaciones ilegales», y el PP está «completamente en contra» de eso. Además, afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quería «intentar salvar» que «no tiene legislatura» ni Presupuestos, «mezclando cuestiones rutinarias del día a día con algo importante» como la revalorización de las pensiones.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, señaló que el Gobierno intentó colar en un mismo decreto las pensiones con «el tema de las okupaciones», pero desde su formación no se «comieron el sapo» pese al «chantaje, las presiones y las mentiras» del Ejecutivo. «El Gobierno español ha tenido que rectificar».

Según Nogueras, el Ejecutivo de coalición ha tenido «seis años para encontrar una solución» a lo que denomina «el problema de las okupaciones», pero ha sido incapaz de «hacer los deberes» en esta materia.

Finalmente, el Consejo de Ministros decidió trocear el decreto ómnibus y separar dos decretos, uno con la revalorización de las pensiones y medidas de Seguridad Social y otro con el denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios.

Cataluña encabeza las denuncias por okupación

Las denuncias por okupaciones de vivienda repuntaron un 7,4 % en 2024 en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantuvo a la cabeza, al registrar 7.009 casos, un 42 % del total.

El dato catalán, con una subida del 12 % respecto a 2023, contrasta con las bajadas en otras dos de las cuatro regiones más pobladas. En la Comunidad de Madrid, en el año 2024 hubo 1.451 denuncias por usurpación y allanamiento, lo que representa una caída del 4,3 %, y en Andalucía fueron 2.207 denuncias, con una bajada del 5,3 % con respecto a 2023.

Es decir, Cataluña sigue registrando más casos de okupaciones que la suma de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la cuarta región más poblada, la Comunidad Valenciana, donde se registró un total de 1.767 denuncias.

Diferencias entre allanamiento y usurpación

El Gobierno, y en particular el Ministerio del Interior, suele pedir no alarmar sobre la problemática de las okupaciones, porque los casos más graves de allanamiento de morada son «pocos en España», en comparación con los de usurpación, la mayoría de ellos sobre viviendas vacías. «No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa», ha llegado a decir el ministro Fernando Grande-Marlaska para responder en sede parlamentaria a las críticas.

Las estadísticas oficiales de este departamento no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia. En 2022, los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado reflejaban que solo el 0,16 % de los delitos genéricos de ocupación se referían a delitos de allanamiento.