España sigue sin gastar 38.000 millones de fondos UE a diez meses de que finalice el plazo
Casi la mitad de las ayudas asignadas en el Plan de Recuperación todavía no ha llegado a la economía real
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. | EFE
España sigue sin gastar 37.686 millones de euros de fondos europeos —el 47,2% de las transferencias asignadas— a diez meses para que finalice el plazo legal de ejecución del Plan de Recuperación, fijado para el 31 de diciembre de 2026. Hasta ahora se han abonado efectivamente 42.168 millones de los 79.854 millones concedidos, según los registros oficiales de pagos efectivamente realizados con cargo al programa financiado por la Unión Europea, analizados por THE OBJECTIVE. Esta cifra refleja el dinero que ha llegado a la economía real, una vez completado el proceso administrativo y contable.
El calendario incluye además un hito inmediato que condiciona el desarrollo final del plan. España dispone de cuatro meses para solicitar los últimos desembolsos asociados al cumplimiento de los objetivos comprometidos ante la Comisión Europea. Este trámite es necesario para completar el ciclo financiero del programa, ya que los pagos requieren un proceso previo de validación y verificación por parte de las instituciones europeas antes de su cierre definitivo.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se aprobó en 2021 en respuesta a la crisis económica provocada por la covid. Su finalidad es financiar inversiones destinadas a reforzar la transición energética, acelerar la digitalización y modernizar la estructura productiva. El instrumento se articula mediante transferencias directas, que constituyen subvenciones a fondo perdido, y préstamos adicionales que pueden solicitarse de forma voluntaria. El volumen principal corresponde a las transferencias, cuya ejecución dentro del plazo fijado es obligatoria.
Fondos europeos para reactivar la economía
España ha recibido ya la práctica totalidad de los fondos comprometidos por Bruselas. Los desembolsos autorizados superan los 77.000 millones de euros, lo que equivale a más del 96% de las transferencias asignadas. Sin embargo, una parte sustancial de estos recursos permanece sin traducirse en pagos finales a empresas, administraciones y particulares. Esta diferencia confirma que una parte relevante de los fondos sigue sin generar impacto económico directo.
El volumen pendiente obliga a concentrar el esfuerzo en el último tramo del calendario. Para completar la ejecución antes del cierre del programa, España tendría que pagar cerca de 3.800 millones de euros al mes hasta diciembre de 2026. Este ritmo prácticamente duplica la media mensual registrada desde la puesta en marcha del plan, lo que refleja la magnitud del esfuerzo necesario para agotar completamente los recursos dentro del plazo previsto.
El programa europeo asignó a España 79.854 millones de euros en transferencias directas, el equivalente a más del 6% del producto interior bruto (PIB), lo que lo convierte en el mayor instrumento de inversión pública financiado por la Unión Europea en el país. A este volumen se añaden hasta 83.000 millones en préstamos, aunque estos no forman parte de las obligaciones de ejecución inmediata.
Inversiones y reformas
Desde su aprobación, el plan se ha desarrollado mediante un sistema de desembolsos condicionados al cumplimiento de objetivos concretos. Cada pago requiere acreditar la ejecución de inversiones o reformas previamente acordadas con las instituciones europeas. Este modelo implica que el dinero solo se considera ejecutado cuando se completa el proceso y se abona al beneficiario final.
La ejecución de los fondos incluye varias fases sucesivas: publicación de convocatorias, adjudicación de proyectos, desarrollo material y certificación final del gasto. Solo cuando se completa este recorrido se produce el pago definitivo. Esta secuencia explica la diferencia entre los recursos asignados y los que figuran como ejecutados en las estadísticas oficiales.
La gestión del plan está distribuida entre distintos niveles administrativos. La Administración General del Estado coordina el programa, pero comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos públicos participan directamente en la ejecución de los proyectos. Esta estructura multiplica los procedimientos y condiciona el ritmo de los pagos.
Calendario muy ajustado
El calendario europeo establece que las inversiones deben estar ejecutadas y certificadas antes del cierre de 2026. Este límite fija el marco temporal definitivo del programa y convierte el último año en el periodo decisivo para completar las actuaciones previstas. El impacto económico del Plan de Recuperación depende de la ejecución efectiva de los fondos. Su objetivo es financiar inversiones capaces de reforzar la actividad económica y modernizar la estructura productiva. Mientras los recursos no se ejecutan, permanecen sin generar efecto directo sobre la economía.
El volumen pendiente representa una parte relevante del esfuerzo inversor previsto tras la pandemia. La ejecución de estas inversiones determinará el alcance final del programa y su contribución al crecimiento económico en los próximos años. España entra así en la fase final del mayor programa de financiación europea recibido hasta ahora. El ritmo al que se completen los proyectos durante los próximos meses determinará el grado de absorción de los fondos y el balance definitivo de este instrumento extraordinario de inversión pública.