Bruselas aumenta un 68% los fondos de asilo para España, segundo receptor de refugiados

La Comisión Europea ha dado un peso significativo a España en el reparto de su última ampliación del fondo comunitario destinado al Asilo, Migración e Integración. En 2021, asignó al programa español 482 millones de euros, aunque desde entonces se han llevado a cabo cinco modificaciones presupuestarias. En la quinta, se ha incrementado en 244 millones esta partida, alcanzando un total de 812 millones, es decir, una cifra un 68,5% superior a la contemplada inicialmente. Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado que a esta financiación hay que añadir los 82 millones de «otro mecanismo específico para proyectos europeos en competencia», el tramo temático del Fondo FAMI, dedicado a prioridades estratégicas y necesidades urgentes, elevando la cantidad total hasta los 894 millones para el periodo comprendido entre 2021 y 2027.

La llegada de esta inversión de Bruselas ha coincidido con la última actualización de los registros de asilo de Eurostat, unos datos que han vuelto a situar a España como el segundo receptor de refugiados del bloque comunitario —solo superado por Italia— con 9.655 solicitudes en el pasado mes de diciembre, un 20,3% del total de 47.650 personas que pidieron refugio en la UE por primera vez aquel mes, un volumen que no llega ni a la mitad del vivido durante el pico de 2023. Nuestro país es además el que más permisos concede después de la nación germana —resolviendo positivamente 23.210 procesos en el último trimestre contabilizado—, el tercero con mayor concentración relativa a la población, por detrás de Grecia e Irlanda, y el cuarto con más expedientes de demandantes menores de edad, con 160 casos en diciembre, por detrás de Países Bajos, la República Helénica y Alemania. En su nota metodológica, Eurostat avisa de que los datos de España, Chipre, Polonia y Francia son incompletos. En el caso español, detalla que, desde marzo de 2025, solo recibe cifras «provisionales».

Tanto la UE como la Convención de Ginebra reconocen el asilo como «un derecho fundamental y una obligación para los países». Los miembros del bloque comunitario deben concederlo a personas que se enfrentan a discriminación por etnia, religión, nacionalidad, ideología o pertenencia a un grupo social en su tierra de origen, y a brindar protección subsidiaria a las que huyen de conflictos armados, torturas, ejecuciones o trato degradante. Los principales solicitantes en diciembre en el conjunto de la Unión fueron de nacionalidad venezolana (6.675 pidieron refugio por primera vez), afgana (4.900), bangladesí (3.190) y siria (2.025); todas ellas marcadas por la inseguridad y la represión de regímenes dictatoriales en sus respectivos territorios de procedencia. En el mismo periodo, previo a la guerra en el golfo Pérsico, 410 iraníes buscaron amparo en territorio europeo.

Según el seguimiento que ha llevado a cabo Bruselas de estos fondos, un 50% de las personas son admitidas por motivos humanitarios y la otra mitad son reubicadas. Según estos datos de 2024, un 37% de los solicitantes de protección internacional es transferido de un país miembro a otro, un 26% acaba pidiendo estatus permanente, un 24% regresa voluntariamente y otro 2% es deportado. Asimismo, la estadística recoge que un 4% logra mejorar su dominio del lenguaje tras inscribirse en un curso de idiomas. Tal y como informó la Comisión hace dos meses, el Fondo de Asilo, Migración e Integración está dotado con 10.940 millones de euros. Fue aprobado en 2021, un año antes de la autorización al programa español, y ha sido objeto de varias modificaciones presupuestarias para destinar recursos a la gestión de fronteras, la tramitación de visados, la seguridad internacional, la base de datos de asilo, entre otros incrementos y reducciones para asignar partidas adicionales o retirar las no ejecutadas. En mayo de 2025, la Comisión emitió una resolución para reforzar el proyecto con otros 810 millones de euros, que ascendían a 1.500 teniendo en cuenta el mecanismo temático. De ellos, se preveía asignar a España 119,4 millones.

Seis meses más tarde, Bruselas publicó su Informe Anual de Asilo y Migración, que definía a España, Italia, Grecia y Chipre como países «bajo presión migratoria» y con un «nivel desproporcionado» de inmigración, incluyendo aquella procedente de rescates marítimos. Por ello, planteaba mecanismos solidarios de traslado a otras partes de la UE, que proponía concretar a través de una encuesta anual para determinar a cuántas personas reubicar y, en caso de ser imposible, cómo resarcir económicamente a las naciones afectadas. Los Gobiernos de Hungría, Polonia y Eslovaquia expresaron su negativa a estos planes, ya que no estaban dispuestos a recibir más inmigrantes y refugiados o a pagar compensaciones por no hacerlo; pero semanas más tarde se anunció un acuerdo al respecto en el seno del Consejo Europeo, que agrupa a los jefes de Estado o de Gobierno de los miembros de la Unión.