El sistema de pensiones devora el futuro: cada nueva pensión cuesta 500 euros más
«La consecuencia es física. El gasto total en pensiones marcó en 2025 un nuevo récord histórico»
Cuando el Gobierno explica que el gasto en pensiones sube porque los jubilados cobran más gracias a la revalorización, está contando sólo una parte de la verdad. El 58% del incremento previsto para 2026 corresponde, en efecto, a la actualización automática con el IPC, algo que cualquiera puede entender y que además es políticamente cómodo de defender. El problema es el otro 42%: el llamado efecto sustitución, que casi nadie explica con claridad y que es, en realidad, la bomba de relojería del sistema.
La mecánica es sencilla. Cada vez que un pensionista causa baja, porque fallece o deja de percibir la prestación, es sustituido por uno nuevo que entra al sistema cobrando, de media, 500 euros más al mes. No porque haya habido inflación, sino porque las cohortes de trabajadores que se jubilan ahora tienen carreras más largas, bases de cotización más altas y prestaciones más elevadas que las generaciones anteriores. Es un mecanismo que sólo puede ir en un sentido: hacia arriba.
La consecuencia es física. El gasto total en pensiones marcó en 2025 un nuevo récord histórico de 216.653 millones de euros, según datos del IVIE y el Ministerio de Inclusión, y para 2026 la proyección lo sitúa en 229.263 millones, un 5,9% más. Expresado como porcentaje del PIB, España dedicará en torno al 13% de toda su riqueza nacional a pagar pensiones. Para poner en contexto, el gasto en defensa no superará el 1,5% (pese al 2% exigido por la OTAN), el de educación el 5% y el de sanidad el 7%, que sumados se aproximan al gasto en pensiones. En 2012 era el 10%. En 2019, el 11,3%. La tendencia no sólo no se frena, sino que se acelera.
La comparativa europea no ayuda a tranquilizar. Alemania, con una estructura demográfica más envejecida, una tradición bismarckiana mucho más consolidada y una economía dos veces más grande que la española, gasta en pensiones el 12,3% de su PIB. La media de la OCDE está en el 8,9%. España, con una tasa de actividad menor, una productividad más baja y una población que también envejece, ya supera a Alemania. La pensión media de jubilación se sitúa en torno a 1.370 euros al mes según datos de la Seguridad Social de febrero de 2026, pero la de los nuevos entrantes es considerablemente mayor, lo que explica por qué el diferencial de 500 euros mensuales entre nuevas pensiones y las que causan baja importa tanto en términos presupuestarios; es estructural, no coyuntural.
La AIReF lo dice sin eufemismos en su Informe 2/25, publicado en marzo: el sistema presenta un riesgo medio-alto de sostenibilidad en el largo plazo. No es una advertencia técnica menor enterrada en un anexo. Es el organismo independiente de control fiscal diciéndole al Gobierno que la trayectoria actual no es compatible con la estabilidad presupuestaria.
Aquí entra la reforma Escrivá. Prometida como la solución estructural que garantizaría la sostenibilidad, aplaudida por Bruselas como condición para recibir los fondos europeos, la reforma de 2023 vinculó la revalorización de las pensiones al IPC con carácter permanente y amplió la base de cálculo para las nuevas prestaciones. En la teoría clásica socialista-populista, más justicia. En la práctica real del contribuyente, cada día más asfixiado, más gasto comprometido y menos margen de maniobra. La revalorización automática convirtió en derecho adquirido lo que antes era una decisión política anual, sometida al debate parlamentario y a la situación de las cuentas públicas. El efecto sustitución, mientras tanto, sigue corriendo por su cuenta.
¿Puede el Estado seguir prometiendo pensiones que no podrá pagar? Esa es la pregunta que ningún partido quiere responder en voz alta. No es una pregunta retórica, es una duda aritmética. Con una población que envejece, la generación del baby boom entrando en masa en la jubilación durante los próximos quince años y un mercado de trabajo que sigue generando empleo precario con bases de cotización bajas, la brecha entre ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social no va a cerrarse sola. 628 millones al día definen la sostenibilidad fiscal de nuestro modelo.
El debate sobre las pensiones en España lleva décadas secuestrado entre dos posiciones igualmente estériles: los que niegan que haya un problema y los que proponen soluciones tan dolorosas que nadie quiere oírlas. Lo que revelan los datos de 2026 es que la negación ya no es sostenible. El efecto sustitución no aparece en los titulares sobre las subidas que reciben los jubilados ni en los discursos sobre la dignidad en la vejez, pero sí aparece, puntual e implacable, en el gasto público, incluso sin Presupuestos Generales del Estado actualizados. Y seguirá apareciendo, año tras año, hasta que alguien decida ser honesto sobre lo que el sistema puede soportar y deje de prometer el cielo.