Un tercio de los avales ICO por la guerra de Ucrania sigue en el cajón tras dos años
Autónomos y empresas han solicitado 6.000 millones de los 9.000 disponibles hasta junio de este año
Cartel del ICO. | Europa Press
Un tercio de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) puesta en marcha por el Gobierno para paliar las consecuencias de la invasión de Ucrania continúa en un cajón después de varias prórrogas para su utilización por parte de empresas y autónomos. Esta ayuda fue la partida más cuantiosa del plan de medidas que lanzó Moncloa para hacer frente a los efectos de la guerra y la subida de la inflación, en la primavera de 2022.
De acuerdo con los datos del último informe de seguimiento de esta línea, al que ha accedido THE OBJECTIVE, el volumen de garantías públicas consumidas alcanza los 6.000 de los 9.000 millones puestos encima de la mesa por parte del Consejo de Ministros. Las peticiones en un principio fueron muy exiguas, pero poco a poco la demanda ha ido a mejor y ha sido creciente, si bien nunca ha sido tanta como para agotar los avales públicos hasta la fecha, y no se espera que se alcance el importe máximo disponible.
Los datos indican que se ha solicitado un respaldo del ICO por 6.080 millones por parte de 29.664 autónomos, pymes y grandes empresas, que han podido lograr una financiación conjunta de 7.818 millones hasta finales de junio de este año. La línea está abierta hasta diciembre de 2024, tras haberse ampliado los plazos en tres ocasiones para aumentar el volumen de los recursos destinados. La última vez se produjo el pasado junio, cuando además se incluyó entre los sectores beneficiarios a los profesionales y compañías agrícolas tras el permiso de la UE, al tratarse de ayudas de Estado.
Como en las garantías que se lanzaron en la pandemia para autónomos y pymes, el ICO cubre pérdidas de hasta el 80% de la financiación otorgada por los bancos. El periodo de carencia que se puede disfrutar por esta financiación es de 12 meses y las entidades tendrán que mantener disponibles las líneas de circulantes para aquellas empresas que obtengan un crédito del ICO por la invasión de Ucrania.
Por contra, las empresas que soliciten esta ayuda no podrán repartir dividendos, siempre y cuando el aval percibido sea superior a los 50 millones de euros. Esta condición estará vigente durante la vida de la operación. Es decir, que si la financiación con apoyo del Estado tiene un vencimiento de diez años, que es el máximo establecido, los accionistas de las firmas beneficiarias no podrán recoger beneficios.
Las empresas que más han demandado avales son las relacionadas con la construcción y las infraestructuras, con un 12% del total. Después, se encuentran la industria de bienes de equipo, con un 10%, y los servicios empresariales y administrativos, con un 8,3%. Destacan también el sector de la alimentación y bebidas y su distribución, con un 7 y un 7,5%, respectivamente.
Las compañías catalanas han sido las que más han reclamado esta ayuda estatal. En concreto, el 20% de los avales concedidos hasta la fecha están radicadas en dicha comunidad, con una garantía de casi 1.230 millones. Las domiciliadas en Madrid, por su parte, han consumido un 16,7% del respaldo público, con 1.009 millones. En tercer lugar, se sitúan las andaluzas, con el 13% y 803 millones.
El ICO explica que el 55,9% de las operaciones, que superan las 37.000, han sido formalizadas por autónomos y micropymes (menos de 10 empleados). Y matiza que si se tiene en cuenta la referencia del segmento completo de pyme, el porcentaje alcanzaría el 85,6%.
El ICO se convirtió en una institución clave durante la pandemia, ya que el sector financiero movilizó 140.000 millones de euros de préstamos avalados. En esta ocasión, su función no ha sido tan determinante para mantener a flote el tejido industrial tras la invasión de Ucrania, pese a las expectativas que tenía el Gobierno.
En estos momentos, el organismo público está desplegando otra serie de medidas que le pueden devolver cierto protagonismo, como son los denominados avales para la adquisición de una vivienda por parte de los jóvenes, o su participación en el marco de los fondos europeos Next Generation, que se vehiculan como préstamos. La primera está dotada con avales de hasta 2.500 millones, mientras que la dotación de la segunda alcanza una garantías de 26.000 millones.
