Las empresas agotan el primer tramo de 5.000 millones de los avales del ICO por Ucrania

Las empresas, principalmente pymes, y los autónomos han agotado el primer tramo de 5.000 millones de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobado por el Gobierno en la primavera de 2022 a raíz de la guerra de Ucrania. Aunque en un principio tuvo muy poca acogida, este plan poco a poco ha ido teniendo más demanda ante los agobios de las compañías y los profesionales por las consecuencias económicas derivadas del conflicto y la inestabilidad política en nuestro país.

Según los datos del último informe del ICO recabados por THE OBJECTIVE, a finales de este mes de marzo, se han consumido garantías públicas por un importe de 4.967 millones, prácticamente el importe del primer tramo de la línea. Con estos avales, las empresas y los autónomos han percibido una financiación bancaria de 6.397 millones, distribuidos en 30.465 operaciones.

Los préstamos del ICO fueron la medida económica más relevante del paquete de ayudas que puso en marcha el Gobierno por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La línea estaba dotada con 9.000 millones de los 10.000 millones puestos a disposición con garantías estatales.

La medida del ICO está estructurada en tres partes. Una con avales de 5.000 millones (3.500 millones para pymes y autónomos y el resto para grandes empresas); otra con 500 millones para firmas de gas intensivo, que fue activada en diciembre de 2022; y una tercera de 3.500 millones, que fue lanzada a finales de diciembre de 2023.

El aval público máximo que pueden obtener los beneficiarios de estos préstamos tras la guerra es de un 80% y el periodo de carencia que se puede disfrutar por esta financiación es de 12 meses. Los bancos tendrán que mantener abiertas las líneas de circulantes para aquellas empresas que obtengan un crédito del ICO por la invasión de Ucrania.

Por contra, las empresas que soliciten esta ayuda no podrán repartirá dividendos, siempre y cuando el aval percibido sea superior a los 50 millones de euros. Esta condición estará vigente durante la vida de la operación. Es decir, que si la financiación con respaldo del Estado tiene un vencimiento de diez años, que es el máximo establecido, los accionistas de las firmas beneficiarias no podrán recoger beneficios.

Esta línea se sumó al programa multimillonario iniciado en 2020 tras el estallido del coronavirus por el que la banca movilizó 140.000 millones de préstamos con garantía del Estado. Unos créditos que, debido a las circunstancias de incertidumbre económica actual, pueden suponer pérdidas mayores a las estimadas. Por el momento, no están conllevando un agujero relevante y las entidades confían en que no habrá muchos problemas de pago, aunque ya están visualizando problemas de insolvencia.

De acuerdo con los datos del propio ICO, a finales de septiembre del año pasado, el principal pendiente de pago de todas las operaciones en las que se ha producido impagos, neto de las recuperaciones, asciende a 3.231 millones. La cifra incluye tanto la parte avalada como la que no tiene garantía estatal. Por tanto, la tasa de morosidad en la línea Covid se sitúa en el 2,3%.

El ICO apunta en el informe de seguimiento que por este programa de financiación las comisiones acumuladas recibidas por el Estado como remuneración del aval han ascendido a 1.925,79 millones. Explica que los bancos abonan periódicamente una tarifa anual a las arcas públicas sobre el saldo vivo avalado según lo establecido en los correspondientes acuerdos del Consejo de Ministros.

En la línea por Ucrania las empresas que más han demandado avales son las relacionadas con la construcción y las infraestructuras, con un 11,7% del total. Después se encuentran la industria de bienes de equipo, con un 10%, y los servicios empresariales y administrativos, con un 8,5%. Destacan también el sector de la alimentación y bebidas y su distribución, con un 7 y un 7,7%, respectivamente.

Las compañías catalanas han sido las que más han solicitado esta ayuda estatal. En concreto, el 20% de los avales concedidos hasta la fecha están radicadas en dicha comunidad, con una garantía de casi 1.000 millones. Las domiciliadas en Madrid, por su parte, han consumido un 16,7% del respaldo público, con 819 millones. En tercer lugar se sitúan las andaluzas, con el 13% y 653 millones.