Denuncian a la empresa pública Acuaes por eludir una indemnización tras una inundación
Un particular lleva su caso al Tribunal de Cuentas, que lo estudiará para tomarlo en consideración
La presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo Mayoral. | Europa Press
Un particular ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes, por sus siglas), adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), por no asumir una indemnización con respecto al seguro de responsabilidad civil en un contrato de 40 millones de euros, que está dividido en diversos lotes. El pasado 22 de febrero de 2024, la denuncia llegó al Tribunal de Cuentas y unos días después -el pasado 12 de marzo- este mismo organismo estimó trasladarlo a su sección de Fiscalización para una posible toma en consideración.
Todo comenzó el 12 de agosto de 2023, cuando se produjo una rotura en dos tuberías de una zona de riego de los Payuelos (en la provincia de León), que provocó una inundación en el terreno de alrededor que afectó a gran escala a una chopera de 12 hectáreas de un particular. Esa tubería está siendo explotada por las empresas Acsa y Cygsa, que establecieron una UTE (donde la primera tiene el control del 60%) para ganar el lote número cuatro por valor de 8,8 millones para los próximos cuatro años.
La empresa pública derivó la responsabilidad a su aseguradora Helvetia, pero esta aseguró que le correspondía a la aseguradora de las empresas que conformaban la UTE. Sin embargo, las aseguradoras de las dos empresas adjudicatarias se negaron a asumir la indemnización, que según diversos peritos se cifra por encima del medio millón de euros. Por un lado, Caser -que pertenece a Helvetia- argumentó que no eran responsables del siniestro al «no deberse a una actuación directa de la explotación sino a un vicio oculto o deterioro de las instalaciones, que además es indetectable en las actuaciones normales de la explotación y en las buenas prácticas de ingeniería», mientras que QBE Iberia no solo «rechazó atender su pretensión indemnizatoria» sino que además le instó a «ejercitar acciones ante los órganos administrativos y jurisdiccionales».
Si atendemos al contrato público en cuestión, sobre los daños a terceros, se deja claro que «los contratistas tendrán que indemnizar todos los daños, aun cuando ello obedezca a defectos o vicios de las instalaciones, cuando estos fueran detectables en buena práctica de ingeniería«. Una frase, esta última, que merecerá un estudio detallado para conocer las razones de este accidente y disipar las dudas sobre si ha sido un efecto estructural (que debe asumir la empresa pública al ser la propietaria de la tubería) o una negligencia operativa (que le competería a las aseguradoras de la UTE). Dependiendo de esto, se verá quién es el responsable del pago.
El terreno actual del propietario ha quedado completamente deformado desde el accidente, que se produjo a mediados de agosto del pasado año. Los arrastres del agua provocaron que la tierra que separa los chopos se haya hundido, en algunas zonas 20 centímetros y en otras 40 centímetros. En total, están afectados cerca de 5.000 árboles y entre las tres parcelas afectadas del particular se alcanzan los 113.000 metros cuadrados. Desde la empresa pública Acuaes reiteran al particular de que son conscientes de su situación, sin embargo, su inacción es notoria. Mientras tanto, el propietario de la chopera, debido al estado de su terreno, no ha podido podar los árboles, una actividad que requiere hacerse en invierno.
La empresa pública Acuaes
La empresa pública Acuaes se encarga de la construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas en las cuencas hidrográficas del Ebro, Tajo, Guadalquivir, Guadiana, Duero, Miño-Sil y Cantábrico, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Una labor que comparten con las diversas comunidades regantes (la agrupación de los propietarios de una zona regable). Entre sus cometidos, la compañía pública tiene el control de las tuberías principales, que nacen de los embalses (y que cobran por dicha gestión a las comunidades regantes), mientras que los ramales secundarios son controlados por estas últimas.
Desde el año 2018 (con la llegada del nuevo gobierno) se encuentra al frente de la empresa pública María Rosa Cobo Mayoral. Una mujer que ha desarrollado una gran parte de su etapa profesional en distintos puestos de la Administración General del Estado (AGE). Así, ha sido subdirectora general de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), directora de Servicios de Administración Electrónica en la Entidad Pública Empresarial Red.es y desde mayo del 2004 hasta abril de 2008 dirigió el Gabinete del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad en el Ministerio de Medio Ambiente.
