Montero torpedea el intento de Ribera por subir el límite en las inversiones en redes eléctricas

Una de las grandes demandas del sector energético está provocando un choque entre dos de las figuras más importantes del Gobierno. Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está impidiendo que la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trate de reformar el actual límite legal que existe para invertir en las redes eléctricas. Una petición que llevan reclamando durante meses las eléctricas. Pero este objetivo obliga a una movilización de recursos económicos considerable por parte del Estado. Según el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), se estima en 53.000 millones de euros para el año 2030.

En 2013, durante el gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó el Real Decreto 1048/2013 que limitó el volumen anual de inversión de todas las distribuidoras eléctricas (Endesa, Iberdrola, EDP, Naturgy y Viesgo) en las redes del sistema. De esta forma, no se podría superar el 0,13% del PIB de cada año previsto por el Ministerio de Economía y así el Ejecutivo de por entonces sorteaba una sobreinversión de las eléctricas en redes, que más tarde cargarían a los consumidores en la factura de la luz. Pero esta realidad, más de una década después, se ha mantenido.

Otras fuentes energéticas comentan que la razón que está moviendo a la ministra de Hacienda a mantenerle el pulso a Ribera es por un empeño suyo en no agrandar aún más el tamaño de las compañías energéticas de nuestro país. Una situación que inquieta en el sector. De forma reciente, la consultora PwC aseguró que «resultaba difícil proyectar inversiones masivas en descarbonización mientras se limitaba la inversión en las redes eléctricas, que son la principal palanca para electrificar y descarbonizar la economía».

Por otro lado, junto con el límite máximo de inversión a la distribución, se incluyó también otro límite para el transporte, que fue del 0,65%. Desde el sector varias voces han alzado la voz para denunciar este escenario. «El problema es que ese 0,13% del PIB (teniendo en cuenta el del pasado año) representan 1.900 millones de euros. Es decir, que las cinco grandes compañías del sector, entre todas ellas, tienen ese límite anual para gastar, y están proyectando más de 50.000 millones de inversión para 2030″, apuntan.

Las eléctricas reconocen que sin la ayuda del Estado no va a ser posible llevar a cabo ese nivel de inversión, que pretende llevar a cabo una transformación en las redes eléctricas del país. Y este es el obstáculo principal, señalan desde el sector. «Los problemas que existen hoy por el lado de la oferta se deben a la falta de demanda conectada a la red y a la falta de almacenamiento. Y sin inversiones es imposible. En redes es necesario hacer una apuesta clara», apuntan. A finales del pasado año, la Comisión Europea presentó un plan para destinar un monto de 584.000 millones de euros a las redes eléctricas.

La ministra Ribera, a principios de 2024, hizo guiño público a las eléctricas al abrir la puerta a incrementar el límite a las inversiones en nuevas redes eléctricas. Recordó que el pasado mes de diciembre el Gobierno ya dio «prioridad» en el Plan de Recuperación a una cantidad de 1.000 millones de euros para hacer modificaciones puntuales en la planificación de la red eléctrica, y disponer así de una inversión que va por encima del límite. Desde el sector aprietan: «No podemos construir una central de generación, tener industria, comercio y ciudadanía demandando energía verde sin tener la carretera construida por donde se la queremos entregar».

Problemas en redes

Mientras tanto, las eléctricas pelean por aumentar el límite en las inversiones en redes. Este año es clave para negociar con la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) la próxima retribución para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. Se cumplen ya cuatro años de la puesta en marcha de la actual retribución, y aunque el periodo regulatorio llega a su fin el próximo 31 de diciembre de 2025, los nuevos parámetros deben estar listos ese mismo año, con el objetivo de que se apliquen en 2026.

El sector se queja de que los altos tipos de interés y el sobrecoste de las materias primas han provocado pérdidas que deben subsanarse con una actualización en la retribución. Fuentes financieras aseguran a este medio que «las razones son claras: los tipos de interés han subido mucho y la rentabilidad financiera que se había aprobado en el anterior periodo regulatorio se está quedando muy corta». Esta la fijó la CNMC, a través de una circular a finales de 2019, en el 5,58%.