La regulación de la red eléctrica retrasa una década su digitalización

La nueva metodología de retribución de la red eléctrica aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para el periodo 2026 a 2031 retrasará una década el principal objetivo del país en materia energética: la digitalización de la infraestructura. Con el nuevo esquema -que trata sin éxito de parecerse al modelo totex- se lanzan señales que alejan la inversión por la transformación de la red y se incentiva la clásica apuesta por sustituir los transformadores.

«Los próximos cinco años eran clave para introducir la flexibilidad y se van a perder. Habrá que esperar al próximo periodo regulatorio», lamentan desde el sector. Hoy existen unas herramientas digitales que no se tenían hace doce años y que permiten sacar más provecho a la infraestructura actual, pero para ello se necesitan inversiones con una señal regulatoria muy fuerte que no se están dando. Estas herramientas son, por ejemplo, la capacidad de que el distribuidor pueda gestionar en tiempo real las cargas que tiene conectadas (es decir, la posibilidad de que el distribuidor evite las demandas en los momentos pico) y adecuar la red a futuras normas que impulsen nueva demanda de futuras tecnologías.

Todo ello ocurre en un momento de una ola de expansión por la inversión en la electrificación. Las empresas -que son las que toman decisiones sobre la inversión de la red- evitarán promover este objetivo por las señales regulatorias, porque supone más riesgo y se paga menos. Y posiblemente sus inversiones se canalicen hacia otros países. Las dos circulares del regulador que han dinamitado el sector eléctrico son la tasa de retribución para los activos regulados (fijada en el 6,58%) y la metodología de retribución. Aunque son distintas, van de la mano. La tasa —criticada por las eléctricas por considerarla demasiado baja, y por la que llegaron a reclamar hasta un 7,5 %— podría acabar resultando rentable para las energéticas si finalmente optan por el esquema tradicional de sustitución de transformadores en lugar de acometer una transformación profunda de la red.

El novedoso modelo totex ha sido el eje central de la circular relacionada con la metodología de retribución, pero se ha desvirtuado. Esta, teóricamente, consiste en la suma de retribución a la inversión (capex) y a la operación y mantenimiento (opex) de la red, combinada con un esquema de incentivos, que se ajusta con un mecanismo de reparto de beneficios entre el distribuidor y el sistema. De esta forma, se busca fomentar las inversiones eficientes en nuevas instalaciones, a la vez que se incrementa el uso y la operación eficiente de la red existente. Sin embargo, en el nuevo esquema aprobado no hay neutralidad entre el capex y el opex, sino un claro sesgo a favor del capex.

Controvertido movimiento del Gobierno

Las eléctricas tienen una base de activos regulados llamado RAB, el histórico de todo lo que tienen (por ejemplo, la vida regulatoria a un transformador o a una línea eléctrica) y por lo que cobran cada año (hasta cuarenta años) por dicha inversión. La suma de todos esos activos es el grueso de lo que ingresan las compañías eléctricas. Al tener una combinación de activos de un distinto momento temporal, cada año una parte de esa bolsa de activos que una compañía tiene se amortiza y deja de cobrar. Tradicionalmente, la filosofía que se seguía era que se podía invertir anualmente en activos compensándolos con aquellos que se amortizaban. Por ejemplo, una eléctrica tenía 100 activos y al amortizar ese año 10 se compensaba invirtiendo con otros 10, por lo que la bolsa continuaba con 100 activos.

Ahora, el Gobierno va a aprobar un real decreto que trata de incrementar el límite máximo para las inversiones que establece el Ejecutivo en la red, fijado en el cien por cien del 0,13% del PIB en la red de distribución. En otras palabras, lo que propone es que la base de activos no solo se compense con la amortización, sino que además se pueda aumentar dicha bolsa. Por lo que el RAB ya no es de 100 activos, sino que puede ser de 103. Desde el punto de vista del consumidor, esto es un problema, porque el RAB es la ‘mochila’ financiada año a año que los consumidores pagan a través de los peajes.

El Consejo de Estado, cuyo dictamen no es vinculante, dio luz verde a la tasa de retribución, pero criticó el modelo totex, que además contó con tres votos particulares en la cúpula del propio regulador. Las energéticas entienden que la decisión de la CNMC «es un gran paso atrás».