Uno de cada cuatro concursos de acreedores ya se producen en Cataluña

El clima empresarial en Cataluña sigue lejos de los tiempos anteriores al procés, pese a que han pasado casi siete años del referéndum independentista del 1-O y de que el Gobierno de Pedro Sánchez habla de una nueva etapa de prosperidad de la mano de los indultos a independentistas y la ley de amnistía. Lo cierto es que en plena negociación de este cuerpo legal los concursos de acreedores en la región han vuelto a crecer y ya representan uno de cada cuatro de los que se han producido en toda España durante el primer semestre del año.

Los datos del Radar Empresarial de Concursos y Demografía, elaborado por Experian y cribados por THE OBJECTIVE, indican que entre enero y junio se produjeron en Cataluña 817 concursos de acreedores, lo que supone un crecimiento del 38% interanual y el 26% de los 3.124 procedimientos que se produjeron en toda España en esta fecha. Solo en el mes de junio se declararon oficialmente 112 concursos.

Le sigue Madrid con 691 y un alza del 76% y la Comunidad Valenciana con 399 concursos, un 14,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Junto con Cataluña, estas tres comunidades suman el 61% de todos los procedimientos concursales en lo que va de año. Un escalón más abajo sigue Andalucía con 298 y un crecimiento del 30,7%; País Vasco con 151 y un alza interanual del 31%; y Galicia con 139 y un aumento del 26,3%.

Concursos de acreedores

El concurso de acreedores es un procedimiento jurídico destinado a solucionar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de una empresa y la última instancia antes de declarar una quiebra. Al suspenderse el pago de sus deudas, da tiempo a una compañía a reestructurar su pasivo y, si el procedimiento resulta exitoso, pueden esquivar la liquidación definitiva. Es además un claro indicador de las dificultades del tejido empresarial y de las diferencias entre comunidades, reflejando las mejores (o peores) condiciones que cada una ofrece a las sociedades establecidas en su territorio.

Los expertos consultados por este diario indican que hay un efecto global en España (los concursos han crecido un 38% en todo el país) por la nueva ley concursal, que ofrece una normativa más laxa para realizar estos procedimientos. Aunque también advierten que Cataluña lidera los concursos por su compleja situación política y su constante inestabilidad institucional que, a mediados de 2024, mantiene la incertidumbre para la formación de un nuevo Gobierno y la posibilidad cierta de tener nuevas elecciones en la segunda parte de este año.

Este efecto ha hecho que en todos los indicadores de cierres o salidas de empresas, Cataluña siga en los primeros lugares. En el caso de la disolución de empresas, el global de España ha descendido un 6,24% interanual en los primeros seis meses del año, con Murcia liderando el ránking con 7.969 compañías, aunque con un descenso del 16,8% y con los catalanes en segundo lugar (con 5.263 compañías), pero con un crecimiento del 0,8%.

Fuga de empresas

Por otro lado, este diario también publicó que la fuga de empresas de Cataluña se ha acelerado desde comienzos de año, coincidiendo con las negociaciones para sacar adelante la ley de amnistía entre el PSOE y Junts, y con el temor del tejido empresarial en que las demandas de los independentistas vayan a más y generen un nuevo procés en el que la inestabilidad política perjudique a las empresas con sede en la región.

La salida neta de empresas de Cataluña en el primer trimestre registró su máximo desde 2018 con un déficit de 84 sociedades. En los tiempos del procés se produjo un saldo negativo de 3.650 empresas que se marcharon entre 2017 y 2018. Las cifras del informe Cambios de domicilio de empresas indica que los primeros tres meses de 2024 se marcharon 247 empresas, por encima de los 243 que se fueron entre enero y marzo de 2023, aunque este año solo han llegado 163 sociedades frente a las 227 de igual periodo de 2023.

Vuelta a Cataluña

Una situación que representa exactamente el efecto contrario que perseguían los líderes independentistas con las presiones para que las empresas que se marcharon tras el procés volvieran a Cataluña. En enero de este año, Junts pidió que las compañías que se marcharon en 2017 fuesen sancionadas si no volvían y, aunque finalmente no se concretó ninguna medida ni se ha vuelto a hablar de incentivos o penalizaciones, las presiones siguen existiendo.

Es más, empresarios con sede fuera y dentro de Cataluña advierten a este diario que el perdón concedido a los líderes del procés, con Puigdemont a la cabeza, podría marcar el primer paso de nueva etapa de inestabilidad en la que volverá a estar sobre la mesa la autodeterminación y la independencia con negativas consecuencias para la pequeña y mediana empresa local, aunque advierten de que todo dependerá del Govern que finalmente logre constituirse en los próximos meses.