El Gobierno sigue sin asignar el 75% del dinero de los Perte y solo hay 24 meses para gastarlo
Hasta mediados de este año se han resuelto convocatorias por 10.200 de los 41.000 millones de euros repartidos
Jordi Hereu (en el centro), responsable del Perte VEC en su condición de ministro de Industria. | Alberto Gardin / Zuma Press.
La ejecución de los fondos europeos en los Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) está siendo incluso peor que la cifra global de recursos distribuidos hasta la fecha por el Gobierno en el marco de los fondos Next Generation. Los datos publicados esta semana por el Ejecutivo y cribados por THE OBJECTIVE indican que hasta mediados de este año se han resuelto convocatorias por apenas 10.257 millones de euros, lo que supone solo el 25% de los 41.182 millones que la Adenda al Plan de Recuperación adjudicó a estas herramientas en su última actualización.
Dicho de otra manera, el Gobierno tiene todavía que resolver convocatorias en estos Perte por valor de 30.924 millones de euros (el 75% del total asignado) y solo cuenta con dos años, hasta el 31 de agosto de 2026, para gastar este montante. Si antes de esta fecha no se adjudica el dinero, se tendrá que devolver a la Unión Europea.
Los datos actualizados por el Ejecutivo indican además que hay otros 3.803 millones «en próxima resolución» -aunque no dan fechas concretas ni plazos- lo que elevaría a 14.579 millones la ejecución de estos fondos europeos; esto es, un 35% del total asignado a los doce Perte en marcha. Pese a este crecimiento en el porcentaje, todavía seguirían sin concederse ayudas por valor de 26.303 millones de euros, el 65% del total.
Cifras de la Igae
En cualquier caso, las fuentes consultadas por este diario indican que ninguno de estos dos datos representa fielmente las cifras de ejecución. En primer lugar, las cifras no aportan el detalle de los pagos realizados, es decir, del dinero que ha salido de la administración hacia su destinatario. El montante de las convocatorias resueltas no se traduce automáticamente en recursos inyectados al tejido productivo, ya que -entre otras cosas- desde que se adjudica una convocatoria pasan varios meses hasta que se reciben las ayudas de los Next Generation.
Así se explica, como ya hizo este diario, el desfase entre los 40.400 millones que el Gobierno dice que ha resuelto en convocatorias totales (como consta en la plataforma Elisa) y los 33.300 millones que ha pagado el Estado por este concepto, según el registro de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae). Esto supone que todavía hay 6.670 millones que no han llegado a su destinatario, pese a estar adjudicados.
En segundo lugar, en el caso de los Perte la metodología utilizada advierte que como "convocatorias resueltas" también se incluyen los fondos transferidos a las comunidades autónomas para la ejecución de proyectos concretos. Esto significa que en el dato de ejecución que se adjudica el Gobierno se incorporan fondos que es probable que estén en manos de autonomías, pero cuyos expedientes siguen todavía en trámite.
Préstamos y créditos
Por otro lado, las cifras de los Perte reflejan el escaso interés del mundo empresarial por los préstamos concedidos, montantes que hay que devolver y que en el caso de estos proyectos representan nada menos que 16.680 millones. Hasta la fecha, apenas se han repartido 519 millones bajo este concepto, una cifra que representa el 3,1% del total consignado y que obliga a gastar 15.200 millones antes de que finalice agosto de 2026.
Expertos en fondos europeos consultados por este diario advierten de que España bordeará la normativa para intentar exprimir los plazos. En el caso de las ayudas (unos 80.000 millones corresponden a España por los Next Generation), los proyectos se deben ejecutar antes de agosto de 2026, pero en el caso de los créditos (otros 86.000 millones) podrán comprometerse antes de esta fecha, pero podrán gastarse posteriormente a este plazo. Eso sí, siempre que sean gestionados a través de organismos de crédito que garanticen su devolución, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Fondo de Resiliencia Autonómico o nuevos instrumentos creados ad hoc por SEPI o Cofides.
El Plan de Recuperación y Resiliencia se puso en marcha a comienzos de 2021 y el primer Perte, el del vehículo eléctrico y conectado (VEC) se aprobó en Consejo de Ministros en verano de ese año. No obstante, tres años y medio después y tras lanzar otros 11 proyectos, la ejecución sigue siendo escasa y, lo que es peor, no parece que los problemas burocráticos y administrativos denunciados recientemente por el Tribunal de Cuentas de la UE se hayan solucionado.
Los Perte y la Adenda
Del mismo modo, los expertos consultados argumentan también falta de personal y proyectos con fallos de diseño realizados sin contar con las autonomías ni con el sector privado. En definitiva, políticas y planteamientos alejados de las verdaderas necesidades del tejido empresarial.
Los Perte nacieron casi al mismo tiempo que el Plan de Recuperación con el reto de convertirse en una herramienta para dinamizar la colaboración público-privada y ser uno de los motores de la ejecución de los fondos europeos. Confiado en su importancia, el Gobierno aumentó su dotación desde los 14.205 millones iniciales a los 41.182 finales tras la Adenda al plan aprobada por Bruselas. Se incorporaron 7.600 millones en transferencias y otros 16.680 millones de préstamos.
Pagos realizados
Respecto del detalle de cada Perte, hay algunos que han conseguido resolver la mayor cantidad de los concursos como el Perte Aeroespacial, que ha entregado más dinero del presupuestado (1.166 frente a 931 millones) o el Perte de Salud de Vanguardia que ha repartido 1.180 de los 1.640 millones adjudicados (el 72% del total). Sin embargo, hay otros como el Perte Chip, que apenas han resuelto 179 de los 12.250 millones que le corresponden (1,5%), el de Descarbonización con 96 de 3.170 millones (el 3%), o el del ciclo del agua con 457 de los 3.845 millones de los que dispone (el 13,1%).
A nivel general, en el primer semestre del año se ha vuelto a batir el récord de lentitud de ejecución, con solo un 3,5% del total, equivalentes a 1.236 millones de euros en concepto de «pagos realizados» por el Estado. En 2021 se abonó solo un 45,5% del total (11.003 millones); en 2022 el 39,6% (11.271 millones); y en 2023 el 24,5% hasta completar un total de 33.300 millones de euros.
