El veto alemán al 5G de Huawei y ZTE eleva la presión de la UE para que España le secunde

El Gobierno español vuelve a enfrentarse a una regulación específica para las redes 5G de proveedores chinos como Huawei. La semana pasada, Alemania logró un pacto con sus principales operadoras -Deutsche Telekom (DT), Telefónica y Vodafone- para desmontar progresivamente estas infraestructuras calificadas de alto riesgo para la seguridad digital. Un movimiento que, según ha podido saber THE OBJECTIVE con fuentes comunitarias, ha redoblado las presiones de la Unión Europea sobre nuestro país para que endurezca la normativa y realice un bloqueo similar al alemán.

España dice que ya ha cumplido y que el esquema de ciberseguridad aprobado en mayo cumple con los requerimientos de Bruselas. En esta normativa, que vino a completar la ley de ciberseguridad 5G de abril de 2022, establece plazos y acciones en caso de detectarse suministradores de alto riesgo, pero no señala ni a empresas ni a países. Sin embargo, en Bruselas se considera que esta legislación está incompleta y que no aborda realmente la sustitución de compañías y que, por el contrario, se deja a las operadoras españolas en una situación de incertidumbre económica.

Del mismo modo, se advierte que el veto alemán a Huawei y ZTE es un camino que podría minimizar los costes cumpliendo los objetivos de la UE. La particularidad de esta normativa -además de señalar directamente a los proveedores chinos- es que se ha consensuado con la industria y solo se ha realizado a los elementos del software, no del hardware, es decir que solo se deberá sustituir la parte digital y no la física, como las antenas o elementos de su infraestructura.

Veto de Portugal

Se ha establecido además un calendario de sustitución que exige una revisión de los «componentes de software críticos» para fines de 2026 y una sustitución de las «funciones críticas» en los sistemas de gestión de antenas, líneas de transmisión y torres 5G para fines de 2029. El core se deberá cambiar en un máximo de dos años y el radio en un periodo de cinco. Esto permitirá reducir ostensiblemente el coste inicial de esta sustitución, que agencias como Moody’s han cifrado en 1.000 millones para DT y 700 para Telefónica y Vodafone, respectivamente.

Una de las críticas de las operadoras en España a los vaivenes legislativos del Gobierno español en el 5G es precisamente el elevado coste que significaría sustituir estos componentes, de hasta 1.000 millones si es que se efectúa un veto duro y si se piden sustituir todos los equipos, tanto de software, como de hardware. Las más expuestas a Huawei en España son las redes de Vodafone y MasOrange.

Alemania se suma a Portugal, que en junio del año pasado estableció vetos a todos los suministradores ajenos a la UE, la OTAN y la OCDE, lo que incluyó a empresas chinas (Huawei y ZTE) y a rusas, indias, africanas o latinoamericanas. No se bloquearon empresas, pero sí nacionalidades con el objetivo de salvaguardar sus redes ante riesgos de seguridad asociados con los equipos suministrados por empresas de regiones de «alto riesgo».

Lista de alto riesgo

Hace casi tres años, Reino Unido y Suecia prohibieron directamente a los proveedores chinos de sus redes core de 5G, las más críticas y las que contienen la información sensible de los usuarios. Francia no ha hecho una lista pública, pero sí que se ha excluido a todos los suministradores de este país de las redes de sus empresas locales. En el conjunto de la Unión Europea, ya son diez los países que han impuesto restricciones.

Por su parte, el Gobierno español se resiste a poner en el punto de mira empresas como Huawei o países como China. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, señaló en febrero que España no tiene previsto hacer una lista de suministradores de alto riesgo, una prerrogativa incluida en la ley de ciberseguridad 5G, pero que dos años después no se ha desarrollado. Lo único que se han establecido son procedimientos para sustituir equipos si es que se detectan o se establecen este tipo de proveedores.

Esta aparente contradicción se produce porque el Gobierno solo está dispuesto a señalar a operadores de manera puntual si es que se vulneran determinados preceptos del esquema de ciberseguridad aprobado este año. Esto persigue un doble objetivo: no señalar a los proveedores chinos y mantener una bala de plata para actuar si la situación de ciberseguridad y geopolítica empeora en los próximos meses.

Chery, MG y Huawei

España y China han redoblado su cooperación en los últimos meses tras el desembarco del fabricante de coches eléctricos, Chery, en Barcelona y con MG sondeando a Galicia para instalarse en Europa. Unas relaciones que van a más y que, como informó este diario, preocupan en Bruselas. En esta línea, el Gobierno español no quiere perjudicar estas inversiones poniendo en el punto de mira a las principales empresas tecnológicas de Pekín.

De esta manera, las presiones que Bruselas lleva ejerciendo en España en los últimos dos años no han tenido efectos y no han hecho que el Gobierno deje de ponerse de perfil. Europa pide reforzar la ciberseguridad y la soberanía y el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece navegar en el sentido contrario, evitando señalar a Huawei y ZTE y reforzando las relaciones comerciales y bilaterales con Pekín.