Sánchez desafía con más alianzas con Pekín el plan de la UE para reducir la dependencia china

El Gobierno español ha vuelto a erosionar la estrategia de la Unión Europea para reducir la dependencia económica china con la firma del acuerdo para que el gigante de coches eléctricos, Chery, ensamble algunos de sus modelos en la antigua factoría de Nissan en Barcelona. Fuentes comunitarias consultadas por THE OBJECTIVE han manifestado su preocupación al considerar que se abre la puerta del continente a una industria acusada de competencia desleal y que atenta contra el objetivo de consolidar la autonomía estratégica de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, puso sobre la mesa en marzo del año pasado una nueva estrategia comunitaria para reducir el riesgo y la dependencia económica de China, aunque sin romper relaciones comerciales con Pekín. Un giro para anticipar situaciones como las vividas con el gas ruso, que generó grandes desajustes comerciales en el continente tras el estallido de la invasión a Ucrania y el veto comercial a Moscú.

Von der Leyen sostiene que el bloque europeo debe diversificar sus recursos y reforzar sus cadenas de producción con socios afines y pidió a China permitir unas condiciones de igualdad y un acceso justo a las empresas europeas a su mercado, además de aportar más transparencia sobre subsidios y «un compromiso claro con la propiedad intelectual». En definitiva, se busca la independencia estratégica en áreas clave como la industria tecnológica y las energías verdes para las que la UE ha dedicado ingentes recursos a través de los fondos Next Generation.

Coches eléctricos y 5G

En este punto, la industria de los coches eléctricos conectados -de la que Chery es protagonista- es sumamente sensible para Bruselas. En septiembre, se puso en marcha una investigación a los subsidios de los vehículos eléctricos chinos, un movimiento que responde a la preocupación comunitaria respecto a posibles restricciones a las importaciones de la UE y subvenciones a sus principales exportaciones por parte de Pekín.

Este diario también publicó un informe de la Comisión Europea fechado este mes de abril que confirmaba que hay «distorsiones comerciales» en la economía china ya que el Estado sigue ejerciendo una influencia decisiva en la asignación de los recursos y en sus precios. Esto supone que se realizan una serie de actuaciones que favorecen a sus empresas como subvenciones y menores regulaciones, lo que perjudica a los competidores de empresas estatales controladas por Pekín.

Un cóctel al que se suman las constantes peticiones de la Comisión Europea para limitar la presencia de suministradores como Huawei o ZTE en las redes digitales 5G. Bruselas considera que estas compañías -por sus vínculos con el Estado chino- son un riesgo para las infraestructuras críticas y por ello han pedido a los Estados miembros que comiencen a sustituir estos equipamientos.

Déficit comercial

Declaraciones que van solo en una dirección: desacoplarse de la dependencia comercial de Europa con China. En 2023, el déficit comercial de bienes de la Unión Europea con Pekín se situó en 291.000 millones de euros, 106.000 millones menos que en 2022 (una reducción del 27%), sin embargo esta caída se atribuye a la bajada general del comercio mundial tras el acopio de bienes generado en todo el mundo tras el estallido de la guerra de Ucrania, en especial en sectores como los componentes y los combustibles.

Frente a este escenario geopolítico, España parece no asumir las advertencias que llegan desde Bruselas. En el plano estrictamente del comercio exterior, el déficit con China se redujo apenas un 12%, menos de la mitad de todo lo que disminuyó en el conjunto del bloque comunitario. Desde el punto de vista de la inversión extranjera se multiplicó por 10 aunque todavía en cifras muy pequeñas de 21 millones de euros en total.

En cualquier caso, lo que preocupa en Bruselas son los mensajes y decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en los dos últimos años. El primero es la constante ambigüedad en el veto a Huawei, con Europa pidiendo acciones y el Gobierno echando balones fuera sin posicionarse oficialmente y sin ejecutar acciones reales para cerrarle la puerta a las infraestructuras críticas.

Sánchez y China

La última declaración oficial fue del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, indicando que no se elaborará una lista de proveedores vetados en el 5G. A día de hoy, y casi dos años después de publicar la Ley de seguridad de 5G, los suministradores chinos siguen presentes en la gran mayoría de las redes móviles españolas, tanto en tecnología 4G como en la nueva 5G.

En marzo del año pasado Pedro Sánchez visitó Pekín con el objetivo de iniciar «una intensa agenda de encuentros con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países, tanto comerciales como culturales, y abordar la situación geoestratégica global», según dijo el propio presidente de Gobierno. Y en enero de este año, Sánchez recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, para profundizar los lazos comerciales y políticos.

Coches eléctricos

Esta semana se firmó -nuevamente con la presencia de Sánchez- un pacto entre la española Ebro y la china Chery para reindustrializar la antigua planta de Nissan en Barcelona. El plan contempla fabricar 150.000 vehículos en el 2029, emplear a 1.250 trabajadores e invertir 400 millones entre capital público y privado, además de colaborar en la distribución de estos coches en territorio europeo.

Será la primera fábrica para producir coches eléctricos chinos en suelo europeo, algo que contradice el plan de Europa para competir con propia producción contra los gigantes asiáticos. España incluso ha puesto sobre la mesa 4.300 millones de fondos europeos Next Generation para fabricar coches eléctricos y conectados en España, aunque las ayudas están llegando a cuentagotas al sector privado.